La ley catalana del alquiler peligra si el Gobierno no le da cobertura

La negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a regular el precio de los alquileres pone en peligro la ley catalana vigente desde el pasado septiembre. El Consejo de Garantías Estatutarias alertó antes de su aprobación que el Govern de la Generalitat no tiene competencias para regular el alquiler. Ya aprobada, el PP recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional (TC). Con el texto amenazado, sus impulsores, los comunes (socios del PSOE en el Gobierno) y el Sindicato de Inquilinos admiten que el mayor blindaje que podría tener la regulación catalana sería el paraguas de una ley de ámbito estatal.

La regulación del alquiler en España ha provocado una crisis entre los socios del ejecutivo: el PSOE y Unidas Podemos. Pero más allá de la lectura política, tiene también una derivada en clave catalana. Si la ley ya pendía de un hilo por el recurso del PP, la ausencia de un paraguas de ámbito español la debilita todavía más.

Preguntado por la cuestión, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, de quien depende Vivienda, respondió ayer que lo que haga el Gobierno “no afecta porque la ley catalana está plenamente vigente y no necesita ninguna norma estatal que le dé cobertura o apoyo”.

Comunes y entidades también señalan que la ley es vigente, pero sí creen que la regulación estatal sería un “blindaje”. De hecho, utilizan esta misma palabra la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín; y el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera.

El acuerdo de presupuestos entre el PSOE y Unidas Podemos del pasado octubre contemplaba “regular la contención de las rentas en una Ley de Vivienda”. Pero mientras Podemos defiende una regulación como la de Cataluña (donde las rentas no pueden superar el índice oficial de precios en los municipios con mayor tensión inmobiliaria); los socialistas, como esta semana ha manifestado el ministro José Luis Ábalos, son partidarios de influir en el mercado a través de incentivos fiscales a los propietarios.

La respuesta de la concejala a Ábalos el lunes fue contundente: “Basta de tomarle el pelo a la gente, José Luis Ábalos. El acuerdo de Gobierno es claro: contener rentas y bajar precios. Lo que hay que hacer es cumplirlo YA. Y eso pasa por blindar la regulación de alquileres catalana y facilitar que se puedan regular, según necesidad, en el resto del Estado”, escribió en Twitter.

“La ley catalana está vigente, pero hay el recurso del TC y las últimas sentencias en materia de vivienda no son alentadoras, existe el riesgo de que sea anulada. De ahí que hablemos de la importancia de un blindaje con una ley estatal que asegure la catalana y abra la puerta a que se pueda hacer en otros puntos de España”, argumenta Martín.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, manifestó ayer que está convencida de que Sánchez cumplirá el acuerdo de coalición. “No concibo que falte a su palabra”, dijo. “No podemos contemplar un incumplimiento y que no haya medidas para resolver un problema que afecta a tanta gente”, remachó Martín.

Con posiciones habitualmente contrarias, por una vez coincide con la concejala el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Oscar Gorgues: “Claro que peligra la ley catalana que regula el alquiler. Ya estaba en peligro desde el inicio, cuando el Consejo de Garantías Estatutarias alertó de que superaba el marco estatutario y el recurso al Constitucional es otra posible fuente de conflicto”.