El PSOE recurre al Constitucional el megadecreto de simplificación de la Junta andaluza por ser “un abuso inaceptable”

El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional el decreto ley de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 6 de febrero y convalidado a toda prisa por el Parlamento el 21 de ese mes. El recurso, que se registrará a finales de esta semana, llevará la firma de 50 senadores del grupo socialista al entender que “no existen” razones de urgente y extraordinaria necesidad, como estipula la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En paralelo, el Gobierno central ha planteado un conflicto de competencias en relación al artículo 117 del megadecreto que afecta a la ley del Suelo estatal. Esta discrepancia se negocia en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta-Estado y supone un paso previo a la interposición de una demanda al alto tribunal en caso de que no haya acuerdo.

En los casi dos años de legislatura, el Ejecutivo autónomo que preside Juan Manuel Moreno ha aprobado un total de 29 decretos leyes frente a 11 leyes ordinarias. Para el secretario de Comunicación Política del PSOE y portavoz adjunto de la ejecutiva regional, Josele Aguilar, se trata de un “abuso inaceptable” de un trámite pensado para casos excepcionales. En el caso de este decreto, el PP se opuso a que se tramitara como proyecto de ley lo que permitiría enmiendas de mejora o de supresión planteadas por todos los grupos parlamentarios. “Es un desprecio al Parlamento”, ha enfatizado Aguilar.

El recurso llevará la firma del jurista y exministro socialista Tomás de la Quadra-Salcedo. El PSOE argumenta que el Gobierno andaluz tardó un año y medio desde que anunció el decreto ley de simplificación hasta que lo aprobó (de septiembre de 2022 a febrero de 2024) por lo que, en su opinión, no hay argumentos de urgente y extraordinaria necesidad. También sostiene que se trata de una medida que nada tiene que ver con la simplificación, sino con modificaciones de normas reglamentarias, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El súperdecreto cambia de una tacada 176 normas (53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes), afecta a todos los sectores productivos y prima la declaración responsable y el silencio administrativo positivo. El sindicato Comisiones Obreras elaboró un análisis crítico del que destacó los siguientes aspectos negativos: una subida del umbral de ingresos anual familiar para los destinatarios de viviendas y alojamientos protegidos; el permiso para que entidades urbanísticas privadas puedan autorizar construcciones en sustitución de un informe de un funcionario, una medida que tiene visos de inconstitucionalidad, según advirtió en su día el Consejo Consultivo; la eliminación de autorizaciones sectoriales del procedimiento ambiental; la supresión de órganos consultivos y de informes preceptivos en varias materias que cercenan la participación de entidades locales y organizaciones sociales en la toma de decisiones; la eliminación de auditorías específicas de impacto de género; la relajación de requisitos para centros educativos privados o la de los comité de valoración de los casos de dependencia.

Desde que fue aprobado, el Gobierno andaluz ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) cuatro rectificaciones por “errores”. Días antes de su convalidación en el Parlamento, Junta y Gobierno llegaron a un acuerdo para eliminar la previsión de modificar la ley Forestal de Andalucía que permitía cambiar suelos forestales por agrícolas lo que permitía la amnistía de los freseros ilegales en el entorno de Doñana.

Aguilar se ha mostrado convencido de que el Tribunal Constitucional “tumbará” la norma de simplificación que, según él, crea “inseguridad jurídica”. Pese a que los socialistas se han mostrado muy críticos con el Gobierno por legislar por la vía rápida han dejado pasar los plazos respecto al decreto ley de subida de sueldos de los altos cargos, aprobado seis días después del Presupuesto de la Junta con la abstención del PSOE. “Es un abuso más, pero no vamos a estar recurriendo todos los decretos leyes”, ha dicho a modo de explicación el portavoz socialista.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha tildado el recurso al Tribunal Constitucional como una medida “política” del PSOE y se ha felicitado de que el Gobierno central solo haya encontrado una discrepancia en los 700 folios de los que consta el decreto ley. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha planteado una cuestión de constitucionalidad al artículo 117 del decreto ley por el que se modifica la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Este cambio permite la “declaración responsable” respecto a “los movimientos de tierras y explanaciones en suelo urbano que no se encuentre en una Zona Arqueológica o de Servidumbre Arqueológica y que sean independientes de proyectos de urbanización, edificación o construcción”. El Estado cuestiona que este precepto sea compatible con la ley estatal del Suelo que establece el silencio negativo en estos casos. Ambos gobiernos negocian un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación por lo que el plazo para la interposición de una demanda al Constitucional se prorroga seis meses más en caso de que no alcancen un pacto.