El Gobierno catalán cumplió el déficit de 2018 a costa de aplazar pagos en el CatSalut

La Sindicatura de Cuentas ha detectado en su último informe sobre la situación financiera de la Generalitat “deficiencias reiteradas” en el CatSalut, el organismo a través del cual la Administración autonómica coordina su servicio sanitario. Una de las habituales es el desplazamiento de pagos de un ejercicio a otro para evitar un aumento desorbitado del déficit en un ejercicio determinado. Y precisamente eso ocurrió con mayor magnitud en 2018, cuando desde el CatSalut se produjo un incremento del gasto desplazado de 357,15 millones de euros. Ese incremento se produjo el mismo ejercicio que el Govern sacó pecho de su gestión financiera, al ser el primero en años que lograba cumplir el objetivo de déficit marcado por Hacienda, del 0,4%.

El pago de esas facturas previsiblemente hubiera impedido cumplir con ese umbral, ya que esos 357 millones equivalen a casi a un punto y medio del PIB de Cataluña. El informe de la Sindicatura pone de manifiesto que “la parte del gasto meritado durante el ejercicio 2018 no contabilizada en el presupuesto del ejercicio 2018 del CatSalut fue de 1.366,58 millones de euros. Por tanto, se incumplió el principio de meritación” recogido en la Ley de Finanzas de la Generalitat. El ejercicio anterior ese gasto meritado y no contabilizado durante el ejercicio fue de 1.009 millones.

El aplazamiento de gasto se ha convertido en el capítulo económico una habitual patada adelante que no supone, sin embargo, una contención del gasto durante el ejercicio. En 2018, por ejemplo, la prórroga presupuestaria permitía un gasto inicial de 8.568 millones de euros. Al final a esa cuantía se le sumaron casi 1.200 millones de euros, un 14% más. Aunque, como descubre la Sindicatura, se produjo una cuestión paradójica: el año se cerró con un superávit de 76,17 millones de euros al recibir más dinero del que se acabó gastando. La Sindicatura también desvela que el CatSalut debería haber realizado una provisión por deterioro de activos por un importe de 257 millones.

Diputación de Lleida

En otro informa sobre la Diputación de Lleida, la Sindicatura muestra cómo la corporación provincial contrató en 2017 gastos por 1,43 millones de forma directa, sin ningún procedimiento de licitación. Esas asignaciones cubrían desde servicios de asistencia sanitaria para el personal, los servicios y suministros informáticos y los suministros de gasóleo.

En 2017 presidía la institución Joan Reñé (PDeCAT), que dimitió en octubre de 2018 después de haber sido detenido y puesto en libertad junto con una veintena de personas, por presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento personal. Nueve de los doce contratos fiscalizados se tramitaron por el procedimiento de urgencia y, en siete de estos contratos, hubo retrasos de los plazos de ejecución de las obras de entre dos meses y un año, según la Sindicatura, que precisa que los motivos para utilizar la tramitación urgente no justificaban la declaración de urgencia.

La reiteración en el uso del procedimiento de urgencia indica falta de previsión y de planificación en la gestión de las obras que llevaba a cabo la Diputación, y supone restringir el principio de concurrencia.