Colau avanza en la batalla contra el coche pese a las reticencias del PSC

Barcelona anuncia 53 nuevas pacificaciones en entornos escolares y ultima el primero de los ejes verdes en el Eixample

Entrada en el entorno pacificado de la escuela Grèvol de Barcelona.
Entrada en el entorno pacificado de la escuela Grèvol de Barcelona.Massimiliano Minocri

Reducir los coches en la ciudad para hacerla más amable y rebajar la contaminación. Es una de las cuestiones que tensiona, en el gobierno de Barcelona, a la alcaldesa Ada Colau y sus socios, el PSC. Con todo, los comunes avanzan en la batalla contra el coche: han anunciado 53 nuevas pacificaciones de entornos escolares, el carril bici de la calle de Aragó está en fase de adjudicación, estudian un peaje de congestión y ultiman la presentación de las obras para hacer estructural la pacificación de Consell de Cent, el primero de los ejes verdes en los que quieren convertir una de cada tres calles del Eixample.

Y si Colau no hace más en esta batalla es porque la pandemia ha impactado en las inversiones previstas. El Ayuntamiento tiene previsto presentar en breve la consolidación de la pacificación de la calle de Consell de Cent, pasando del llamado “urbanismo táctico” —con mobiliario y señalización provisional— al cemento. La primera actuación se realizó durante la pandemia, con pintura y vallas, y supuso dejar solo un carril para los coches (otro es para bicis y otros dos para peatones). La nueva intervención supondrá crear, además, plazas en las intersecciones con vías verticales también pacificadas, como Rocafort, Borrell o Girona.

Con esta actuación, en línea con la que se hizo en la calle de Borrell en el entorno del mercado de Sant Antoni, se reduce drásticamente el tráfico, tanto en la calle donde se interviene (el límite de velocidad es de 10 kilómetros por hora) como en las vías que cruzan, porque al crear plazas se impide el tráfico de paso y se restringe a los vecinos y servicios.

Entre el paquete de actuaciones para ganar espacio al coche también figura el carril bici de la calle de Aragó, unas obras que, si todo va según el calendario previsto, arrancarán en noviembre. También se anunció hace dos semanas la intención de pacificar el entorno de 53 nuevas escuelas durante el año 2021 para rebajar la contaminación y el ruido que soportan los alumnos, además de hacerlos más seguros.

“Ganar espacio para la gente y más verde no tiene vuelta atrás”, no se cansa de repetir la alcaldesa, que añade que lo que está haciendo Barcelona “no es una ocurrencia” y que lo hacen otras ciudades europeas, “porque los niveles de contaminación y ruido son insostenibles”. La teniente de alcaldía de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz, se expresa en los mismos términos. De Sanz depende la macroárea de Modelo Urbano, de donde, aseguran varias fuentes, salen todas las decisiones.

Dentro del área, a nadie se le escapan las fricciones con el PSC, en cuyas manos está la cartera de Movilidad. La edil Rosa Alarcón discrepa, por ejemplo, sobre la conveniencia de estudiar el peaje para reducir los coches que entran en la ciudad. Los socialistas aseguran que comparten el objetivo de luchar contra la contaminación, pero rechazan los ritmos con los que se han ejecutado algunas actuaciones: creen que los cambios se hacen de forma brusca y sin suficiente consenso. Fuentes próximas al Ejecutivo atribuyen el sentir a que “los socialistas no están cómodos cuando los grupos de presión aprietan, se ponen muy nerviosos”.

Entre las pocas concesiones que han hecho los comunes figura la suspensión del corte los fines de semana de la Via Laietana. Pero se han retomado los cortes del eje Sants-Creu Coberta o Gran de Gràcia y la necesidad de desviar una decena de líneas de bus trae de cabeza a los técnicos de movilidad.

En el caso del peaje, Alarcón se abstuvo en la última comisión en la propuesta de estudiarlo. “Es el momento de dar certezas, abrir ahora el debate es comenzar la casa por el tejado”, alegó. Los comunes votaron a favor. Alarcón suele recordar que el peaje no figura en el pacto de Gobierno y sus socios en el gobierno municipal suelen responder que figura en otros documentos, como la Declaración de Emergencia Climática. Y remachan que incluso la asociación empresarial Barcelona Global apoya el peaje.

Los socialistas, por otra parte, defienden otras actuaciones contra la contaminación más allá de centrarse en eliminar coches: desde ordenar la política de distribución de mercancías, hasta mejorar las aceras en los barrios que no son los más céntricos, la velocidad comercial de los autobuses o reclamar infraestructuras como Cercanías o la L9.

En el caso de las pacificaciones de entornos escolares (en algunos casos han eliminado dos de tres carriles de circulación), aparentemente nadie en la estructura política las discute. Se entiende que los niños van por delante de cualquier otra cuestión, aunque son unas actuaciones que sí tensionan y mucho a los técnicos de movilidad: se desesperan cuando estas intervenciones ralentizan la velocidad comercial de los buses.

El urbanismo táctico es otra cuestión que ha tensionado el Ejecutivo, aunque los socialistas admiten que las actuaciones para ganar espacio después del estado de alarma debían ejecutarse a toda prisa. En el PSC tienen, eso sí, más reparos con la cuestión estética de las pinturas y las vallas de cemento pintadas de amarillo. Colau y Sanz responden que echaron mano de lo que había en los almacenes municipales, y que las vallas se utilizaron para bajar terrazas al asfalto y salvar empleo en la restauración.

Vehículos con etiqueta amarilla

El Plan de Movilidad que aprobó la semana pasada el pleno del Área Metropolitana de Barcelona incluye una idea que todavía no había aparecido en ningún papel público: sugiere prohibir la circulación en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de los vehículos que tienen etiqueta amarilla de DGT (sobre todo, los diésel antiguos).

La ZBE está diseñada para vetar la circulación a los vehículos más contaminantes, los que no tienen etiqueta. Por ahora afecta a los coches y motos sin este distintivo, y en un par de años incluirá también a furgonetas, camiones y autocares.

El primer asalto de la ZBE, pues, impacta sobre pocos vehículos: apenas queda un 3%, básicamente comerciales y de transporte que no tienen etiqueta. Pero basta salir a la calle para ver que los que circulan con etiqueta amarilla son muchos más.

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