El PSOE hace un gesto a Junts y aprueba la norma que endurece el castigo a la reincidencia de delitos leves

Junts celebró este jueves un gran triunfo en el Congreso. Las sonrisas resplandecían en el patio del palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde la formación independentista reunió a diputados, senadores y una delegación de alcaldes y concejales de localidades catalanas para hacerse una foto conjunta y celebrar la victoria. “Los ladrones que asustan a nuestra gente ya no entrarán por una puerta y saldrán por la otra”, presumió su portavoz en la Cámara, Míriam Nogueras. El Congreso acababa de aprobar definitivamente una de las más persistentes demandas de Junts: una reforma legal para endurecer las penas a los delitos multirreincidentes. El PSOE dio esta vez la espalda a sus socios de izquierda, incluido Sumar, para contentar al partido de Carles Puigdemont con una iniciativa apoyada por el conjunto de la derecha.

La geometría variable, esa etiqueta de la jerga política para designar la posibilidad de suscribir pactos diferentes según las circunstancias, todavía le funcionó al PSOE la pasada legislatura por la presencia de Ciudadanos. La extinta formación liberal fue decisiva para que el Gobierno aprobase cuestiones tan relevantes como la reforma laboral. Ahora, las posibilidades se han reducido para Pedro Sánchez y todo transita casi siempre por un único carril. Salvo que las exigencias de Junts obliguen al PSOE a unirse a la derecha en contra de su propio acompañante en el Gobierno. Como ha ocurrido ahora con la ley de multirreincidencia.

Diputados de Junts resaltaban este jueves que el mismo día que Puigdemont anunció la ruptura con el Gobierno, el PSOE se apresuró a reactivar la comisión que debatía la reforma sobre la multirreincidencia propuesta por el grupo independentista catalán. Los socialistas acabaron pactando un texto con toda la derecha que este jueves recibió el aval del Congreso antes de enviarlo al trámite del Senado. Salió con un amplio y poco habitual marcador: 302 votos a favor -PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN-, 36 en contra -Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG- y 8 abstenciones -ERC y Coalición Canaria-.

La reforma responde a una demanda muy extendida, sobre todo en Cataluña, como lo prueba que el PSC también llevase al pleno a varios alcaldes de ciudades del cinturón metropolitano de Barcelona y que ERC se abstuviese para consentir su aprobación frente al rechazo del resto de fuerzas a la izquierda de los socialistas. La norma reforma dos leyes, la de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, para endurecer las penas a las personas que cometan más de tres veces delitos leves como hurtos o pequeñas estafas. Los castigos pueden llegar hasta tres años de prisión. Se establecen figuras específicas para el robo de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos que contengan datos de carácter personal. También se refuerza la capacidad de los jueces para prohibir el acceso a determinados lugares, como barrios o calles, de quienes hayan persistido en delitos cometidos en esas zonas.

Dos frases resumieron los argumentos de partidarios y detractores. Entre los primeros, ese lamento de que hay delincuentes que “entran por una puerta y salen por la otra”. Entre los segundos, que la reforma solo castigará a los “robagallinas”, expresión en la que coincidieron Jon Iñarritu, de EH Bildu, y Martina Velarde, de Podemos, entre críticas al “populismo punitivo” de la norma. Muy duro se mostró también el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, quien acusó a los socialistas de estar abrazando argumentos de la “ultraderecha más reaccionaria”. Y hasta se preguntó si iniciativas así pueden ser un “experimento de gran coalición” entre PSOE y PP.

El socialista catalán Francisco Aranda le replicó con un dato: el año pasado se celebraron en Cataluña más del doble de juicios rápidos -5.900- que en Madrid -2.700-. Aranda defendió que la reforma es propia de una izquierda sensible a las preocupaciones por la seguridad, pero ajena a consideraciones xenófobas. PP y Vox apoyaron sin dejar de criticar que la reforma no se aprobase antes.

La nueva norma puede mejorar el clima entre el PSOE y Junts, pero está aún muy lejos de recomponer la relación, indispensable para la continuidad de la legislatura. Tras hacerse la foto triunfal en el patio del Congreso, fuentes de la formación independentista advirtieron de que los acuerdos con el Ejecutivo siguen rotos. Junts mantiene su intención de votar en contra del decreto del llamado escudo social si no se retiran las disposiciones que prohíben los desahucios a familias vulnerables. Los de Puigdemont consideran insuficiente el acuerdo del PSOE con el PNV para eximir de ese veto a los propietarios de una o dos viviendas. A la vez reclaman de los socialistas que respalden una propuesta de ley suya contra las ocupaciones. Y están a la espera de que se reformule la propuesta de traspaso a Cataluña de las competencias de inmigración, frustrado en su día por el rechazo de Podemos.

El primer pleno ordinario de 2026 se saldó además con una nueva reprobación ―sin valor legal― al ministro de Transportes, Óscar Puente, ahora por la tragedia de Adamuz y el caos de Rodalies. ERC y Junts no llegaron a apoyarla ―los republicanos sí lo habían hecho la semana anterior en el Senado― pero su abstención fue suficiente para que prevaleciesen los votos de la derecha. El pleno se cerró con otras dos pequeñas derrotas del Gobierno. Una ―ya consumada el pasado martes gracias a que Junts y PNV se abstuvieron―, la admisión a trámite de una proposición de ley del PP para dificultar la acción del Gobierno con presupuestos prorrogados. Y este jueves, una proposición no de ley del PSOE en defensa de la legalidad internacional que decayó por el rechazo de PP, Vox y UPN y una nueva abstención de Junts.