Junts y ERC chocan por la no publicación de las resoluciones contra la Monarquía

La resaca del pleno del Parlament sobre la Corona no ha sido fácil para Junts per Catalunya y ERC, socios del Govern. En la sesión del viernes se votó una moción en la que se dice que Cataluña no tiene Rey, se reprueba a Felipe VI y se asegura que la Casa Real se enriquece ilícitamente. Salió adelante por los votos independentistas, pero los letrados de la Cámara anunciaron que parte de esos textos aprobados no se publicarán en el Boletín Oficial por anticonstitucionales. El president Quim Torra cargó ayer contra los funcionarios del Parlament y el vicepresidente Pere Aragonès minimizó el incidente.

“El pleno del Parlament es soberano. Ningún funcionario puede decidir si se publica o no una resolución votada por el pleno”, aseguró vía Twitter Torra tras producirse la votación el viernes. Al final del pleno, cuando se conoció la decisión de que no se publicarían en el Boletín Oficial, el líder de Junts, Albert Batet, cargó contra los letrados e instó a la Mesa a “abrir el expediente oportuno”. El jefe de filas de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, le acusó de amedrentar a los trabajadores de la Cámara.

Los partidos constitucionalistas habían pedido antes a la Mesa la reconsideración del trámite de varios puntos de las propuestas de ERC, la CUP, Junts y una conjunta de las tres fuerzas, al considerar que violaban la Constitución y se saltaban la advertencia del Tribunal Constitucional sobre la obligación de impedir volver a votar iniciativas antes rechazadas por los magistrados.

Esquerra optó ayer por quitar hierro a la decisión administrativa (si no se publican no están en vigor y por tanto no se puede actuar jurídicamente contra ellas) y recordó que el Parlament es la única institución que se ha posicionado sobre la decisión del Rey emérito de dejar España en medio de acusaciones de corrupción. Para el coordinador nacional de ERC, el hecho de que los textos no aparezcan en el boletín “no quita valor al posicionamiento político del Parlament”.

Aragonès, que celebró ayer un encuentro sectorial en Mataró (Barcelona), cree que “lo relevante es lo que se vota y se discute” y recordó que es un “posicionamiento político”. El vicepresident defendió además que por muchas prohibiciones que haga el Constitucional —que ya en el pasado evitó que se pudiera crear una comisión de investigación sobre la Monarquía— “no cambiará la posición republicana” de la mayoría de la cámara catalana.

El propio Torrent, la Mesa y los letrados están en la mira del tribunal, que vigila que no se cometa un delito de desobediencia aunque no se ha pronunciado sobre la votación del viernes. La Fiscalía no ha presentado una querella contra los letrados, pero sí abrió diligencias porque en noviembre de 2018 se permitió votar una moción de la CUP sobre la autodeterminación. El texto, como sucederá con los del viernes sobre la Corona, no se publicó en el Boletín Oficial del Parlament.

La decisión final sobre esa publicación recae sobre el secretario general de la Cámara, Xavier Muró, que según fuentes del Parlament debatió con los letrados los riesgos a los que se exponían. Torrent guardó ayer silencio, pero sí habló el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (Junts), quien dijo en Twitter que, como pasó con la ley que daba amparo a la votación del referéndum ilegal del 1-O, “tendremos que ser los miembros de la Mesa los que hemos de asumir la responsabilidad de publicarlas”.