Así se robaron cientos de millones de litros de agua en Sevilla: jamones de regalo para que el supervisor mirase a otro lado

El contraste es pasmoso: mientras la población de 90 municipios de la provincia de Sevilla sufre restricciones para riegos o lavados desde hace una semana, una treintena de agricultores latifundistas han robado supuestamente cientos de millones de litros de agua para desviarlos a sus cultivos de cítricos durante la última década. El agua sustraída para regar proviene del embalse del Pintado, que hoy está al 24,8% de su capacidad, con solo 53 hectómetros de los 213 que puede almacenar.

¿Cómo se roba agua a mansalva en el campo? Una comunidad de regantes que esté modernizada debe falsificar la lectura de los contadores y caudalímetros que miden el consumo de agua en las fincas tras canalizarla desde los embalses, con la connivencia de su guardería. Pero sobre todo tiene que lograr que la policía del agua, la Confederación Hidrográfica de la cuenca en cuestión, mire para otro lado y lo permita. Así lo describe la Guardia Civil en la Operación Confiar, que ha supuesto la detención de hasta nueve personas, acusadas de múltiples delitos, y que se investigan en el juzgado 18 de Sevilla.

La Comunidad de Regantes del Viar, situada al norte de la capital andaluza y con 2.000 agricultores, ha hurtado supuestamente durante una década millones de metros cúbicos para las 729 hectáreas de la margen derecha de su canal, una cantidad enorme imposible de datar por completo porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) no vigiló su consumo entre 2011 y 2019. Eso sí, solo en 2018 fueron 1.300 millones de litros.

“El volumen de agua consumido en la campaña de riegos extraordinarios en 2018 no se corresponde con 361.149 metros cúbicos (…) el consumo real en zona no regable fue de 1.602.185 metros cúbicos [como 600 piscinas olímpicas]”, denunció la Guardia Civil, que hace un año y medio detuvo a la cúpula de esta comunidad de regantes. En el sumario del caso, los investigadores explican cómo se desviaron presuntamente miles de millones de litros de agua potable, y gracias a los pinchazos desnudan la trama formada por cuatro dirigentes de la comunidad de regantes y tres altos cargos de la Confederación Hidrográfica, que recibían jamones de bellota como sobornos para ignorar los desmanes con el agua.

El cerebro de la trama y gerente de la comunidad, Juan Jesús Zamudio, mandó un mensaje telefónico a su técnico Francisco Chaves Gil para supuestamente trucar los contadores y así ocultar los excesos de riego ante las autoridades: “Tienes que hacer ajustar las lecturas con el volumen máximo concedido en este caso y en todos… Es culpa nuestra. Como la lectura final no es posible cambiarla, hay que cambiar la inicial, ¿ok? Y eso es lo que facturaremos. Este año NADIE PUEDE PASARSE, ¿lo entiendes? De la margen derecha”. Ante la Guardia Civil, Chaves Gil admitió gravísimas irregularidades, como haber puesto en peligro la vida de personas tras llenar dos balsas con cuatro millones y medio de metros cúbicos, superando con creces el límite permitido y sin plan de prevención, pero más tarde las negó todas ante la jueza. “Zamudio me da continuamente instrucciones para modificar los datos de lecturas de contadores y no quería archivos digitales por si pudieran ser transferidos fuera”, confesó a los investigadores sobre el gerente, que tiene un sueldo de 95.000 euros y lleva 34 años al mando.

Hasta 2010 la Comunidad del Viar solo tenía permiso para regar las fincas de la margen izquierda del canal del Viar en 11.000 hectáreas de seis municipios, pero ese año la cúpula ideó un sistema para desviar agua y beneficiar a un grupo selecto de amigos y familiares con grandes extensiones de cítricos, melocotones, almendros y olivos. ¿Cómo se maquilló tanto riego extraordinario durante una década? Imputando los caudales de las fincas de la margen derecha a las de la margen izquierda, que sí disfrutaban de concesiones legales de agua. Solo tres propietarios carecían de vínculos familiares con la margen izquierda y pagaron por cheque y transferencia, pero sin liquidación.

Como en toda buena historia, la clave está en el dinero: la riqueza que genera una hectárea de regadío se puede disparar hasta los 40.000 ó 60.000 euros al año en variedades muy apreciadas de mandarinas como las Orri o las Tango, plantadas en estas tierras por su excelente clima y servidas en mercados gourmet de las grandes capitales europeas. El beneficio de secano (1.500-2.000 euros/año) se duplica con cultivos de regadío como algodón o maíz, pero con naranjas y mandarinas con royalties se dispara hasta los 20.000 euros. Y de ahí para arriba hasta llegar a los 60.000 euros de la variedad Orri o Nadorcott.

