Sociedad Civil Catalana y ANC: antagónicos del ‘procés’ en horas bajas

Bajo el azote de la pandemia y el procés languideciendo, Societat Civil (SCC) y la Assamblea Nacional Catalana (ANC) intentan remontar. La plataforma constitucionalista ha sufrido problemas financieros que la han obligado a hacer un ERTE y a dejar su sede en el Eixample barcelonés. Su plan es levantar esa medida el 1 de diciembre y abrir otro local, más pequeño, en el 22@. La ANC busca digerir la dimisión de siete de sus 73 secretarios nacionales que la acusan de no aplicar su hoja de ruta de apoyar explícitamente en las elecciones del 14-F a los partidos que suscriban la unilateralidad para lograr la secesión.

Tras estar durante años en el foco, los dos colectivos buscan asentarse en el nuevo tablero político. La independencia, denostada por unos y deseada por otros, se ve a muy largo plazo. Fernando Sánchez Costa, presidente de SCC, admite que han pasado una situación económica “muy difícil” pero que paradójicamente no deben “ni un euro”. “No está en peligro”, recalca.

SCC pretende convertirse en el Òmnium del constitucionalismo

Nacida en 2014, SCC se nutrió al principio de grandes donaciones que fueron bajando a medida que la inminencia de una declaración de independencia desapareció y tras denuncias de mala gestión nunca confirmadas. Desde 2019, busca autofinanciarse con cuotas y no depender de terceros. La entidad cuenta con 22.000 simpatizantes y 389 socios —al principio eran 70— y sus finanzas se nutren ahora en un 60% de cuotas individuales cuando hace años era al revés: el 80% procedían de donaciones.

“Hace dos años que buscamos esa autosostenibilidad”, afirma el también exdiputado popular, que achaca la crisis a que el escenario ha cambiado. Sin riesgo de la independencia y con la falta de unidad de los partidos constitucionalistas, SCC persigue ahora la idea de convertirse en una especie de Òmnium constitucionalista y ser menos una réplica de la ANC: reenfocar la entidad desde una óptica cultural y apostar por una presencia audiovisual.

Quieren movilizar al electorado para evitar que el 14-F haya una mayoría independentista por la baja participación. Sánchez Costa no oculta un mensaje de reproche a los partidos por pactar de nuevo con “los nacionalistas” en Madrid. “Nos hemos batido el cobre y PP y PSOE reducen Cataluña a los nacionalismos”, afirma. En ese contexto se sitúa la decisión del vicepresidente tercero, Javier Marín, de romper el carné del PSC, al que acusa de estar acomplejado ante el independentismo. “Ha sido doloroso el pacto con Bildu o el tema de los indultos”, dice, junto al acuerdo para evitar que el castellano sea lengua vehicular.

La ANC vive problemas de otro cariz: sufre bajas, paradójicamente, de afiliados desengañados por el procés pero no teme que sus simpatizantes esquiven las urnas. Su problema principal es que es la única entidad que incluye en su ponencia política la vía unilateral. Siete de sus 73 secretarios nacionales han dimitido al aprobarse una resolución que, creen, diluye esa estrategia. La entidad aprobó en marzo una hoja de ruta, que afirma que solo dará apoyo a los partidos que asuman “explícitamente” la unilateralidad e instaba al Govern a preparar los instrumentos necesarios para, “cuando fuera el momento”, rehabilitar la declaración fallida de independencia si se superaba el 50% de los votos (que no de los escaños).

El camino a seguir si se consigue más del 50% de los votos divide a la ANC

El nuevo texto, aprobado por mayoría y que será sometido a la votación de los socios, suaviza la idea: la unilateralidad figura en la introducción pero no se menciona la vía del 50% y apuesta por fijar tres fases: durante la precampaña y campaña; hasta la constitución del Parlament y una vez constituido el Govern. En la primera fase, se alude a que harán un decálogo y chequearán los programas de las tres fuerzas políticas independentistas para que luego los electores decidan. El grupo de dimitidos considera, en un comunicado, que con esa estrategia la dirección se aparta del mandato del 1 de octubre y se acerca al “procesismo”.

Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, respondió en la red que la entidad es “diversa, democrática y realiza debates intensos” y que sigue defendiendo “claramente” la unilateralidad. Tras los reproches, la dirigente subrayó que así la ANC tomará más distancia de los partidos y hará una labor clara de “denuncia y fiscalización constante”. “Preservamos la independencia de los partidos. Es un mandato de la hoja de ruta cuando dice que 'hay que evitar ser marginada o capturada por las plataformas electorales”, afirma.

Pese a que en sus estatutos apela a que se mantendrá “totalmente independiente” de cualquier partido, todas las convocatorias zarandean cíclicamente a la entidad al confluir socios que quieren defender a determinadas candidaturas; otros que son independientes y otros que abominan de todos. La hoja de ruta estaba trazada pero se optó por reabrir el debate a propuesta también de asambleas territoriales.

El problema de fondo es que no hay ningún partido que abrace la unilateralidad. Con los líderes independentistas en prisión y 2.800 personas en causas judiciales, la unilateralidad ha desaparecido del tablero. Junts se plantea recurrir a la UE si se supera el 50% de los votos independentistas para forzar un referéndum. ERC incluyó en su hoja de ruta la apelación a esa vía bajo la fórmula de “no descartar” y la CUP plantea otro 1-O para el 2022. Miembros de la ANC admiten que la situación es complicada porque no atisban que los partidos, enfrascados en rehacerse, diseñen ningún plan B.