Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por una trama de comisiones ilegales en contratos de obra pública

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a siete personas en el marco de unas actuaciones declaradas secretas y vinculadas con supuestas contrataciones ilegales, confirman fuentes cercanas a la investigación. Entre los arrestados se encuentran el presidente de la Diputación de Almería y del PP provincial, Javier Aureliano García Molina, el vicepresidente y su mano derecha, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines desde 2003, el también popular Rodrigo Sánchez Simón. Los agentes empezaron los registros a 10 inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades supuestamente delictivas a las siete de la mañana de este martes y al filo de las nueve de la noche, seguían investigando en una de las empresas supuestamente vinculadas al regidor finese, en esa misma localidad.

“En el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”, se indica en el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales de entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario de dos millones de euros a la empresa Azor Corporate Ibérica, propiedad de Kilian López, investigado por narcotráfico, venta de armas y blanqueo de capitales, en el que están imputados Giménez y Sánchez Simón.

La larga instrucción no se ha quedado solo en la investigación de las mordidas del primer caso mascarillas que saltó en España —y que aún no se ha resuelto—. La jueza ha pedido en estos años a la UCO que investigue otra serie de adjudicaciones de obras sospechosas por parte de la Diputación almeriense entre 2017 y 2021 en las que también estarían implicadas otras empresas vinculadas con Kilian López y el alcalde de Fines. Estas presuntas comisiones ilegales por contratación de obra pública de la Diputación de Almería, son las que están relacionadas con las últimas detenciones de esta mañana por parte de la UCO.

Las pesquisas desarrolladas hasta el momento muestran indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros”, según trasladan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Algunas de esas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines (2.300 habitantes), precisan esas mismas fuentes, que también apuntan, de acuerdo con el auto, a que, aunque algunos de los ahora detenidos no participaron en la adjudicación fraudulenta de los contratos, sí intervinieron “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”, se indica en el auto.

Tres vehículos de la UCO accedían a la Casa Palacio de Juan Lirola, sede de la Diputación Provincial de Almería, minutos antes de las 12.30 horas para continuar con los registros de la operación. En el interior, distintos despachos y oficinas habían sido precintados desde primera hora. A las 18.30 concluía el resgistro. Está previsto que todos los arrestados pasen a disposición judicial el jueves, indican fuentes judiciales.

El origen de estas nuevas detenciones parte de la investigación del contrato de mascarillas, monos de protección y guantes que García Molina firmó el 8 de abril de 2020, en pleno confinamiento, con la empresa Azor Corporate Ibérica. La investigación a su titular, Kilian López, implicado en el tráfico de drogas es la que llevó a la UCO a seguir la transferencia monetraia por aquella adjudicación de material sanitario.

El 15 de junio de 2021, agentes de la UCO irrumpían en la Diputación de Almería y detenían a quien entonces era su vicepresidente tercero y responsable del área de Urbanismo, Óscar Liria. Liria, que es sobrino del regidor de Fines, se encuentra en el epicentro de esta trama, cuyos 16 investigados terminaron de prestar declaración ante la jueza que instruye la causa el pasado marzo, casi cuatro años después de que se iniciaran las pesquisas. En su nuevo auto, la magistrada precisa que Liria ya está siendo investigado en este procedimiento.

Hace unas semanas, el PSOE, que ejerce de acusación popular, reclamó a la jueza que tomra declaración en sede judicial al presidente de la Diputación y que se investigaran sus comunicaciones para esclarecer su preeminencia en la supuesta red empresarial para obtener contratos de la entidad supraprovincial, según ha podido confirmar este diario. Para los socialistas el hecho de que el contrato de mascarillas fuera firmado por Aureliano es determinante en su implicación en la trama.

Epicentro en Fines

En abril del año pasado, la jueza ordenaba a la entidad supramunicipal entregar toda la documentación relacionada con seis contratos adjudicados a OYC Servicios Urbanos, empresa que podría estar vinculada al regidor de Fines. La magistrada quería esclarecer si había sido la beneficiada de esos trabajos porque una segunda empresa, Pulconal, propiedad de Kilian López —el adjudicatario del contrato supuestamente fraudulento de las mascarillas—, había sido avisada previamente por parte de responsables de la Diputación para que, o bien no presentara ofertas o bien concurriera con otras no competitivas y poder justificar así, las concesiones a OYC.

Entre 2017 y 2021, además, Pulconal fue adjudicataria de 15 expedientes de contratación con la Diputación almeriense por un total de 375.939,05 euros, en los que se ha podido determinar, según la jueza “la participación preponderante en la tramitación de los mismos de Liria, pudiendo haber tenido también participación su hermano, Francisco Liria”. Sobre OYC, la UCO considera que pertenece al alcalde de Fines “pero tiene a un encargado que hace las veces de gerente de la empresa” y señala que cuando entrega los pagarés “estos van firmados por Rodrigo [hijo del regidor]”, quien también está imputado en la trama y también es uno de los siete detenidos por la Guardia Civil esta mañana, según ha podido confirmar este diario de fuentes conocedoras de la investigación.

