Aragonès cede áreas sensibles del Govern a Junts para asegurar la presidencia

Esquerra ocupará por primera vez en democracia la presidencia de la Generalitat. Tras 90 días de una negociación interminable, la formación republicana y Junts anunciaron este lunes una coalición de Gobierno —pendiente del voto de las bases— que destierra la opción de nuevos comicios pero con muchos flecos por cerrar. Los partidos facilitaron pasadas las 9 de la noche el texto de un acuerdo que dibuja el coste que ha tenido que asumir Pere Aragonès: aceptar que, una vez se renueve, el Consell de la República sea el marco para consensuar la estrategia independentista ceder a Junts áreas sensibles como Acción Exterior o Salud.

”Hemos superado las dificultades y hemos sido capaces de entendernos para evitar una repetición electoral que nadie deseaba”, aseguró Aragonès, que compareció junto al secretario general de Junts, Jordi Sànchez para explicar el acuerdo que se anunció a primera hora de la mañana. Ambos pidieron perdón a los ciudadanos por los más de tres meses de negociaciones, insistieron en su compromiso de luchar por la independencia aunque “gobernando para todos” e intentaron transmitir imagen de unidad tras semanas de reproches cruzados.

Durante la presentación del acuerdo ambos dirigentes se limitaron a esbozar los dos grandes asuntos en liza: la estructura del nuevo Ejecutivo y el futuro de la estrategia independentista. El texto oficial, hecho público a las 21 horas, certificó que aún hay letra pequeña que abordar. El nuevo Govern contará con 14 consejerías —una más que en el organigrama actual— aunque dos son de nueva creación tras la fusión de competencias: Feminismos e Igualdad e Investigación y Universidades. El reparto es al 50% (más la presidencia, que recaerá en los republicanos) y será paritario.

En menos de ocho días, ERC pasó de pujar por un Ejecutivo en solitario, negar cualquier tacticismo negociador, a pactar la reedición de la coalición que gobierna Cataluña desde 2015. De ahí que el reparto de carteras chocara con muchas expectativas creadas en cada bando y con la gran duda de cómo se evitarán los enfrentamientos vividos en la actual legislatura. El texto del acuerdo crea cuatro equipos de coordinación.

Una vista general del organigrama muestra un simple cambio de cromos entre las consejerías de las dos formaciones pero encierra un cambio de paradigma. A diferencia de la anterior legislatura, Junts tendrá a su cargo dos de las tres carteras sociales (Salud y Derechos Sociales, que implican el 37% del presupuesto catalán) mientras que los republicanos reformulan el departamento de Presidencia, con más competencias a su cargo. Allí ERC acomodará la función pública y las relaciones institucionales, es decir, el liderazgo de la Comisión Bilateral con el Gobierno.

El diseño pactado el pasado fin de semana entre Aragonès y Sànchez evidencia la disputa por los fondos europeos de recuperación. ERC quería nombrar un comisionado específico (y bajo su tutela) pero ha tenido que conformarse con una comisión interdepartamental. La administración de esos recursos se ubica orgánicamente en la Vicepresidencia Económica, que ahora estará en manos de Junts. ERC, eso sí, se queda con las consejerías más íntimamente relacionadas con los proyectos que recibirán las ayudas pospandémicas: Empresa y Trabajo y Acción Climática (también con competencias en Agricultura).

LAS CARTERAS DE ERC

1. Presidencia
2. Feminismo e Igualdad
3. Educación
4. Empresa y Trabajo
5. Acción climática, Agricultura y Alimentación
6. Interior
7. Cultura

LAS CARTERAS DE JUNTS

1. Economía y Hacienda
2. Salud
3. Políticas digitales e Infraestructuras
4. Acción Exterior y Transparencia
5. Investigación y Universidades
6. Justicia
7. Derechos Sociales

Educación es la única carpeta social que los republicanos han retenido. Algunas voces, por ejemplo en las filas de los comunes, lamentan que el reparto deja a Junts con el dominio de casi toda la política social. De entrada, está la incógnita de cómo se encajarán los términos del preacuerdo ya existente con la CUP, que incluye puntos que chocan con la visión de Junts en temas como las energías renovables. Aragonès aseguró que lo pactado con los anticapitalistas se respetará “de arriba abajo”.

La valoración del reparto viene distorsionada por el punto de partida de la negociación. En el reparto actual, ERC tenía todas las carteras sociales y sus departamentos controlaban el 77% del dinero de los Presupuestos catalanes. Una de las ideas de Junts, tras el 14-F, era revertir esa concentración de poder que facilitó en 2017 y ahora ve como un error estratégico.

Los de Puigdemont seguramente sus nuevas consejerías para contraponer su perfil a la cuestionada gestión hecha en esas áreas sociales por los republicanos. Aunque aún no ha comenzado oficialmente el baile de nombres, ya se intuyen algunos conflictos internos, que incluso pueden tener consecuencias en los equilibrios entre familias políticas. Damià Calvet (que se enfrentó a Laura Borràs en las primarias para elegir candidato al 14-F y defensor de una vía más posibilista con ERC) compite con Jordi Puigneró (más cercano a Carles Puigdemont) para presidir el departamento de Políticas Digitales e Infraestructuras, resultante de fusionar las consejerías que respectivamente lideran.

La interlocución con el poder económico lo asumirá ERC, que logra hacerse con la cartera de Empresa y Trabajo. Se trata de un ámbito que siempre el espacio neoconvergente había considerado suyo. Por otra parte, Junts vuelve a Justicia (tendrá que tomar decisiones sobre las condiciones penitenciarias de los presos independentistas) e incursiona en Acción Exterior. Se trata de una cartera que está en el ojo del huracán después de que el Tribunal de Cuentas, hace tres semanas, reclamara otros 4,8 millones de euros a los líderes del procés por gastos relacionados con la promoción de la independencia a nivel internacional. Un juzgado de Barcelona también ha abierto una nueva causa penal contra 10 ex altos cargos del Govern por supuestamente dar contratos a dedo.

La mesa de diálogo

La otra carpeta caliente del acuerdo es la de la coordinación del independentismo. El desencuentro en ese punto ha sido el principal escollo para llegar antes a un acuerdo de legislatura pese a que las formaciones que defienden esa opción suman mayoría en la Cámara, Junts y ERC defienden vías distintas para conseguir el estado propio y el acuerdo presentado ayer deja muchos interrogantes abiertos.

Aragonès y Sànchez reafirmaron su compromiso de trabajar por la independencia pero al mismo tiempo abordar la mesa de diálogo con el Gobierno con la mejor de las disposiciones. Junts vende ese gesto como generosidad hacia los republicanos, que se ponen como meta “la amnistía y la autodeterminación”. Ese foro con el Gobierno central seguirá pero se crearán “unos mecanismos de seguimiento y evaluaciones constantes” para medir su avance, dijo Aragonès.

El fleco más complicado de cerrar y que tendrán que abordar en breve será en cómo se coordinará la estrategia independentista. Durante las negociaciones, Junts quería que esa responsabilidad recayera en el Consell per la República, la organización privada que desde Waterloo pilotan Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín. Pese a que ERC tiene un asiento allí, considera que se trata de un órgano de parte y veía la intención de tutelar la acción de Aragonès.

Sin embargo, según el texto del acuerdo, la idea a largo plazo es que el Consell si asuma un papel de “marco” general para acordar la estrategia independentista. A ese estadio se llegará una vez el ente se reformule, aunque aún se ignora cómo será ese proceso de reestructuración. Mientras tanto, los partidos prosecesión y las entidades (Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural), se “coordinarán” con el Consell[/TEX].