Nueve directivos estafaron 30 millones al Puerto de Barcelona con las obras del dique Este

Las empresas que construyeron el dique Este del Puerto de Barcelona cobraron 30 millones de euros de más. La UTE formada por FCC, Rubau, Ferrovial y Copisa ha aceptado devolver esas cantidades en un proceso penal que ha acabado con la condena firme a dos años de prisión, por un delito de estafa, de nueve cargos directivos. La UTE cargó al puerto 11 millones de euros por cientos de miles de toneladas de piedra que jamás fueron utilizadas; y otros 19 millones por unas explanadas por las que no debía cobrar nada.

La Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), el ente que gestiona la actividad del puerto, adjudicó en 2001 la ampliación del dique Este por 165 millones de euros. La mitad de la financiación procedía del fondo de cohesión de la Unión Europea. La construcción de dos nuevos kilómetros de superficie fue a cargo de una unión temporal de empresas formada por FCC, Rubau, Ferrovial -cuyos directivos han sido condenados- y Copisa, que son algunas de las grandes adjudicatarias de la Generalitat. Esas firmas fueron también donantes de las fundaciones afines a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), entonces en el poder con el último de los gobiernos de Jordi Pujol. En el caso Palau, ya con sentencia firme, quedó probado que Ferrovial pagó comisiones ilegales a Convergència a través del Palau de la Música a cambio de adjudicaciones. En el caso 3%, a punto de llegar a juicio, Copisa figura también por el presunto pago de mordidas.

Los trabajos en el puerto se completaron en siete años, con un sobrecoste que es habitual en grandes infraestructuras. Pero una inspección de la Agencia Tributaria encendió las alarmas. Para ahorrarse pagos del IVA por un millón de euros, la UTE presentó facturas por la compra de 865.000 toneladas de piedra a la empresa Coterras que, supuestamente, tenían que servir para erigir el dique. Las facturas no correspondían con operaciones reales: “Esa piedra, simplemente, no existió nunca”, concluye la sentencia, que ha sido pactada por las defensas y por la fiscalía, de modo que ya es firme.

La Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), representada por el penalista Rafael Entrena, detectó y denunció el presunto fraude en 2010. La justicia ha tardado más de una década en resolver el asunto, más tiempo que el empleado para construir la infraestructura portuaria. Ese desfase temporal ha hecho más conveniente para todos llegar a un acuerdo. La fiscalía ha rebajado sus expectativas; inicialmente pedía nueve años de prisión, pero ha apreciado las atenuantes de confesión y reparación del daño porque la UTE ha llegado a un acuerdo con el puerto para devolver los 30 millones. Los acusados han acabado reconociendo y una pena de prisión de dos años por estafa y falsedad documental. No ingresarán en prisión con el compromiso de hacer trabajos en beneficio de la comunidad “sobre ética y moral” en la función pública.

Piedras y escombros

Los condenados tramaron un plan para fingir que transportaban y vertían piedra de escollera en el dique. Las matrículas de los camiones usados para el supuesto transporte de la piedra de Coterras eran falsas, lo mismo que los albaranes. Tres empresas de perfil “técnico” debían supervisar las obras para la Autoridad Portuaria, pero también formaban parte de la trama: curiosamente, de los 258 controles “aleatorios” ninguno fue sobre las inexistentes piedras de Coterras.

Las piedras suponen 11 millones de euros y el corazón de la estafa del dique Este. La sentencia de la Audiencia de Barcelona contempla, sin embargo, la devolución de otros 18 millones de euros por la construcción de dos plataformas —necesarias para ejecutar el dique— que la UTE cobró indebidamente al puerto. Las constructoras cobraron como si hubieran construido sobre escollera —la piedra propia de los diques, con una cierta resistencia, calidad y precio— cuando la realidad es que lo hicieron sobre escombros.

Los nueve condenados por la estafa en el dique Este han aceptado penas de dos años de prisión y el pago de una multa de 15.000 euros. Tres de ellos son cargos de FCC, Rubau y Ferrovial —jefes de departamento, de grupo, de obra— y eran plenamente conscientes de las trampas con la piedra. Otros tres están relacionados con las empresas que se prestaron a simular que suministraban la piedra. Dos más pertenecen a las consultoras técnicas, que incumplieron su deber de vigilancia. Al noveno, la sentencia le considera una “pieza fundamental” para que la Autoridad Portuaria de Barcelona diera validez legal a las certificaciones que le presentaba periódicamente la UTE: Xavier M., contratado por el ente, precisamente, como director de las obras.