El juez del 3% investiga a cuatro exconsejeros de Convergència por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 3% ha citado a declarar, como investigados, a una docena de altos cargos de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por donaciones que hicieron al partido y que sirvieron, presuntamente, para camuflar pagos ilegales. Entre los investigados hay cuatro exconsejeros del partido nacionalista en distintas épocas, tanto con Jordi Pujol como con Artur Mas como presidentes de la Generalitat. Se trata de Felip Puig y Jordi Jané (Interior), Pere Macias (Medio Ambiente) e Irene Rigau (Educación), esta última condenada por desobediencia por la consulta independentista del 9-N de 2014.

El magistrado José de la Mata ha abierto una nueva pieza separada y ha citado a declarar a un total de 12 personas por un delito de blanqueo de capitales, según un auto al que ha accedido EL PAÍS. Además de los consejeros, deberán declarar otros cargos y excargos del partido; algunos de ellos han ocupado también responsabilidades públicas en organismos e instituciones de la Generalitat: Carles Flamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, Glòria Renom, Montserrat Candini, Eduard Freixedes o Xavier Crespo; este último fue condenado por los regalos que recibió de un empresario ruso mientras era alcalde de Lloret de Mar (Girona).

Su implicación nace del análisis que la Guardia Civil ha hecho de las cuentas del partido y de sus fundaciones afines. Así ha descubierto que esas 12 personas entregaron, entre 2009 y 2010, un total de 126.000 euros en 42 entregas de 3.000 euros cada una. El juez De la Mata hace suyas las tesis de la Fiscalía y concluye que esas aportaciones tenían como objetivo “incorporar a la vida lícita cantidades en efectivo que habían llegado al partido por las distintas vías” de financiación ilegal.

El juez recuerda que hay sólidos indicios de que los responsables del partido, en connivencia con altos cargos del Gobierno catalán y con empresarios, pusieron en marcha una “estructura para financiar ilegalmente” al partido. A cambio de adjudicaciones de obras públicas, grandes empresas constructoras pagaron sumas de dinero a las fundaciones afines a la formación. Uno de los principales investigados hasta ahora es Germà Gordó, que fue secretario de Gobierno, consejero de Justicia y mano derecha de Artur Mas.

Las donaciones al partido de los 12 investigados “no son aparentemente cuotas de afiliados” ni de cargos electos. Tampoco provienen de una “campaña de donaciones” impulsada expresamente por Convergència. Entre otros motivos, dice el auto, porque las cantidades resultarían “a todas luces excesivas”. Las cifras tienen una “sorprendente homogeneidad” y también una “completa coincidencia de fechas”: de octubre de 2009 a diciembre de 2010. Resulta extraño, además, que las aportaciones (todas de 3.000 euros) se hagan “con una separación de apenas unos días”.

El partido se opuso a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de citar a los altos cargos al considerar que resulta “innecesario e impertinente” y por considerar que se está buscando “una causa general de toda la vida de CDC”.