El Govern insiste en el decreto de los alquileres pese al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias

Los varapalos de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias y de la Autoridad Catalana de la Competencia al decreto ley que busca contener los precios de los alquileres no frenarán la intención del Ejecutivo catalán de llevarlo al Parlament para su convalidación. La consejera portavoz Meritxell Budó ha asegurado que el departamento de Justicia, que presentó la modificación pocos días antes de las elecciones locales, está estudiando ambos textos y no descarta hacer alguna modificación de cara a intentar lograr el apoyo de otros grupos más allá de Esquerra y Junts per Catalunya.

Budó ha evitado entrar en el fondo del dictamen estatutario, que asevera que la Generalitat carece de competencias para legislar sobre el precio de la renta, ya que se trata de una competencia estatal. Y ha asegurado que la norma tenía el aval previo de la Comisión de Codificación de Catalunya, es decir, que cabe dentro de lo que determina el Código Civil Catalán.

"El artículo 129 del Estatut reconoce las competencias de la Generalitat en derecho civil", ha asegurado Budó. Tanto Justicia como el departamento de Territorio, ha dicho la portavoz, están trabajando en el análisis del dictamen, pero la voluntad del Gobierno catalán es llevarlo al Parlament para su validación en el próximo pleno, la semana que viene. El informe sobre esta norma fue solicitado por los grupos del PSC y de Ciudadanos en el Parlament, que desde el primer momento dudaron de que se ajustaran a la ley, como finalmente se ha confirmado. Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias no son vinculantes.

Budó también ha dicho que el Govern estudiará el dictamen de la Autoridad Catalana de la Competencia, que también cargó duramente contra el contenido del decreto y que considera que su puesta en marcha podría implicar justamente los efectos contrarios a los que busca resolver. En uno de los apartados, el regulador critica que Justicia no realizara un proceso de consulta previa con distintos actores antes de redactar el decreto ley. Algo que, por cierto, sí se ha aprobado en la reunión de este martes pero para el nuevo decreto de tenencia y cría en cautiverio de los pájaros fringílidos. La portavoz ha evitado explicar en qué no se ha hecho este proceso con el decreto del alquiler.

Desde el PSC, la diputada Rosa Maria Ibarra ha criticado la forma en que el ejecutivo ha tramitado el decreto: "Creemos que es profundamente irresponsable por parte del Govern haber formulado un decreto sin ningún tipo de interlocución con los grupos, ni las entidades del sector. A nuestro entender lo único que se pretendía era generar un titular una semana antes de las elecciones municipales".