El Ayuntamiento de Barcelona revisará las multas a vecinos que alquilaron sus pisos por Airbnb

La Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (ACABA), que agrupa a vecinos que esporádicamente han alquilado sus pisos a través del portal pese a no disponer de licencia turística, ha alertado de una nueva oleada de 95 multas de 60.001 euros por parte del gobierno de la alcaldesa Ada Colau. La entidad ve “inasumibles” y “desproporcionadas” unas sanciones a vecinos que, aseguran, alquilaban para complementar sus ingresos. Algunos han sido embargados. El Ayuntamiento responde que estudiará “uno a uno los casos” y que “revisará” si hay errores o aspectos a corregir.

La asociación ACABA nació en 2017, dos años después de llegar los comunes al gobierno de Barcelona, en plena ofensiva del Ayuntamiento contra la oferta ilegal de pisos turísticos. El consistorio multó a Airbnb, por anunciar pisos sin licencia; y desplegó herramientas digitales e inspectores para detectar oferta ilegal. Los primeros casos de ACABA fueron de vecinos que alquilaron en 2016 y 2017, y fueron multados con 30.000 euros. En paralelo, ACABA denunció a Airbnb acusándole de no avisar de que anunciarse sin tener licencia era ilegal. La demanda, colectiva, no prosperó.

Los casos que afloran ahora son posteriores. De vecinos que anunciaron y alquilaron habitaciones de sus viviendas o los pisos enteros en 2018, 2019 y 2020, antes de la pandemia. La entidad y los asociados denuncian además irregularidades en las inspecciones, o errores administrativos, como sanciones que no han sido notificadas.

René Pérez, de 61 años, es uno de los casos. Vivía solo y “esporádicamente y en periodos vacacionales” alquiló una habitación de su piso, “durante tres años, para complementar los ingresos, porque el precio de la vivienda está imposible”. La multa que le llegó es de 60.001 por anunciar en Airbnb. Recurrió y pese a no tener respuesta, el Ayuntamiento llegó a bloquearle la cuenta, explica. Pérez entiende que su actuación fue “alegal” porque el alquiler de habitaciones no estaba regulado. “Multarnos a particulares con 60.001 euros es dar palos de ciego, es desproporcionado”.

Q. R. alquiló en 2017, 2018 y 2019 “esporádicamente” una habitación de su piso de Ciutat Vella. Fue multada con 60.001 euros tras una inspección en 2018. Pide que la orden de embargo no se ejecute hasta que haya sentencia sobre su caso, porque el texto que figura sobre la inspección es, dice, incorrecto: “Afirma que el piso estaba alquilado entero por 300 euros y no es cierto: tengo la factura de Airbnb”. Esta vecina asegura que alquilaba sin saber que era ilegal. Incluso declaraba los ingresos (35 euros por persona y noche) a Hacienda. “Yo voté a Ada Colau, y admiro la lucha contra los pisos turísticos ilegales de inversores y fondos, no me sentía aludida. Está muy bien luchar contra la gentrificación y la especulación, pero falta un matiz: las personas que lo hacemos para complementar ingresos y con nuestra casa”, lamenta. “Tampoco Airbnb advertía de la ilegalidad” añade: “Somos el campo de batalla entre dos titanes”, dice. ACABA también argumenta que Airbnb sigue haciendo publicidad animando a los vecinos a ser “anfitriones”.

ACABA se reunió con el Ayuntamiento y acordaron “crear un espacio de trabajo para estudiar uno a uno los casos y dar una respuesta individualizada, priorizando las situaciones sociales más delicada”, afirman fuentes municipales. “Si se detecta cualquier cuestión que sea necesario revisar o corregir, lo haremos”, añaden. Con todo recuerdan que el consistorio “abre procedimientos disciplinarios a viviendas de uso turístico cuando se comprueba uso irregular y no ajustado a la normativa”.

El abogado de ACABA, Dylan Tarín, explica que han presentado una nueva demanda contra Airbnb Marketing España que busca que el portal no permita publicar anuncios sin licencia e impedirle “hacer publicidad que pueda confundir” a vecinos sobre las consecuencias de alquilar sus pisos. Sobre las últimas multas, lamenta que el consistorio multe igual a particulares que empresas y critica que el consistorio “alteró la calificación de la infracción de la ley de turismo, al pasar de grave a muy grave”, de ahí los 60.001 euros.

Por parte de Airbnb, un portavoz responde que la empresa “siempre ha recordado a los anfitriones que consulten y cumplan con las normativas locales antes de publicar un espacio en la plataforma” y añade que la plataforma “ha trabajado con las autoridades en Barcelona para que las reglas sean claras, fáciles de cumplir y que funcionen para todos”.