17.000 andaluces siguen sin saber nada del bono joven de alquiler: “Esto no es una paguita”

Cuando el 18 de enero de 2022 el BOE publicó la puesta en marcha del bono joven de alquiler, miles de andaluces vieron en esta ayuda de 250 euros una cuerda en la que agarrar sus sueños de emancipación o emprendimiento y empezar a escalar en la consolidación de sus vidas. Para otros, suponía una mejora de su día a día, cada vez más limitado por la inflación. Esa esperanza se fue difuminando cuando la Junta de Andalucía retrasó hasta noviembre de 2022 —10 meses después de su constitución― la posibilidad de pedirlo. A punto de cumplirse un año desde esa fecha, la ilusión de los 17.266 que consiguieron cumplimentar las solicitudes se ha convertido en frustración y rabia porque solo se han resuelto de manera definitiva el 24% de expedientes, de lo que solo el 15% son favorables. Los afectados se han concentrado este lunes a las puertas de las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento de las ocho provincias andaluzas para demandar al Gobierno andaluz que agilice la concesión de unas ayudas calificadas de emergencia.

El pasado mes de junio, cuando el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, reconoció y lamentó el retraso en la tramitación de los 68 millones que recibió del Gobierno central para destinarlo al bono joven, este diario constató las encrucijadas personales y familiares a las que había abocado a varios jóvenes andaluces la demora en la ejecución de esa ayuda. Cuatro meses después, su futuro sigue en pausa: Manuel Sanz, uno de los portavoces de la plataforma de afectados, sigue teniendo que tirar de lo que ahorró con el objetivo de emprender para poder pagar el alquiler. Daniel Castaña continúa de baja por la ansiedad que le provoca no estar al día con los 500 mensuales de su arrendamiento. “Sigo debiendo un mes de retraso con todos los intereses que eso conlleva”, explica. El horizonte de Sandra Fernández se presenta peor. Iban muy justos para pagar el alquiler de 530 euros y atender a las necesidades especiales de una de sus dos hijas, que padece una enfermedad rara. En este tiempo, el casero les ha incrementado la renta en otros 30 euros: “Cada vez es más insostenible y, como nos ha visto con dificultades para pagarla, ha decidido vender el piso y nos tenemos que ir sí o sí. Estoy mirando y los alquileres no bajan de 600 y no nos lo podemos permitir”, cuenta.

Ni Castaña ni Fernández han podido acudir a la concentración de esta mañana en Sevilla por problemas familiares y por trabajo. Tampoco ha podido estar Alejandro Gómez, estudiante de marketing digital, porque tenía un examen. En su lugar ha estado su padre, Manuel Gómez, camarero de 60 años que, junto a su mujer, que también se dedica a la hostelería, son los que están ayudando a su hijo a costear el alquiler de 450 euros de la casa con la que se emancipó hace cuatro años. “Compagina los estudios con trabajos que le van saliendo, pero tampoco es suficiente y nosotros lo apoyamos lo justo porque tampoco ganamos tanto”, señala. “Si no recibe la ayuda, se tendrá que marchar del piso”.

Andalucía es la comunidad autónoma que más retraso acumula en la concesión de estas ayudas. En un primer momento, lo atribuyó a los “impedimentos impuestos por la normativa”, con lo que responsabilizó al Gobierno central de no haber atendido a sus advertencias sobre los problemas para tramitarla; después alegó que la demora se debía a que estaban configurando un sistema informático específico para tramitar los bonos que, cuando se puso en marcha en noviembre de 2022, colapsó. “Los afectados no somos políticos y no se nos deberían dar respuestas políticas. Si la Junta es la que más retrasada va en la tramitación del bono, la única respuesta variable está en la gestión de la Junta”, ha señalado Sanz durante la concentración.

Reunión con la consejera Díaz

Él y otros representantes de la plataforma se reunieron la semana pasada con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, para tratar de buscar respuestas al bloqueo en la concesión de ayudas. “Ni nos concretó cuántos bonos se habían concedido y su cuantía, ni los que se habían autorizado o las prioridades, porque algunas que se solicitaron más tarde ya se han resuelto, ni dónde están los 68 millones que el Gobierno central transfirió a la Junta para su abono, o cuándo pensaban resolver el resto de solicitudes pendientes”, ha señalado Sanz.

La Consejería ha confirmado a este diario que hasta el momento más de 4.100 solicitudes cuentan con una resolución definitiva favorable, es decir que están abonadas o con crédito asignado para su abono. En este tiempo, las fuentes consultadas señalan que se han comprometido más de 19 millones de euros e insisten en que ninguno de los jóvenes perderá el dinero que les corresponde y que se ha puesto en marcha un plan de choque para agilizar la tramitación.

De acuerdo con las últimas cifras que adelantó la consejería, se ha resuelto el 15%. Tres de cada cuatro jóvenes andaluces de entre 18 y 35 años que solicitaron esta ayuda de 250 euros sigue sin respuesta en una comunidad con la mayor tasa de desempleo juvenil, el 38,9%. En Andalucía, el 85,9 % de los jóvenes sigue viviendo en el domicilio familiar, de acuerdo con los datos del último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España del segundo semestre de 2022, que sitúa a esta autonomía como la quinta con menos jóvenes emancipados, el 14,1% por debajo de la media nacional, que está en 15,9%.

“El retraso en el pago del bono alquiler joven es la punta del iceberg de cómo el Gobierno andaluz está tratando a los jóvenes. Queremos emprender, emanciparnos, los jóvenes andaluces tenemos el mismo derecho que los del resto de España”, se quejaba esta mañana Belén Puya, que ha superado el límite de los 35 años esperando a la resolución de su ayuda. “Curiosamente, este fin de semana recibí la carta de que me autorizaban la prestación”, dice, irónica. La Junta abonará la cantidad devengada en un solo pago y se tendrán en cuenta las condiciones del solicitante cuando la tramitó, por lo que Puya podrá cobrar esta ayuda. “Esto no es una paguita, para poder reclamarla tenemos que tener unos ingresos estables y recurrentes”, abunda.

Aunque cuando solicitó el bono cumplía con los requisitos estipulados, 11 meses después su situación ha cambiado. “En este tiempo me han tenido que ayudar mis padres, mis amigos, debo dinero a mucha gente. Trabajo en un lavadero de vehículos y cobro el salario mínimo, pero pago 550 euros”, dice mientras explota en lágrimas. Puya expresa la desesperación que se ha adueñado en este tiempo de la mayoría de los 17.000 jóvenes que sigue en ascuas y que ve cómo la cuerda de salvación que habían visto cuando en enero de 2022 se publicó el real decreto del bono joven de alquiler se ha convertido en un lastre que les quita el sueño y les mina la moral.

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