Las exigencias de ERC y el portazo de Ciudadanos complican la última prórroga
El Gobierno busca evitar que ambas formaciones voten negativamente el próximo miércoles
Las negociaciones del Gobierno para dar continuidad al estado de alarma se complican. El portazo de Ciudadanos obligó este lunes a Pedro Sánchez a fiarlo todo a la mayoría que facilitó su investidura, es decir, mantener los apoyos del PNV y los partidos minoritarios y, sobre todo, la abstención de ERC. Los republicanos condicionan su voto al fin del mando único y a la recuperación de la mesa de diálogo sobre Cataluña. El PP ya anunció que se opondrá.
El escenario de salida es la votación de la cuarta prórroga, hace dos semanas, en la que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos logró 178 apoyos frente a 75 votos en contra y 97 abstenciones. En el último momento, después de que ERC optara por el no, Ciudadanos salvó la continuidad del régimen excepcional con su voto favorable. En esta ocasión, sin embargo, Pedro Sánchez se ha topado con el límite de la geometría variable. El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, no reveló el sentido del voto de su grupo pero instó este lunes al Gobierno a elegir entre ellos o los republicanos como compañeros de camino.
De cara a la votación de este miércoles, en la que el propio Sánchez defenderá la prórroga, el panorama es más difuso. El Gobierno, con 155 escaños (y a 21 apoyos de lo que sería una cómoda mayoría absoluta), ya sabe que tendrá enfrente los 140 noes del PP y de Vox. El Ejecutivo central, confiando en el voto afirmativo de los partidos minoritarios que le han ayudado hasta ahora, tiene que evitar a toda costa que tanto Ciudadanos como los republicanos voten negativamente. Con la abstención de uno de los dos bastaría.
Se trataría de una victoria pírrica, más si se tiene en cuenta que en la primera prórroga Sánchez logró 321 apoyos y ningún voto en contra. Son necesarios más votos a favor que en contra para dar luz verde a la prórroga, que, en principio, será de un mes en vez de 15 días (algo que no gusta en Cs) y en la que se devuelven a las autonomías algunas de las competencias que fueron recentralizadas para optimizar la lucha contra la pandemia.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, recordó que harán valer sus 13 escaños en el Congreso. “Si el Gobierno quiere que cambiemos de posición se tendrá que esforzar más. No hay concreción”, lamentó. Los republicanos independentistas aceptan que las negociaciones continúan e insisten en sus cuatro condiciones para transitar del no a la abstención. Piden acabar ya con la recentralización de competencias, sin esperar al levantamiento del estado de alarma; que se ponga en marcha una prestación específica que permita la conciliación de las familias; que los Ayuntamientos puedan usar el superávit ante la emergencia del coronavirus y, finalmente, un gesto hacia la mesa de diálogo político sobre Cataluña.
Apoyo menguante
Desde la primera votación, el pasado 25 de marzo, el Gobierno ha visto menguar cada vez más el apoyo al estado de alarma. El PP había votado a favor de las tres primeras prórrogas. En la de la semana pasada se abstuvo y este lunes anunció que se opondrá. “El estado de alarma no puede coartar libertades democráticas y la negociación de su prórroga no puede ser un zoco de prebendas nacionalistas”, criticó el líder del PP, Pablo Casado, en Twitter.
El PNV (con ocho escaños) y Bildu mantienen conversaciones con el equipo de Sánchez pero no aclaran cuál será su posición. “Estamos ante la necesidad de desarrollar ya la cogobernanza”, pidió el ya candidato a la reelección como lehendakari, Íñigo Urkullu.
La sorpresa de la jornada la dio Junts per Catalunya, que después de haberse sumado al no el pasado 22 de abril se abre ahora a negociar una posible abstención. La líder de los ocho diputados neoconvergentes en Madrid, Laura Borràs, ha mantenido varios contactos telefónicos con el Gobierno para explorar un acuerdo. Sus peticiones son similares a las de su socio en el Ejecutivo catalán, ERC, pero ambas formaciones han preferido intentar negociar por su cuenta cuál debería ser el rol de la Generalitat en la fase de desescalada del confinamiento.
Aunque esta vez los partidos pequeños aceptan que ha habido más negociación de cara a buscar los apoyos —la vicepresidenta Carmen Calvo les llamó personalmente—, aún quedan flecos. Compromís, por ejemplo, condiciona su voto positivo a que llegue más dinero de los fondos en la lucha de la covid-19 a Valencia.
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