La Generalitat refuerza el control del circuito de Montmeló tras aflorar anomalías

La Generalitat ha decidido pisar el acelerador en el control de Circuits de Catalunya, la sociedad que explota el circuito de Montmeló. El Govern ha forzado la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 5 de junio en cuya convocatoria consta el nombramiento de un nuevo presidente y el fichaje de un nuevo director adjunto que se encargue del control económico y financiero de la empresa. El paso llega después de que una auditoría encargada por la Intervención General de la Generalitat revelara a finales del año pasado numerosas irregularidades en la gestión que acabaron provocando 723.000 euros en pérdidas a la sociedad durante 2017, el ejercicio fiscalizado.

La presidencia de la compañía está ocupada de forma interina por Josep Mateu, presidente del RACC, uno de los accionistas de Circuits. Asumió el cargo después de que Vicenç Aguilera abandonara el cargo de forma repentina alegando motivos personales el pasado febrero. El nuevo director adjunto se convertiría en la sombra del actual director general, Josep Fontseré, responsable directo de la gestión. No han trascendido los nombres de los aspirantes a ocupar los dos puestos, pero el Govern piensa en nombres de profesionales, ajenos a la Administración.

El orden del día incluye otros puntos que dan idea de los cambios de aires que se intentan promover desde la Administración catalana. Uno es la intención de no prorrogar el pacto de accionistas que se estableció en 2013. Por una parte porque la composición accionarial ha cambiado en los últimos años y la Administración autonómica ha ganado peso ante los otros dos accionistas, el RACC y el Ayuntamiento de Montmeló, a razón de sucesivas inyecciones de recursos públicos: entre las acciones propias a nombre de la Generalitat y las que controla la empresa pública Avançsa (dependiente del Departamento de Empresa) el porcentaje alcanza el 78,3% del capital. Pero también porque el Govern, explican fuentes conocedoras de esos planes, quiere que los otros dos accionistas participen de las pérdidas anuales en las que cada año cae la sociedad o, en su lugar, vayan perdiendo peso en el accionariado.

El tercer punto polémico de la junta de accionistas es la intención de acabar con el convenio que el circuito mantiene con el Ayuntamiento de Montmeló y que se refiere al servicio que presta la policía municipal.

Los rifirrafes entre la actual dirección del circuito y la Generalitat se han intensificado en los dos últimos años. Además del informe de fiscalización, que forma parte de una serie de análisis que han afectado a otros entes autonómicos, la Generalitat reclamó estar presente de forma directa en las negociaciones que Circuits de Catalunya mantenía con Liberty Media para prorrogar el contrato que permitía celebrar premios de Fórmula 1 en Montmeló. El último contrato firmado, de 2015, se hizo sin que Aguilera tuviera los poderes por hacerlo, por lo que la Generalitat prevé proponer el próximo 5 de junio un nuevo régimen de poderes en la sociedad.

La Fórmula 1 es el gran agujero negro en las cuentas del circuito, aunque se ha defendido el gasto de 21 millones que cuesta cada año el canon por el impacto de ingresos turísticos que genera la celebración del Gran Premio de España. El ejercicio pasado, con cifras provisionales antes del cierre definitivo, se perdieron 9,3 millones de euros pese a que los ingresos totales crecieron un 7% y alcanzaron los 36 millones de euros. Ese resultado negativo supone que cada año la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tienen que aportar recursos para financiar el canon de la Fórmula 1.