El Parlament crea la Agencia de la Naturaleza con un amplio consenso
El nuevo organismo nace para proteger la biodiversidad en Cataluña y promover políticas conservacionistas
El Parlament ha aprobado este miércoles la creación de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña, un organismo que nace con un amplio consenso para proteger, planificar, promover y conservar el patrimonio natural, los ecosistemas y la biodiversidad terrestre y marina de todo tipo. La Agencia sustituirá a lo que hasta ahora era la dirección general de Políticas Ambientales y Medio Natural y estará adscrita al departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige el consejero Damià Calvet.
La Agencia tendrá personalidad jurídica propia y trabajará con un contrato programa aprobado cada seis años que contará con la participación de las administraciones públicas, así como entidades locales y privadas sin ánimo de lucro.
La proposición de ley que ha derivado en la creación de la Agencia de la Naturaleza fue impulsada de manera conjunta por Junts per Catalunya, Esquerra, PSC y Comunes. La CUP también ha dado su apoyo, y solo Ciudadanos y PP se han opuesto. El debate parlamentario de esta mañana ha dibujado un escenario de amplio consenso, muy poco habitual en el Parlament, en el que el PSC y los Comunes han retirado finalmente sus enmiendas.
Varios diputados han destacado que la ley aprobada este miércoles se arrastra desde hace años y era uno de esos proyectos que nunca había llegado al Pleno para la votación final porque decaía al finalizar la legislatura con la convocatoria anticipada de elecciones. El consejero Calvet ha reclamado la palabra al final dl debate para expresar su emoción por la aprobación de la ley, ha asegurado que era “un día muy importante” para Cataluña y que la Agencia era la herramienta para “seguir avanzando en conservación medio natural, la biodiversidad y desarrollo sostenible del territorio”.
El diputado de Ciudadanos Francisco Javier Domínguez ha expresado la oposición de su grupo a la Agencia con el argumento de que no ha sido bien recibida en algunos municipios. También ha negado que ley suponga una protección del medio ambiente y ha dicho que aborda el abandono de la agricultura o el pastoreo. El parlamentario no se ha podido resistir a la dialéctica habitual de su grupo y ha asegurado que la Agencia era “un chiringuito y una agencia de colocación”.
“Chiringuito es el Centro de Asuntos Taurinos de Madrid o de Andalucía”, le ha replicado el diputado de ERC, Ferran Civit, quien ha insistido en que la ley no supone una derrota del departamento de Agricultura que lidera su compañera de filas, Teresa Jordà, pues ese organismo seguirá asumiendo la gestión forestal en Cataluña.
El socialista Jordi Terrades ha recordado que la Agencia ya era un proyecto que aparecía en el programa electoral del PSC antes de que Pasqual Maragall fuese presidente de la Generalitat en 2003. En su opinión, la Agencia no ha de generar un “enfrentamiento entre urbanistas y rurales”, sino que ha de servir para gestionar con más decisión el 32% del territorio catalán que ahora está protegido por ley y hacerlo compatible con la preservación y conservación de la actividad agraria y pesquera. Por eso ha pedido que se aumenten las partidas de los Presupuestos de la Generalitat que hasta ahora tenía la dirección general que asumía estas funciones.
Lucas Ferro (Comunes) ha asegurado que Cataluña “ha perdido una década” en la protección del medio ambiente y que en este tiempo han desaparecido 288 especies de vertebrados. Tampoco se ha privado de recordar a los lobbistas cercanos a la extinta Convergència que durante años han condicionado la actuación de la Generalitat, pero ha concluido que la creación de la Agencia comporta “un cambio de tendencia” en las políticas de la Generalitat.
“Ha costado Dios y ayuda llegar hasta aquí, esta ley es una buena noticia y temíamos que al final no se aprobara”, ha confesado en el debate la diputada de la CUP Natàlia Sànchez. Al igual que Ferro, ha considerado que la ley debería ser más ambiciosa, pero también ha invocado la necesidad del amplio consenso. En su opinión, los colectivos que se oponen a la ley responden a “grupos conservadores” que aplican un “discurso antiurbano estereotipado”.
Finalmente, Alejandro Fernández (PP) ha exigido respeto a los detractores de la Agencia, del mismo modo que él ha dicho respetar a sus partidarios. Más allá de eso, ha calificado la ley de “intervencionista” porque, a su entender, liquida la autonomía municipal. También ha dicho que supone “un ataque a la propiedad privada” y que su partido “estará al tanto” de la actuación que pueda tener la Generalitat a partir de ahora.
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