El presidente del jurado de riegos de la comunidad, Juan Antonio León, de 85 años, fue el primer denunciante de los desmanes de la cúpula ante la Confederación Hidrográfica en enero de 2020. Esta entidad podía haber verificado los caudalímetros y reclamado las transferencias bancarias, pero en su lugar el comisario de aguas, Alejandro Rodríguez González [que gestiona las denuncias] se reunió con los dirigentes de la comunidad seis meses después para demostrarles su connivencia, según la transcripción de una conversación a la que ha tenido acceso este diario: “No voy a denunciar porque quiera la mayoría y luego a la policía, le sentó fatal, por qué tienen que mentir si el tío ha llevado las cosas bien (…) Tanto a Confederación como al Viar nos interesa que este tipo de cosas no prosperen, ¿Qué necesidad hay?”, relató a los altos cargos. Tiempo después, el presidente de la confederación, Joaquín Páez, mantuvo dos reuniones con los regantes denunciantes, pero también ignoró las graves irregularidades.

Desde hace dos años el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla dirige las pesquisas de este robo masivo, que se leen como una novela si se obvian los tecnicismos para desviar el agua. Entre los investigados por cohecho, fraude, amenazas y otros seis delitos sobresale el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Manuel Romero, que favoreció a una trama de poder y dinero instaurada durante décadas en esta comunidad de regantes.

Entre los pinchazos más jugosos destaca uno que revela una conversación de Zamudio, que comenta al presidente de la comunidad de regantes, Antonio Muñoz, el riesgo que corrían los latifundistas y ellos, antes de su detención: “Claro que se han cagado y han dicho hostias, nos van a pillar con el año 2018, pues eso es lo que estoy intentando trasladar, si nos pillan a nosotros les pillan a todos ellos, ¿eh? Que yo no te obligo a ti a coger agua del canal, que tú la coges porque te sale de los cojones, ¿vale? Y si la Comunidad de regantes se ha pasado, tú también te has pasado, ¿vale?”.

“Exceso de consumo consentido”

El equipo de delincuencia económica del instituto armado detalla sobre el desvío de riego: “El exceso en el consumo de agua era consentido y orquestado por los gestores de la comunidad (…) Los beneficios de esta práctica delictiva, en torno a los 200.000 euros [al año], eran ocultados por los gestores al resto de regantes”. La comunidad de regantes ha ocupado y cedido de manera supuestamente fraudulenta ―gracias a informes falsos― la finca Las Arenas, que pertenece a la confederación hidrográfica, organismo que ha permitido su uso a sabiendas de la irregularidad y sin precintarla.

Entre las irregularidades destacan las dos balsas de riego que los regantes llenaron con 4,5 hectómetros, por encima del límite permitido y sin plan de emergencia, lo que pudo provocar “resultados catastróficos” para las personas y el medio ambiente, destacan los agentes, que imputan a los dirigentes un delito contra la seguridad colectiva. Estos conectaron dos balsas a través de un colector sin autorización legal, lo que puso en riesgo la estructura, según los técnicos.

Durante cinco años (2016-2020) la confederación evitó exigir un plan de emergencia a los regantes por esas balsas de categoría B [al afectar a viviendas]. El jefe de área de la zona IV de la confederación, José Manuel Marcos Méndez, reconoció: “El gerente [Zamudio] es pleno conocedor del riesgo que acarrea tener las balsas hasta el máximo”. En 2004, Marcos Méndez fue condenado a 11 meses de cárcel y 14 años de inhabilitación por la rotura del depósito de agua de Melilla que había diseñado y que causó 11 muertos en 1997.

Año y medio después de la detención de la cúpula, casi nada ha cambiado en la comunidad de regantes, que sigue dominada por los mismos dirigentes. El gerente ha despedido a los tres técnicos empleados que colaboraron con la justicia, el último la semana pasada ha sido el vicesecretario de la comunidad, Mario Baselga, tras poner reparos a ciertas operaciones. Mientras, la confederación ha rechazado responder sobre la dejación de funciones y delitos supuestamente cometidos por sus responsables, que siguen en sus puestos excepto el director adjunto Joaquín del Campo, que se ha jubilado.

Entre los empleados despedidos no figura la abogada Mercedes Torres Salado, esposa del latifundista que arrienda tierras al presidente de la comunidad detenido y responsable de administración para la margen derecha. Hace cinco años el Tribunal Supremo condenó a Torres Salado por una estafa piramidal de 39 millones a cientos de testigos de Jehová y ahora está encarcelada, pero con una excedencia laboral para poder regresar a la comunidad de regantes del Viar en cuanto cumpla su pena.

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