El desastre en la gestión del bono alquiler frustra la emancipación de los jóvenes andaluces

Lucía Rivas se emancipó con 18 años. A partir de septiembre, con 25 y una niña de tres años, tendrá que regresar a vivir con sus padres. Sabía que le iba a subir el alquiler del piso en el que lleva viviendo desde que voló del nido familiar y por eso solicitó la ayuda de 250 euros mensuales del bono de alquiler joven, pero siete meses después no sabe nada del estado de su tramitación por parte de la Junta de Andalucía y da por hecho que, con el verano por delante, ese apoyo, esencial para poder continuar con su vida de forma independiente, no llegará a tiempo. Andalucía es, junto con Madrid, la comunidad que más está tardando en resolver unas ayudas cuyos fondos son estatales, gestionados por las administraciones regionales y están disponibles desde enero de 2022. El retraso lo reconoció el presidente regional, el popular Juan Manuel Moreno, esta semana y pidió disculpas, pero eso no alivia la angustia y el trance que están atravesando los más de 17.000 jóvenes andaluces que han visto frustradas sus expectativas personales y profesionales en este tiempo.

“Imagínate… Volver a estar en casa de mis padres con 25 años y además una niña, con todos los problemas que ello acarrea. Pierdes todo, pierdes intimidad, pierdes ilusión, pierdes tu vida”, se lamenta Rivas, que prefiere no dar su nombre real por problemas con la custodia de su hija. Ella vive en Sevilla y pagaba 500 euros por el alquiler de su vivienda, se separó hace dos años y al serle imposible conciliar tuvo que abandonar la empresa en la que trabajaba en enero de este año. Su situación hizo que cayera en una depresión y, aunque tiene apoyo de su familia, sus padres no pueden cuidar de la niña y los únicos trabajos con los que podría compatibilizar la crianza son los relacionados con la limpieza, que no están suficientemente bien pagados. A eso se le suma que el arrendamiento se lo han subido este año 50 euros y a partir de septiembre tendría que pagar 600 euros. “Se me acaba el paro en agosto y lo que empezaré a cobrar es la ayuda familiar que no me da para pagar el alquiler, mi situación es insostenible y he vuelto a los ataques de ansiedad”, indica.

El bono alquiler joven se reguló a través del Real Decreto 42/2022 del 18 de enero. Andalucía cuenta con una asignación de 68,4 millones de euros, provenientes de las arcas del Estado, para ayudar a los jóvenes de la comunidad entre 18 y 35 años —que viven alquilados y cuyos ingresos son inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o cuatro veces, si se trata de unidad familiar―, con 250 euros durante dos años. La puesta en marcha de estas ayudas también se activó más tarde en esta comunidad que en el resto. Pese a aprobarse en enero de 2022, no fue hasta el 14 de noviembre de ese año —10 meses después― cuando se abrió la convocatoria. Desde la Consejería de Fomento se justificó este retraso en que se estaba trabajando en un programa informático que permitiría agilizar la tramitación, pero el mismo día en que se abrió el plazo para solicitar la subvención, la página web colapsó y siguió ofreciendo problemas para guardar los datos y subir los documentos de los solicitantes durante varios días.

Días libres en el trabajo y esperas hasta la madrugada para hacer la inscripción

Una muestra inequívoca de la trascendencia que esa ayuda tiene para sus potenciales beneficiarios es el hecho de que la mayoría se quedó despierto hasta altas horas de la madrugada o incluso se pidió el día libre en el trabajo, como Rivera, para ser de los primeros en cumplimentarla y garantizarse una asignación que la Junta decidió adjudicar por el criterio del orden de llegada y que solo alcanza a 14.000 personas. Sandra Fernández tiene grabada en la memoria la hora exacta en la que consiguió enviar la solicitud: “El 16 de noviembre de 2022 a las 3:55 de la mañana. El 14 terminé mi turno a las 12 de la noche y entraba a la mañana siguiente a las 7 la mañana. Me quedé despierta, pero la plataforma se caía. Al día siguiente encendí dos ordenadores, también estuve con los móviles… Finalmente, dos días después, lo conseguimos. La forma fue caótica, desde luego”.

Fernández vive en Dos Hermanas (Sevilla), tiene 28 años y dos hijas, una de siete que padece una enfermedad rara y otra de un año. Está de baja desde enero y el sueldo de 1.100 euros de su marido, que salió del paro en abril, apenas les llega para salvar el mes. El alquiler en estos cuatro años les ha subido de 280 a 530 euros y la neuropsicóloga que atiende a su niña mayor les cuesta 200 euros mensuales. “Estuvimos a punto de irnos cada uno a casa de nuestros padres, pero eso hubiera sido muy contraproducente para las niñas. Ahora tenemos todas las deudas del mundo”, dice con un nudo de angustia en la voz. “Esos 250 euros del bono nos ayudarían con la mitad del alquiler”, añade.

