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Colau cede y los servicios sociales no tendrán que acudir a los desahucios a acompañar a la comitiva judicial

Los trabajadores llevan años pidiendo no estar presentes si no pueden ayudar a las familias

Protesta de los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona durante la huelga del 7 de junio.
Protesta de los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona durante la huelga del 7 de junio.Carles Ribas / EL PAÍS

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cedido a las peticiones de los trabajadores sociales, que llevan siete años solicitando no tener que acudir a los desahucios para acompañar a la comitiva judicial, tal y como prevé un protocolo firmado en 2013 por su antecesor en la alcaldía, Xavier Trias, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los colegios de abogados y procuradores y la Generalitat. Hace tres años el gobierno municipal les aseguró que dejarían de ir, pero quedó en una promesa.

La cesión, materializada en una circular que permite a los centros de servicios sociales comunicar a los jueces que no acudirán a la ejecución, llega cuando la ciudad vive una emergencia habitacional, una semana después de una huelga de los trabajadores sociales, y dos días después del suicidio de un hombre en Sants cuando iba a ser desahuciado.

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El clamor de los servicios sociales estalló el pasado lunes día 7 con una huelga de los trabajadores de toda la ciudad. Y la respuesta a su petición llegó el viernes 11 con una circular de la gerencia de Derechos Sociales para responder al requerimiento de que los servicios sociales acudan a acompañar a la comitiva judicial el día de los lanzamientos. La circular contempla que los centros de servicios sociales valoren “si su presencia es oportuna o es oportuno excusar su asistencia”, y en caso de considerar que no es oportuna, lo comuniquen al juez entre 10 días y 48 horas antes antes del desahucio. En cualquier caso, precisa la circular, si surge una situación imprevista, será el Centro de Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) quien “apoyará a las personas afectadas”.

Los trabajadores de los servicios sociales argumentan que su presencia en los desahucios asistiendo a las comitivas judiciales rompe el vínculo que tienen con las familias a las que atienden. Después de meses o semanas acompañándoles, buscando ayudas o alternativa habitacional, se encuentran con que en el momento de la ejecución, no pueden atenderles. De hecho, en los últimos meses se han producido pintadas y ataques contra cinco centros de servicios sociales, unos incidentes que tuvieron como punto álgido la ocupación del centro del Raval.

Los sindicatos entienden que esta circular es una solución provisional, y coinciden en pedir “valentía política” a Colau para que “rompa el acuerdo que firmó Trias”. “No se quiere asumir políticamente, la sociedad se queda tranquila si estamos los servicios sociales, aunque no podemos ofrecer ni vivienda ni una solución habitacional digna”, lamenta Israel Ureña, de CGT, que se muestra “muy escéptico” con la circular.

“No creemos que funcione porque no es vinculante, el procedimiento contempla ahora comunicar al juez que los servicios sociales no acudirán, pero el magistrado tiene la última palabra”, apunta Ureña. El consistorio defiende que la nueva fórmula se ha ensayado con éxito en los últimos meses en dos centros de servicios sociales del distrito de Sants. “Pero cuando los jueces reciban una avalancha de peticiones de toda la ciudad está por ver cuál será la respuesta”, indica.

Por parte de UGT, Miquel Rubio, entiende que “la circular es un parche”. “No es lo que llevamos pidiendo durante años, que es que el Ayuntamiento rompa el acuerdo que tiene con Justicia”. Sobre los efectos que puede tener, Rubio entiende que “puede tener efecto en algunos casos, pero en otros los jueces pueden pedir igual la presencia de servicios sociales”. La responsable de Acción Social de CC OO, Laura Urrea, también califica de “parche y provisional” la solución y lamenta que “si el juez decide que tiene que ir un profesional , tendrá que ser la SIPHO [la unidad anti desahucios] o el CUESB [de emergencias sociales], que son dos servicios externalizados”

Fuentes del TSJC aseguran que los tribunales tienen conocimiento de la situación y las peticiones de los servicios sociales de Barcelona, porque las escucharon de primera mano en una reunión hace unas semanas. Y que la respuesta que darán los jueces “no será genérica, sino que dependerá de cada caso”.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, asegura que los juzgados están “mayoritariamente de acuerdo” con la petición del Consistorio. “La circular enmarca la función de los servicios sociales, que es acompañar a la familia y no a la comitiva”, remarca y asegura que en la prueba piloto se ha evitado acompañar a la comitiva en el 90% de los casos.

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