La Generalitat interviene los servicios funerarios para controlar los precios
El Govern pretende garantizar la calidad en el servicio. La tarifa aún no está establecida y se pactará con los municipios
La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona son conscientes de que en los próximos días aumentará el número de fallecidos a causa del coronavirus y, por tanto, prevén un estrés de los servicios funerarios. De ahí que el Gobierno catalán aprobara ayer, vía decreto ley, un paquete de medidas tanto para controlar los precios como para tomar las riendas en caso de una situación similar a la que se vive, por ejemplo, en Italia. El coste de la prestación básica será pactado con los municipios, según explicó ayer la portavoz Meritxell Budó. El regidor del consistorio barcelonés Eloi Badía propuso un coste de 2.450 euros aunque cree que se puede ajustar más.
Budó explicó que la medida, amparada en la declaración de prestación forzosa de los servicios funerarios, tiene un doble propósito. Por un lado, “evitar posibles abusos por parte de las funerarias”, dijo, y por el otro, coordinar las competencias sobre los servicios funerarios ante un eventual colapso, por ejemplo, la autorización de inhumaciones fuera de cementerios comunes, con las condiciones higiénicas y sanitarias correspondientes o la incautación de material de las empresas.
La portavoz dijo que si bien no hay evidencia de contagios a raíz de la manipulación de cadáveres, es vital ahora establecer protocolos de tratamiento de los cuerpos, por ejemplo, en materia de preparación, traslado, y las labores de inhumación o incineración. La Generalitat quiere acortar al máximo el tiempo en el que los cuerpos se llevan a su destinación final o tener planes de disposición de los cadáveres si los hornos crematorios se ven colapsados.
Lamentos de las funerarias
La Asociación de Empreses de Servicios Funerarios de Cataluña (ASFUNCAT) lamentó ayer enterarse del cambio normativo por los medios de comunicación y que no se le consultara previamente y se mostró dispuesta a colaborar. También dijo que no se han respondido sus peticiones por falta de material. La Generalitat aseguró ayer que se pondrá en contacto con el mundo local, que tiene competencias en ese campo, para organizar mejor los circuitos de atención. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, explicó ayer el suyo. Badia recordó que en la capital operan tres empresas y que se asignará una de referencia a cada hospital para atender los casos.
El Consistorio propone para el servicio básico estipulado por la ley, un precio cerrado de 2.450 euros. Esto incluye los 1.900 euros de la funeraria más los 550 euros de coste del cementerio. “Las personas que tienen seguro mortuorio pueden obviamente recibir más servicios” como flores o féretros de gamas más altas, aclaró Badia. La prestación básica incluye el certificado de defunción, la tramitación de la inhumación, la recogida del cuerpo, la preparación y el féretro, el coche fúnebre y el depósito.
La Generalitat tendrá entonces que negociar con los ayuntamientos para implementar estos circuitos. Barcelona no descarta tampoco poner a funcionar un quinto horno crematorio si fuera el caso. Desde hace una semana están prohibidos los velatorios y otras ceremonias de despedida de los difuntos. El 70% de los barceloneses cuentan con un seguro mortuorio.
Las redes sociales ya recogen algunos casos de presuntos abusos por parte de las funerarias. Oriol Barri, un cantautor de Manresa, denunció el pasado jueves que después de que muriera su abuelo, Mémora presupuestó unos servicios funerarios valorados en 3.993 euros para incinerar al difunto. El presupuesto destacaba un ataúd (Fenicia ECO) valorado en 1.525 euros.
Barri asegura que les dijeron que era necesario ese ataúd porque es hermético, necesario para los fallecidos por coronavirus. La tía de Barri volvió a llamar al día siguiente criticando la valoración del servicio fúnebre y la empresa rehízo el presupuesto cambiando el ataúd por otro de 653 euros. El cantautor acusa a Mémora de querer engañarles. La funeraria informa que cumple todos los requisitos y niega cualquier acusación de mala práctica o abuso.
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