Un Govern en pie de guerra con los juristas

Las críticas abiertas del president Quim Torra para que sea destituido el secretario general del Parlament, Xavier Muro, cuyo cese exigió por negarse a publicar una parte de las resoluciones contra la Monarquía que había aprobado la Cámara el pasado día 7, es el último episodio de un desencuentro que se arrastra desde 2016: el choque entre un Gobierno catalán situado al límite de la legalidad —traspasándolo en la última fase del procés— y unos juristas que se niegan a cruzar esa línea y a que les arrastre la estrategia política del independentismo más radical. El enfrentamiento se ha llevado por delante en este tiempo al anterior secretario general del Parlament, Pere Sol, y al letrado mayor, Antoni Bayona, que renunciaron al cargo ante la presión que sufrieron.

El secretario general “es el jefe superior de todo el personal y de todos los servicios del Parlamento y cumple las funciones técnicas de apoyo y asesoramiento de los órganos rectores, asistido por los letrados”, según estipula el artículo 249 del reglamento de la Cámara autonómica. La lectura de ese precepto y la necesaria separación de poderes bastaría para rebatir la petición de Torra, que el día 10 escribió en Twitter que el secretario general “tiene el deber de obedecer al Pleno” y que debía publicar íntegramente las resoluciones, aunque dudara de su constitucionalidad.

El president olvidó que el secretario general actúa, según el reglamento, “bajo la dirección del presidente y de la Mesa del Parlament”. Y, sobre todo, Torra obvió que el Tribunal Constitucional ha dictado desde 2015 tres sentencias y cinco autos advirtiendo al secretario general de los límites competenciales de la Cámara en el debate político. Por eso, el Boletín Oficial del Parlament del pasado 10 de agosto que publicó —parcialmente— las resoluciones contra la Monarquía finalizaba con una postdata de Muro que recordaba su “deber” de “impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento” de la doctrina constitucional.

Muro está en la diana política de Torra y de Junts per Catalunya desde el inicio de la legislatura. El presidente de la Generalitat no ha olvidado todavía que el secretario general ordenó cumplir una orden de la Junta Electoral Central que en enero le destituyó de su condición de diputado. O que meses atrás se negó a que algunos de los diputados de Junts en prisión preventiva votasen en las sesiones del Parlament, en cumplimiento de lo acordado por el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Y, sobre todo, la lista de Carles Puigdemont no perdona que Muro no avalara en enero de 2018 la investidura telemática desde Bruselas del expresident fugado.

Las decisiones trascendentales del secretario general casi siempre han tenido el respaldo del presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), que es quien lo propone a la Mesa, que lo nombra. Junts per Catalunya ha interpretado en estos dos años y medio de legislatura que existe una suerte de pinza entre Torrent y Muro. De ahí los llamamientos a rebasar los márgenes del Tribunal Constitucional.

ERC ya vivió las consecuencias de esos excesos con la anterior presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, condenada a 11 años y medio de cárcel por el Supremo en el juicio al procés. Nada hace pensar que vaya a ceder ante Junts per Catalunya, que ha pedido la cabeza de Muro, algo que se debatirá en una reunión de la Mesa mañana martes.

En las aciagas sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las llamadas leyes de desconexión saltándose el procedimiento parlamentario, Muro advirtió a Forcadell de la ilegalidad de lo que estaba ocurriendo, pero no se le hizo caso. El secretario general se negó a publicar esas leyes por ser claramente inconstitucionales, aunque eso no impidió que aparecieran en el Boletín Oficial del Parlament sin la firma de Muro. Varios integrantes de aquella Mesa están pendientes de sentencia, acusados de desobediencia.

Junts pide ahora que la Mesa desautorice a Muro y se le ordene que se publiquen íntegramente las resoluciones aprobadas. Si se negara, se reclama su destitución, “considerando que la reiteración de este tipo de actuaciones por parte del secretario general es una alteración de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a su nombramiento”.

Todo apunta a que no prosperará la petición y no se publicarán los fragmentos de las resoluciones suprimidos, como el que denuncia la existencia de una “Monarquía delincuente” o el que define el referéndum ilegal del 1 de octubre como “la voluntad expresada por el pueblo de Cataluña”. Tampoco se publicaron frases que aseveran que “el único camino para superar este régimen monárquico” es constituir una república catalana, o la que acusa al Rey de haber “participado en la represión del pueblo catalán”, pese a que Esquerra Republicana votó a favor.

Muro fue nombrado secretario general en noviembre de 2016, en sustitución de Pere Sol, que argumentó motivos personales en su renuncia; en aquel momento, el Tribunal Constitucional estaba investigando a Sol después de que este avalara las conclusiones de una comisión parlamentaria que apostaba por la unilateralidad.

Del mismo modo, en junio de 2018, dimitió el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, cuando hizo público un comunicado en el que denunciaba la presión de los partidos independentistas para seguir ejerciendo su labor. En la carta hablaba de que en la anterior legislatura y al inicio de la presente se produjeron “unos escenarios políticos especialmente difíciles para los operadores jurídicos”. Dos años después, parece que casi nada ha cambiado.