Desde que se cerró el plazo de la convocatoria, el pasado 18 de noviembre, prácticamente ninguno de los 17.266 solicitantes sabe nada del estado de su instancia. Manuel Sanz, un joven de 29 años que se ha erigido en portavoz de la plataforma de afectados que se ha ido gestando a través de un grupo de Telegram y que ha recabado más de 1.500 firmas en change.org, explica que el 15 de mayo, la mayoría, aunque no todos, recibieron un SMS masivo en el que se dejaba constancia de la “reserva de crédito” para su solicitud. “Se hizo esa comunicación justo cuando iba a finalizar el plazo de los seis meses para el silencio administrativo, pero desde entonces tampoco tenemos información. Llamamos o acudimos a la delegación de Fomento y de muy malas formas nos van derivando, a unos nos dicen que solo hay una persona tramitando las solicitudes, que de todo se encarga un robot…, pero nadie nos explica qué pasa con la tramitación o cuándo se autorizará.”.

A comienzos de junio, la actual consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, achacó los retrasos a “los impedimentos impuestos por la normativa” y responsabilizó al Gobierno central de “mirar para otro lado”, cuando hace un año le advirtieron de que iba a haber problemas. Aunque Cantabria, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León tampoco fueron rápidas en la tramitación, han empezado a resolver las ayudas a comienzos de 2023 o en primavera, mientras que Asturias, Baleares, Cataluña o Canarias ya lo están aplicando por disponer de programas similares a nivel autonómico.

El pasado miércoles el presidente de la Junta pidió disculpas por la forma en la que se había gestionado el bono. “Se ha hecho mal y tarde y no tengo problema en reconocer que en eso nos hemos equivocado, no somos imbatibles, a veces nos equivocamos”, asumió y aseguró que había pedido explicaciones al departamento responsable. El líder del PP andaluz señaló que se habían evaluado 6.378 expedientes (54%) y que había resolución favorable para 2.610. Solo el 15% y 13 meses después de que se aprobaran por el Gobierno central.

Solo uno de cada 10 jóvenes se independiza en Andalucía

Sorprende esta demora, no solo porque el Ejecutivo andaluz presume de haber agilizado los trámites administrativos, sino porque esta ayuda parecía crucial en una comunidad donde, de acuerdo con el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, menos jóvenes consiguen abandonar el hogar familiar (solo lo hace el 14,4%) y donde deben destinar el 72,1% de su salario íntegro a pagar el alquiler. “Los jóvenes de entre 25 y 35 años que quieren emanciparse por motivos laborales se encuentran en una situación muy crítica, porque los precios de alquiler en Andalucía han subido mucho y los requisitos que solicitan los tenedores son muy exigentes y muchas veces inasumibles, teniendo en cuenta que suelen percibir salarios bajos y su trabajo es inestable”, explica Macarena Vorcy, directora ejecutiva de Alquirelax, en referencia a que se está exigiendo un año de antigüedad en el trabajo y que el alquiler suponga el 40% o el 30% de su renta.

Las disculpas del presidente andaluz no aplacan la angustia en la que Daniel Castaña lleva inmerso desde que el pasado 17 de abril tuvo que cogerse la baja por ansiedad que le provoca la imposibilidad de pagar a tiempo los 500 euros mensuales de alquiler la casa en la que vive con su mujer y sus hijos de dos, cuatro y seis años en Alcalá del Río. “Juanma Moreno no me va a pagar los intereses, qué nos diga cómo lo van a solucionar”, dice cargado de sarcasmo. Su sueldo de 1.500 euros —el único de la familia, porque su mujer ha estado todo este tiempo al cuidado de los pequeños― era suficiente para llegar justos a fin de mes, hasta que la inflación encareció la bolsa de la compra. “Por mucho que lo intentamos, no nos llega, y llevamos cuatro o cinco meses pagando con un mes de retraso. Esos 250 euros nos hubieran supuesto un alivio, porque buena parte de mi problema de ansiedad es por los problemas económicos”, añade.

Desde la consejería se advierte de que cuando se aprueben las ayudas, esos 250 euros se abonarán con efecto retroactivo, una solución que no le sirve a Sanz, que paga 500 euros por el alquiler de un piso en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y dejó su trabajo como gerente en una entidad deportiva para cumplir su sueño de montar su propia empresa. “Hice mis cálculos en los que entraban esos 250 euros para el alquiler y así poder destinar mis ahorros a emprender, pero ya no va a poder ser. Menos mal que mis caseros me permiten pagarles tarde…”.

La tardanza en la gestión de unas ayudas, aprobadas en enero del año pasado, ha truncado las esperanzas y los planes de futuro de miles de jóvenes andaluces. Rivas, carcomida por la frustración de tener que regresar a casa de sus padres, siete años después de haber empezado a trazar su vida autónoma lo tiene claro: “Así los jóvenes no se independizan, trabajos precarios, conciliación nula, ayudas que no llegan, alquileres por las nubes, inflación.. No sé qué nos espera y luego se llenan la boca diciendo que el 50% de los expedientes están mirados, siendo totalmente mentira, y que hay que darle facilidad a los jóvenes. ¿Dónde está la facilidad?”.

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