La fiscalía acusa a nueve directivos por una estafa millonaria al puerto

La Fiscalía ha pedido siete años de cárcel para nueve directivos que estafaron 28 millones de euros al puerto de Barcelona en la construcción del dique este. Los directivos de cuatro constructoras (FCC, Rubau, Ferrovial y Copisa) y de otras empresas lograron que el puerto les abonara 11 millones de más por cientos de miles de toneladas de piedra que, en realidad, no compraron ni emplearon. También cobraron de forma ilegal otros 17 millones de euros al cobrar por una explanada que, según el contrato, debía correr a su cargo.

En 2001, la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) adjudicó a una UTE formada por cuatro grandes constructoras (FCC, Rubau, Ferrovial y Copisa) la ampliación del Dique Este del puerto por 165 millones de euros, cantidad que más tarde se amplió hasta los 197 millones. Las empresas presentaron a la APB facturas por la supuesta compra de 865.000 toneladas de piedra necesarias para construir el dique. Utilizaron albaranes falsos porque, según relata el fiscal, esa piedra “simplemente no existió nunca”. Gracias a la facturación ficticia, la UTE percibió de forma irregular 11 millones. Los directivos incluso falsificaron las matrículas de los camiones que, teóricamente, suministraban la piedra de la empresa Coterras.

La ampliación del dique implicaba, además, la construcción de dos plataformas para ejecutar las obras. Las instalaciones se ejecutaron, pero “sobre escombro y no sobre escollera”. Esa fórmula permitió a las empresas reducir costes. La UTE cobró por esos escombros al precio de piedra de cantera: 17,9 millones de euros. El pliego de condiciones firmado con la Autoridad Portuaria, además, indicaba que ese tipo de obras auxiliares debían correr por cuenta del contratista, recuerda el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La acusación se dirige contra nueve empresarios, incluido un director de obras contratado por el puerto. El acusado fue una pieza “fundamental” porque debía velar por la buena marcha de los trabajos. También están acusados los responsables de Coterras, los gerentes de la UTE, un representante de cada una de las constructoras y otros dos responsables de las empresas de control. Esas dos firmas avalaron, con sus informes, las certificaciones que la UTE pasaba al puerto.

El fiscal pide siete años de cárcel para cada uno de los nueve directivos por los delitos de estafa y falsedad documental. Uno de ellos afronta una petición superior (diez años) porque también está acusado de defraudar casi un millón de euros a Hacienda por impago del IVA. El escrito de acusación señala que los directivos “aparentaron, de modo consciente y deliberado” trabajos que no se hicieron.

La causa también se dirigía, al principio, contra el exsubdirector general de Infraestructuras del puerto, Rafael Escutia. La magistrada, sin embargo, le exculpó al final de la instrucción al concluir que no había suficientes indicios de delito contra él.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ejerce la acusación particular como afectada por la presunta estafa. En el escrito de acusación elaborado por el penalista Rafael Entrena, el puerto exige una indemnización de 47,1 millones. Igual que la fiscalía, el puerto también señala a las empresas como responsables civiles subsidiarias en caso de que los directivos no puedan hacer frente a la indemnización. El puerto conoció el caso gracias a la Agencia Tributaria, que detectó que algunas de las obras no se habían ejecutado.