La oposición se moviliza para fiscalizar al Govern

Los partidos de la oposición en Cataluña han empezado a impulsar iniciativas para que Pere Aragonès, presidente en funciones, se someta a control parlamentario. La última vez que Aragonès contestó a las preguntas de la oposición fue el 16 de diciembre, y en marzo compareció tras los incidentes registrados en las protestas en defensa del rapero Pablo Hasel. El PSC considera inconcebible que no haya dado explicaciones de su gestión desde hace 42 días. Meritxell Budó, portavoz del Govern, dijo ayer que aunque estén en funciones comparecerán sin problemas.

Alícia Romero, portavoz socialista, recordó que hoy se cumplen dos meses de las elecciones del 14-F y que hace más de 100 días que el Govern está en funciones. “¿Dónde está Aragonès? Estamos en medio de una pandemia y es intolerable. Necesitamos respuestas”, dijo recordando que ERC y Junts per Catalunya ya fueron incapaces en septiembre pasado de consensuar el nombre de un sustituto del president Quim Torra cuando fue inhabilitado por el Tribunal Supremo.

La cuestión es que el Govern está en esa situación de provisionalidad desde entonces y, al menos hasta que se convocaron las elecciones, Aragonès se sometió a sesiones de control por parte de la diputación permanente. Pero eso no ocurre ya desde que se celebraron las elecciones salvo la comparecencia que protagonizó junto al consejero de Interior, Miquel Sàmper, para dar cuenta de los graves incidentes en protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Los socialistas registraron ayer tres peticiones. Por un lado, reclama que comparezca Aragonès y dé cuenta de las propuestas de la Generalitat sobre los fondos europeos. Por otro, el PSC señala <NO1>se ha apoyado en que dispone de<NO>que dispone de una quinta parte de los diputados —33 sobre 135— para solicitar dos cosas a la Mesa, presidida por Laura Borràs: que convoque el Pleno e impulse la creación de cuatro comisiones no legislativas (la del Estatuto de los diputados; la del Síndic de Greuges; la de la Sindicatura de Comptes y la de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) y que convoque la junta de portavoces.

Ciudadanos fue el primer partido que ya en la segunda sesión de la investidura fallida anunció su intención de fiscalizar al Govern. Carlos Carrizosa, líder de la formación, avisó desde el atril a Aragonès que le exigiría democráticamente que celebrara sesiones de control en lo que quedara de interinidad de su Gobierno. Cs presentó una solicitud en ese sentido la semana pasada. “Es un Gobierno que maneja más de 30.000 millones. Es inadmisible que no den explicaciones sobre la gestión de la pandemia”, dijo el diputado Nacho Martín Blanco. Juan Garriga, portavoz de Vox, pidió en la última junta de portavoces, según un comunicado de ese partido, sesiones de control. En Comú Podem —al igual que el PP— es partidario también de esa fiscalización y trabaja en ese sentido.

Tras el Consell Executiu, la portavoz Budó avanzó ayer, después de conocer la petición del PSC, que pese a estar en funciones y a la espera de la investidura, “nunca” dejarán, dijo, de responder con criterios de transparencia a lo que les pidan los grupos. “Como Govern no rehuiremos estas peticiones y esa responsabilidad”, dijo mostrándose abierto a celebrar un Pleno sobre los fondos europeos. Fuentes próximas a Aragonès citadas por Efe confirmaron su disposición a comparecer.

Las negociaciones entre Junts y ERC, que ha facilitado a su socio una propuesta global para desencallar la legislatura, siguen sin avanzar. Esas conversaciones, que tienen como límite el 26 de mayo, van tan lentas como la dinámica del Parlament: un centenar de cargos vinculados a la Cámara están pendientes de ser renovados. Y entre ellos está la vacante de Jaume Alonso Cuevillas, que cubrirá la diputada Aurora Madaula.

Los diputados, mientras, continúan percibiendo sus salarios: una parte en sueldo base (2.921 euros) y otra en “indemnización” por gastos de desplazamiento que oscila en función del municipio en el que residen y que está exenta de tributar IRPF. El importe anual de esos gastos oscila entre los 16.000 y los 23.000 euros y lo dejaron de percibir en el <CF1001>interin</CF> entre las dos legislaturas. La Mesa ya acordó en julio de hace un año incorporar de forma “gradual y progresiva” parte de la indemnización a los salarios para que tributen. La CUP intentó sin éxito reducir los salarios un 14% y esta legislatura seguirá en la misma línea.