Del narcopiso a las aulas: colegios de Andalucía combaten el calor con aparatos usados para enfriar la marihuana

Los aparatos de aire acondicionado que por toda España enfrían las plantaciones de marihuana en narcopisos o naves en fincas rústicas suelen acabar inutilizados a martillazos por los agentes de la Policía y la Guardia Civil, abandonadas en las instalaciones clandestinas como testigos mudos. Pero, en la provincia de Cádiz estas máquinas, cada vez más imprescindibles para soportar las frecuentes olas de calor, terminan desde 2019 en los colegios públicos, cuyas clases alcanzan temperaturas sofocantes al principio y final de curso.

¿Por qué no se extiende esa cesión que beneficia a los alumnos y a las arcas públicas y reduce el abultado gasto en nuevos aparatos que soportan los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y asociaciones de padres y madres de los colegios? La razón es una mezcla de falta de voluntad de las fuerzas de seguridad, excesiva burocracia y deficiente coordinación entre administraciones para que los estudiantes dejen de sudar en las aulas gracias a la acción policial contra el crimen organizado.

Con el bum actual de la marihuana, cada semana se registran operaciones policiales con miles de plantas y decenas de aparatos de climatización intervenidos en las 52 provincias. Sin embargo, Cádiz es la única que los destina a los centros educativos gracias al empeño de la Comandancia de la Guardia Civil, según confirma el Ministerio de Justicia. Su Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que gestiona bienes incautados al narco en todo el país, precisa que solo los colegios gaditanos se benefician de esta cesión temporal de máquinas, a la espera de sentencia definitiva. En otras ocho provincias los aparatos se han instalado en cuarteles y dependencias de la Guardia Civil principalmente, aunque también en ayuntamientos de la costa mediterránea.

“Los niños no se concentran igual sofocados y sudando, y pasa igual con el abrigo puesto en invierno. Con el cambio climático ya no tenemos primavera y otoño, solo verano e invierno. Para los talleres de tecnología y los ciclos formativos tenemos aires muy grandes”, aplaude Juan Carlos López, director del instituto Juan Sebastián Elcano en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con 850 alumnos. El centro ya tiene sus 24 aulas climatizadas tras recibir este curso cuatro aparatos, uno de ellos aún en plena limpieza para eliminar los restos de marihuana de sus filtros.

Cuando en una operación policial los agentes desmantelan una plantación de marihuana, las macetas llevan aparejadas ventiladores, extractores de aire, humidificadores, focos de luz, balastros que cubren las bombillas... Todo para lograr las mejores condiciones de temperatura y frescor para lograr tres cosechas al año. Y este clima solo se consigue con potentes aparatos de aire acondicionado, cuyo volumen varía si deben refrescar habitaciones en narcopisos o naves industriales camufladas.

“Los técnicos de Endesa cortan la luz, hacen un informe de defraudación por el suministro eléctrico ilegal, y luego nosotros elaboramos las diligencias para que el colegio pida el decomiso temporal al juez, este lo acuerde y la ORGA lo adjudique. La cesión supone más trabajo, pero ya lo hemos interiorizado como una parte más porque la justicia tiene que ser ágil. La burocracia impide que les lleguen más aparatos a los colegios”, advierten fuentes de la Guardia Civil en esta provincia andaluza. No siempre es posible desinstalar las máquinas —de hasta 4.000 frigorías— por su ubicación y no siempre están en óptimo estado, pero sí muy a menudo porque las ganancias del narco tienen muchos ceros.

En Sevilla el problema de los narcopisos está enquistado y cada dos semanas cae un clan que cultiva marihuana en plena ciudad. Hace seis meses se trató la cesión a colegios de los aparatos de climatización intervenidos en la mesa de la marihuana, una reunión semestral entre las fuerzas de seguridad y las administraciones implicadas, dada la gravedad del asunto. Ahora, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha trasladado el tema a la Comisión Provincial de Policía Judicial para hallar “el mejor paraguas legal para la donación”, según fuentes de dicho organismo. Mientras, la cesión sigue atascada.