La mayoría de los implicados, tanto en esta supuesta red para conseguir comisiones ilegales por contratos de obra, como en la adjudicación presuntamente fraudulenta de mascarillas, tienen vínculos familiares que, además, radican en Fines, un feudo del PP de 2.200 habitantes, que gobierna con mano de hierro Rodríguez Simón desde hace más de dos décadas, tal y como destaca la jueza en su último auto. Kilian López es sobrino de una excuñada del regidor y este es el tío de Óscar Liria, al que la Guardia Civil encontró 26.250 euros en efectivo distribuidos en tres sobres, además de en el bolsillo de una chaqueta y en otras prendas, cuando lo detuvo en el verano de 2021.

Además de estas dos empresas, la instrucción también se ha centrado en la constructora Tagilit, a la que tanto Pulconal como OYC encargaban la realización de las obras de las que eran adjudicatarias. Tagilis fue la encargada de levantar el auditorio Javier Aureliano, inaugurado en Fines en 2021, cuya administradora única actual también ha sido interrogada en la causa. Otra de las empresas bajo lupa, según consta en el sumario, es Construcciones Albaida, concesionaria de importantes obras en el municipio de Fines y que comparte sede social con Hispano-Almería, protagonista de una de las mayores macrocausas de corrupción por adjudicación de obra pública de la provincia.

Del vicepresidente de la Diputación, que en 2021 era delegado de la Presidencia de esa entidad, se considera que partió la propuesta de contratación para el suministro de las mascarillas y por ello se le investiga como presunto autor de los delitos de cohecho y malversación. Tanto en su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, como cuando compareció en la comisión de investigación que abrió la Diputación en el verano de 2021 —y que se cerró sin responsables gracias a los votos del PP, y Ciudadanos y la abstención de Vox—, Giménez ha sostenido que fue Liria quien le recomendó el nombre de Azor para realizar el contrato y que desconocía el pago de posibles comisiones. También negó conocer personalmente a Kilian López, aunque sí afirmó haber hablado con él por teléfono una sola vez. La UCO, sin embargo, lo considera como uno de los principales beneficiarios de esta trama de la que llegó a cobrar el 10% de los dos millones por los que se adjudicó el contrato, según un informe que remitió el pasado mes de mayo al juzgado.

Giménez fue preguntado por las conversaciones mantenidas entre él, Liria y el presidente de la Diputación en un chat que compartían los tres, llamado Naranjito. En ellas se aludía al regalo de una televisión, a lo que Giménez respondió que era una “broma” entre amigos y que nunca había recibido regalos de nadie. En otra conversación de WhatsApp, de acuerdo con el informe de la UCO del que ya informó este diario, se puede leer el intercambio de mensajes entre Aureliano y Liria: “Óscar… hay que ver la que tienes liada con las mascarillas!!!!”, dice el presidente de los populares almerienses, a lo que aquel le responde: “Yaaaaa, pero quiero que veáis cómo está la situación, tío. No quiero que te veas sin tener material para la residencia…”. Vas a dar lugar a que le meta fuego a las mascarillas”, le responde Aureliano, a lo que Liria le replica con un “Jaaaa”, que Aureliano continúa con un “Callaaaaa yaaaaaa”. Liria termina la conversación: “Bueno tío que esto se está poniendo muy feo”.

Las comunicaciones en ese chat para el PSOE también son relevantes para hay un inequívoco punto de partida, determinar la capacidad de los responsables de los contratos, agrupados en el ese grupo -Aureliano, Giménez y Liria-, para poder decidir quién sería el adjudicatario final de cualquier tipo de contrato.

La entrega de esa partida de mascarillas no solo se demoró bastante tiempo, sino que parte de los lotes llegaron en estado defectuoso, lo que determinó a la Diputación a aprobar el 1 de junio de 2021 —15 días antes de las detenciones― un decreto para resolver el contrato con Azor por incumplimiento de la empresa. En ese proceso también intervino Liria, según se desprende de las conversaciones mantenidas con López. La UCO mantiene que la Diputación inicialmente le habría reclamado a Azor una cantidad de entre 200.000 y 300.000 euros y que, tras las alegaciones, en las que intermedió el entonces vicepresidente, la cifra se redujo a 38.000 euros. “Contesta diciendo que no estás de acuerdo y argumentándolo bien y se quedará todo resuelto”, le dice Liria a López en una conversación de febrero de 2021.

Además del chat conjunto entre Aureliano, Giménez y Liria, estos dos últimos también mantenían conversaciones entre ambos con un “lenguaje codificado”. La UCO infiere en sus informes que cuando aluden a “talla 20″ o “talla 10″, se refieren al porcentaje que iban a recibir por los contratos.

Mientras los agentes de la UCO registraban la Diputación de Almería, la actividad allí ha continuado, en general, durante toda la mañana con cierta normalidad, pero en un ambiente enrarecido. Solo se ha suspendido un acto relacionado con el Festival Internacional de Cine de Almería, previsto en el patio del edificio y que ha sido trasladado a otro lugar.

La jueza también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada. También ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.