Las irregularidades en el Circuit de Catalunya llegan al Parlament

El interventor general de la Generalitat, David Canadà, acudirá al Parlament a explicar el informe de auditoría sobre la gestión del circuito de Montmeló en el que se hallaron múltiples irregularidades de gestión. Así lo aprobó la comisión de Empresa de la Cámara catalana tras una propuesta del grupo de Ciudadanos que aprobaron por unanimidad el resto de formaciones políticas, según consta en el Boletín del Parlament. El informe definitivo revelado en enero por este diario afloró, entre otras deficiencias, el pago en 2017 de 722.904 euros en retribuciones no incluidas en el convenio colectivo. Poco después de conocerse el contenido del documento el presidente de Circuits de Catalunya —la sociedad gestora—, Vicenç Aguilera, abandonó el cargo, decisión que argumentó por motivos personales.

El informe realizado internamente por la Administración catalana forma parte de un plan de auditorías aprobado por el Govern para empresas y entes públicos que, por su tamaño, pueden suponer problemas para las finanzas de la Generalitat. Es el caso de la empresa que explota el Circuit de Catalunya, controlada en un 78,3% por la Generalitat, con un déficit permanente de explotación y la necesidad de inyección de recursos anuales para no entrar en una situación de quiebra. El RACC y el Ayuntamiento de Montmeló son los otros dos accionistas de la sociedad.

Además de las retribuciones irregulares, la dirección de Circuits de Catalunya habría hecho un uso irregular de trabajadores temporales, de horas extras, del pago de la nómina de un empleado del RACC y habría mostrado un gran descontrol de entradas gratuitas para acceder a los grandes premios de Fórmula 1 y de Motociclismo. Esas dos actividades son justamente las que provocan el agujero económico que sufre la sociedad.

La Generalitat forzó este mes de junio la celebración de una junta extraordinaria de accionistas en la que tenía previsto contratar a un director financiero para reforzar el control de la sociedad, al frente de la cual está Josep Fontseré. Esa decisión, que figuraba en el orden del día del anuncio oficial, decayó a la espera de que se pueda encontrar otra alternativa.

Lo que sí ha hecho la Generalitat es asumir un mayor control de las negociaciones que Circuits de Catalunya está llevando a cabo con Liberty para renovar el contrato de celebración de grandes premios de Fórmula 1 en Montmeló, cuyo canon anual asciende a 21 millones de euros. Además de pedir estar presente en las conversaciones que mantenga directamente la sociedad se ha contratado al despacho Cases & Lacambra para tareas de asesoramiento jurídico en un concurso público en el que también participaron Baker & Mckenzie y una unión temporal de empresas liderada por Roca Asociados, el grupo presidido por el exdirigente convergente Miquel Roca.

Fuentes vinculadas a la sociedad explicaron que las cuentas de 2019 no han sido todavía formuladas. El año pasado la sociedad habría perdido unos 9,3 millones de euros, frente a unos ingresos de 36 millones.