El Govern denuncia que pedir el ingreso mínimo vital en Cataluña es una “prisión burocrática”

La implementación del ingreso mínimo vital (IMV) puede convirtirse, según ha denunciado este lunes el Govern, en una “prisión burocrática”. El secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, ha reclamado colaboración al Gobierno para compatibilizar la nueva prestación con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que existe en Cataluña desde septiembre de 2017. La falta de un convenio, ha avisado, conlleva riesgo de colapso y de perjudicar a las personas beneficiarias.

El ingreso mínimo vital fue recibido por el Govern como una buena noticia. El nuevo derecho social, una promesa electoral del Gobierno de coalición que se avanzó para hacer frente a las necesidades surgidas de la crisis del coronavirus, ampliará la cobertura a las personas que lo necesitan. Una de las características de esta prestación es que es compatible con las prestaciones autonómicas. En el caso de que la autonómica tenga una cuantía máxima superior a la del IMV, la combinación de ambas ayudas no podrá superar esta cifra máxima. Así ocurre en cuatro comunidades: País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Mientras que en los dos primeros casos la competencia en la gestión de la nueva prestación se ha traspasado a los gobiernos autonómicos, en Valencia y Cataluña este traspaso no se ha realizado, y el posible beneficiario debe dirigirse a tres ventanillas distintas para obtener su prestación. En el caso de Cataluña se podrán solicitar y percibir al mismo tiempo el IMV y la RGC, una ayuda aprobada en septiembre de 2017 por el Govern. El ingreso máximo a cobrar si se combinan estas dos prestaciones será el de la RGC, que tiene unas cuantías más altas. Es decir, si una persona ha solicitado las dos ayudas y han sido aprobadas, el Estado abonará la cantidad correspondiente al IMV (la cuantía mínima es de 462 euros), y la Generalitat lo complementará hasta llegar al tope máximo que fija la RGC en cada caso. Este tope se calcula según el Indicador de Renta de Suficiencia, y fija desde 644 euros por una unidad familiar de una sola persona, hasta 1.181 para una unidad familiar con cinco o más personas a cargo.

La Generalitat asegura que mientras no exista un traspaso de competencias o al menos una coordinación en la transmisión de información, se generarán problemas que repercutirán en los ciudadanos. Su reclamación la secundan todas las entidades presentes en la comisión de gobierno de la RGC, formada por sindicatos, patronales, entidades municipales y entidades sociales. El IMV se empezó a desplegar el 15 de junio, pero no será hasta medidados de septiembre cuando empiecen a resolverse las primeras solicitudes. “El IMV es una gran noticia, pero corre el riesgo de ser una cárcel burocrática si no se acompasa con el ecosistema de protección social de Cataluña”, ha afirmado el secretario. El Ministerio de Inclusión, que dirige el vicepresidente Pablo Iglesias, todavía no ha contestado la propuesta de la Generalitat de mantener protocolos de comunicación para compartir datos.

El primer problema surgirá cuando el beneficiario cobre las dos prestaciones. Al no haber un protocolo ni una coordinación entre administraciones, el usuario cobrará la cuantía máxima del IMV y la cuantía máxima de la RGC, una situación que más tarde la Generalitat deberá corregir reclamando el cobro indebido al beneficiario. El departamento de Trabajo asegura que todavía no ha tenido que reclamar ninguna cuantía, ya que no se han resuelto solicitudes de IMV. Por ahora solo se han transformado las prestaciones por hijos a cargo a IMV, y de las 6.000 que hay en Cataluña, 1.500 unidades familiares beneficiarias de esta ayuda también lo son de la renta garantizada. Otro de los inconvenientes de los que advierte la Generalitat es el riesgo de perder la solicitud de la RGC si no se solicita el IMV. “No puede ser que cuando reconocemos derechos, la administración ponga problemas para hacerlos efectivos”, ha lamentado Ginesta.