La oposición de alcaldes y de propietarios forestales asedia la Agencia de la Naturaleza

El 62% de la superficie de Catalunya es forestal, lo que equivale a más de 2 millones de hectáreas. El 80% de todo ese terreno boscoso está en manos de propietarios privados y el porcentaje restante es, en su mayoría, titularidad de los ayuntamientos. “A los propietarios forestales se les trata con un ninguneo constante, sin tenerles en cuenta para decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en sus bosques”, critica Jordi Tarradas, gerente de Boscat, la federación catalana de asociaciones de propietarios forestales. Señala que “la gota que ha colmado el vaso” ha sido las maniobras políticas para aprobar la creación de la Agencia de la Naturaleza.

El Parlament tiene fijada para este miércoles la votación de la proposición de ley que debería dar luz verde a la agencia. Es una apuesta personal del consejero de Territorio, Damià Calvet, que tilda a la futura entidad de “pieza clave para reorientar la reactivación económica y social hacia una agenda verde”, y que ha contado con el apoyo de un insólito frente común: Junts, ERC, comunes y PSC. Varias entidades ecologistas también abogan por la necesidad de crear la agencia.

“Es un acto de despotismo ilustrado, nos quitan las competencias a los ayuntamientos y se las otorgan a esta Agencia de la Naturaleza. No se fían de como gestionamos nuestro territorio”, critica Josep Andreu, alcalde de Montblanc, un municipio que dentro de su término cuenta con una extensa superficie boscosa. Andreu es una de las voces que, desde el municipalismo, se han levantado contra la creación de la nueva entidad, “una copia de la Agencia Catalana del Agua”, la define el alcalde. No está solo en su oposición. Se han rebelado contra la Agencia de la Naturaleza la Diputación de Lleida, en manos de ERC, más de ochenta municipios y siete consejos comarcales: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Moianès, Solsonès, Alt Urgell, Osona y Berguedà.

Igualmente, Pimec reclama a la consejería de Territorio que detenga la tramitación de la proposición de ley hasta que no haya un “consenso amplio” con todos los actores implicados. El consejo general de Cámaras de Comercio también ha trasladado a Damià Calvet sus reticencias al modelo de gestión que contempla la futura agencia, y se le pide que debería ser una entidad descentralizada, capaz de buscar “las soluciones más idóneas para compatibilizar la actividad económica y la preservación del medio”.

La competencia fiscalizadora sobre cualquier actuación que se quiera llevar a cabo en un espacio forestal y el poder decisorio que se atribuyen a la Agencia de la Naturaleza son dos de los puntos que más recelos levantan. “A los ayuntamientos nos limitan absolutamente, la Generalitat pasará a tener la potestad para decidir incluso donde va un corral de ovejas”, critica Josep Andreu. “La agencia tendrá la última palabra sobre cualquier actuación que se quiera hacer, desde una intervención para garantizar la conservación de un bosque a la construcción de una granja o hacer obras en una masía”, reprocha Jordi Tarradas, y niega que haya ninguna necesidad de establecer un control más estricto. “Hacer cualquier cosa en suelo rústico ya es una epopeya, hay un hipercontrol”.

Más allá de las competencias que asumirá la nueva Agencia de la Naturaleza, otro punto de debate se genera en torno a quién se sentará en la mesa ejecutiva de la entidad. “No es un tema de reparto de sillas”, manifiesta el gerente de Boscat, pero sí desliza que sería interesante “un modelo en el que los propietarios tengan el 50% de la representación”. Las cámaras de comercio también exigen que los territorios afectados tengan “representación directa” en la toma de decisiones. “Si esta agencia tiene que existir, que sea con el consenso, debate y participación del territorio. Queremos tener voz y voto en aquellas cosas que, de aquí en adelante, nos afectarán de manera directa”, defiende Carles Isús, el presidente del consejo comarcal del Pallars Sobirà.

“Es un acto de despotismo ilustrado: nos quitan las competencias a los ayuntamientos y se las otorgan a esta Agencia de la Naturaleza. No se fían de como gestionamos nuestro territorio”, critica Josep Andreu, alcalde de Montblanc,

El proceso de aprobación de la agencia ha vivificado el debate comarcal contra el poder centralista de Barcelona. “Debe quedar reflejado que estos ecosistemas que nosotros estamos cuidando desde hace siglos vana tener un retorno en la calidad de vida de las personas que están en el territorio”, ha sostenido el presidente de la Asociación de Municipios de Montaña, Francesc Boya. Para tratar de templar los ánimos antes de la votación parlamentaria, el consejero Damià Calvet ha mandado una carta a 425 alcaldes y a los presidentes de los consejos comarcales de Cataluña asegurando que la Agencia de la Naturaleza se gestionará “para el territorio y con el territorio”. Consciente de las dudas que hay sobre el alcance competencial, la representatividad y el funcionamiento de la futura agencia, el consejero abre la puerta a reservar una silla extra, de tres se pasa a cuatro, para la representación municipal en la agencia. Sin embargo, la Generalitat se asegura conservar la mayoría de representantes en el consejo de dirección.

Desde la Generalitat se plantea la Agencia de la Naturaleza como una herramienta fundamental para velar por la correcta gestión del entorno natural y para aplicar políticas de acción que casen con los objetivos de la UE con respecto al cambio climático y el medio ambiente. Los colectivos ecologistas apoyan el desarrollo de la agencia. En cambio, los propietarios forestales y los ayuntamientos críticos señalan que se trata de un ente con voluntad intervencionista y que añadirá complejidades administrativas para realizar actuaciones eficaces de conservación de los bosques. “Se crean estructuras y el dinero se acaba destinando a pagar personas y no a financiar políticas de conservación”, denuncia Boscat. Calvet defiende que la agencia dispondrá del 50% de los recursos del fondo del patrimonio natural, que se nutrirá del nuevo impuesto del CO2 de los coches. Supuestamente se dispondrá de 70 millones de euros al año para realizar políticas de protección de la biodiversidad.