“Es muy buena idea, pero nos enfrentamos a dificultades técnicas, como quien lo desmonta y lo vuelve a instalar. Desde 2021 solicitamos inutilizar la maquinaria in situ porque es pesada y tiene riesgo eléctrico. Me encantaría donarlos porque da pena inutilizarlos, pero nos mata la burocracia y debería articularse un mecanismo nacional que facilite la donación. Así ganaría la sociedad”, resume un mando policial de Sevilla.

La posibilidad de ceder los aires acondicionados incautados también surgió en Almería, donde, como en Granada, las operaciones se suceden con mucha frecuencia. “Aquí se planteó [la cesión], pero por discrepancias se decidió no hacerlo. ¿Pagaría la empresa desinstaladora la Junta? Se acordó que lo valorarían… pero planteaba problemas de coordinación y legales. La ORGA nos dijo que no había otra salida y custodiarlo sería más costoso. Generalmente, se destruyen”, admiten fuentes de la Fiscalía almeriense.

En el Campo de Gibraltar, tantas operaciones contra el narco han provocado un tremendo atasco en el depósito judicial. “Lo ideal es un concierto ágil, pero antes incautábamos las televisiones y ya no hay sitio. Es muy triste porque los efectos son obtenidos gracias al delito y deberíamos llevárnoslo todo: los rolex, los bolsos de marca y los aires acondicionados, todo”, lamentan fuentes de la Fiscalía gaditana. El caso más llamativo ocurre en Granada, donde muchos aparatos de climatización se abandonan en las fincas sin antes destruirlos, por lo que el narco puede disponer de ellos tras su detención. “En muchas ocasiones se quedan tal cual, no inutilizamos nada”, admite un portavoz de la Guardia Civil.

Sobre la ampliación de la donación a las otras siete provincias, fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional afirman: “Si llega la propuesta [de las fuerzas de seguridad] se estudiará”. Mientras las administraciones investigan una solución común, la Guardia Civil gaditana cede los aparatos de climatización, pero también camiones frigoríficos y cargas de comida (cuscús, atunes, etc.) a comedores sociales. “Le damos salida a todos los usos altruistas del material intervenido. No regalamos, lo cedemos previa solicitud de la autoridad judicial, y en caso contrario la Administración pagaría al depósito judicial por cada metro cúbico de material”, matizan fuentes de esta comandancia.

Desmayos y sangrados de los alumnos por el calor extremo

Las asfixiantes temperaturas que alcanzan las aulas de los colegios andaluces provocan desmayos y sangrados por las vías nasales de algunos estudiantes. El problema es cíclico y de tal gravedad que desembocó en la Ley de Bioclimatización de Centros Educativos, aprobada por unanimidad hace tres años tras las protestas de padres y madres, alarmados por la salud de sus hijos. Andalucía es la comunidad más expuesta al cambio climático, repiten los expertos.

Sobre la cesión de los aparatos desde las fuerzas de seguridad, Teresa de Pablo, portavoz de Escuelas de calor, la plataforma que con su lucha social generó la ley, afirma: “Nos parece bien que esta solución mejore los centros de Cádiz, pero la Ley de Bioclimatización es la verdadera garantía de que todo el alumnado andaluz y sus docentes vean respetado su derecho al confort térmico y salud en las aulas”. Y añade: “No podemos fiar la climatización de las aulas a que se comentan delitos y a que la Guardia Civil incaute aparatos procedentes de esos delitos, hay una obligación de la Junta”.

De los 4.500 centros educativos públicos, el Ejecutivo andaluz ha instalado sistemas de climatización en 189, según sus propios datos. Ahora tiene en marcha un plan para disponer de refrigeración adiabática —un sistema que evapora el agua que contiene el aire, con menor consumo energético— cuyas obras finalizarán antes de final de año en 258 colegios e institutos. La mayoría de aparatos de climatización son sufragados por los propios centros y las asociaciones de madres y padres, pero el Gobierno andaluz carece de datos que ofrezcan la foto completa de la situación.

El estrés térmico aumenta con el cambio climático, pero mientras que el Real Decreto 486/1997 sobre seguridad y salud en el trabajo fijó unas temperaturas interiores entre 14 y 27 grados, hoy la norma se ignora por sistema en la mayoría de colegios. Los perjudicados por este bochorno son los docentes y los alumnos, a pesar de la fragilidad de su salud ante la subida del mercurio.