El Delta del Ebro pide el amparo de la UE por el “abandono” de la Generalitat y el Gobierno

Las entidades y los alcaldes del Delta del Ebro ya no atienden a más promesas y pasan a la acción. Los siete ayuntamientos y las dos comunidades de regantes que integran la Mesa de Consenso por el Delta han decidido acudir a instancias europeas para denunciar la “descoordinación” entre la Generalitat y el Gobierno central para proteger un espacio que cuenta con el mayor sello europeo de protección medioambiental: la Red Natura 2000.

Ayer, tras un acto organizado para recordar que ha transcurrido un año de los estragos que causó el temporal Gloria, la organización anunció que pedirá amparo a la Comisión Europea ante la “inacción de las administraciones”. “Es de los últimos recursos que nos quedan, ya no sabemos qué más hacer”, manifiesta Xavier Curto, portavoz de la Mesa. “Estamos pendientes de la reunión con la Comisión para mostrar toda la información técnica recopilada”, abunda Rafa Sánchez, asesor técnico. “Hemos pasado de la esperanza a la indignación”, añade Lluís Soler, alcalde de Deltebre.

El descontento es generalizado a ambos lados de la desembocadura. Los ayuntamientos de Amposta, Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles Ràpita (Montsià) y Deltebre, L’Aldea, Camarles y L’Ampolla (Baix Ebre), junto con las dos comunidades de regantes, la denuncia. “Tanto el Estado como la Generalitat tienen firmados compromisos sobre la buena conservación de este espacio, y no es que le den buena o mala conservación, simplemente se ha abandonado y está desapareciendo”, sintetiza Curto.

El choque sobre cómo debe protegerse el Delta es constante entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat. Damià Calvet, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, repite insistentemente que la administración estatal actúa de manera “unilateral”. Mientras, el ministerio responde que la Generalitat no presenta proyecto concretos para la protección de la zona. El choque bloquea una acción para minimizar el desgaste la costa.

En 1998, varios de los espacios de más valor medioambiental lograron el reconocimiento de Red Natura 2000. “Tenemos identificado el retroceso en hábitats de interés comunitario prioritario”, apunta Sánchez. Desde 1998, han quedado sumergidas 70 hectáreas de humedales de la Illa de Buda. En la boca de la desembocadura, se ha encogido más del 60% de la superficie de la Illa de Sant Antoni. Otro ejemplo son las dunas de la playa de la Marquesa, que también han desaparecido bajo el avance del mar. “Es una zona de altísimo valor ecológico”, añade.

“La Directiva Hábitat es muy clara”, apuntan desde la Mesa, y se cita la norma europea que obliga a “adoptar todas las medidas necesarias” para lograr un estado de conservación. El procedimiento por infracción de la normativa comunitaria prevé que, si la Comisión observa indicios, se subroga en el papel acusador y eleva el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo. El Delta del Ebro confía en el peso de sus argumentos para lograr el amparo legal. “Además, la Unión Europea ha invertido dinero en el Delta de l’Ebre a través de distintos programas, como el LIFE o los fondos Feder”, razona Rafa Sánchez.