Los presos del ‘procés’ podrán salir a trabajar si sus empresas están operativas

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, volverá a salir a partir de hoy a trabajar en su empresa de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) de lunes a viernes, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Òmnium anunció la decisión basada en el criterio del Departamento de Justicia de la Generalitat, que se ha abierto a permitir las salidas de los presos siempre y cuando se haya reanudado la actividad laboral y los centros en los que la desempeñaban estén abiertos.

Además de Cuixart, los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull tienen previsto reanudar esta semana sus salidas, informa Efe. El primero trabaja en el despacho de abogados Badia, de Terrassa, y el segundo en las oficinas corporativos de Mutua de Terrassa. Pero el permiso que ya se ha concedido a Cuixart no será extensible a otros presos que inicialmente pudieron salir en aplicación del 100.2, como Carme Forcadell, Dolors Bassa o Jordi Sànchez. En estos casos se trataba de atender a familiares o ejercer labores de voluntariado.

Los presos independentistas habían acatado la sugerencia del Departamento de Justicia de no salir a trabajar durante la primera fase del estado de alarma. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat informó ayer, coincidiendo con la nueva fase, en la que se permite trabajar a empleados ya no esenciales. que los presos sujetos al 100.2 podrán reincorporarse progresivamente al trabajo como el resto de los ciudadanos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionó ayer la decisión del Govern y advirtió de que hay que tener “mucho cuidado” ante la posibilidad de contagiar a otros cuando regresen a prisión. “No se puede poner en tela de juicio la salud del resto de presos ni de los trabajadores de los centros”, dijo. El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, insistió ayer en que las salidas de Cuixart son “un derecho, no un privilegio” y pidió que se permita a los presos confinarse en sus domicilios por motivos de seguridad como pide la ONU”.

Mientras, el Juzgado de Primera Instancia 5 de Martorell (Barcelona) investiga el rechazo del Govern a abrir el hospital de campaña de Sant Andreu de la Barca a raíz de la denuncia de un particular contra el <CF1001>president</CF> Quim Torra y la consejera Alba Vergés por un presunto homicidio por imprudencia grave. En un auto, el juez da a la consejería 48 horas para que explique quién ordenó instalar el hospital que montó la Guardia Civil, así como y quién denegó su apertura, informa Europa Press.