Bolaños achaca las críticas de Perelló a un “discurso político” y subraya que el Gobierno avanzará en las reformas de la Justicia

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enmarcado en un “discurso político” las críticas lanzadas por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, por la falta de jueces, los señalamientos a magistrados y las reformas del Gobierno, al tiempo que ha recalcado que el Ejecutivo seguirá adelante con los cambios previstos al considerarlos “imprescindibles” para lograr un servicio “de calidad”.

“Todo mi respeto a los discursos políticos que se leen”, ha dicho Bolaños este miércoles en declaraciones a la prensa, a su llegada a la inauguración de la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, al ser preguntado por la intervención de Perelló en la entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró el martes en la Escuela Judicial, en Barcelona.

El ministro ha confesado que hubo cosas que le “sorprendieron”, como “que el CGPJ solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia por primera vez en la historia de la democracia” lo conceda y “que no merezca ningún comentario positivo”. “Será en el próximo discurso. No hay tampoco que perder la paciencia”, ha ironizado.

Perelló denunció “un grave déficit de jueces” que “provoca un sobreesfuerzo y sobrecarga de trabajo” en los togados, “así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos”. “En nuestro país la media de jueces por habitante está muy por debajo de la europea ―unos 11 jueces por cada 100.000 habitantes frente a 17 jueces por cada 100.000 en Europa―“, detalló. El CGPJ había advertido de que debían convocarse hasta 320 plazas nuevas anualmente hasta 2032. Justicia anunció esas 500 solo para este año, destacando que superaban el total de las creadas en la última década. Sin embargo, Perelló puso el foco, no en la creación, sino en la convocatoria de esas plazas para que efectivamente puedan cubrirse. ”Es una buena noticia, pero no aborda ni resuelve el problema de fondo" porque “se crean plazas adicionales pero sin aumentar a la vez el número de jueces, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo”, razonó la jefa del Poder Judicial.

Perelló aprovechó la ocasión para reiterar también la “preocupación” del CGPJ “por los problemas que conlleva la implantación de la nueva ley de los tribunales de instancia”, reclamando “una planificación realista, inversión y cooperación institucional”, de modo que el Consejo tenga el rol que le corresponde como “actor esencial en las reformas que atañen a los jueces”. En la misma línea, hizo una encendida defensa del actual sistema de acceso a la carrera, que también quiere modificar el Gobierno. Perelló valoró que está basado en “los principios de mérito y capacidad”, y “acompañado de becas y apoyos que garantizan la igualdad de oportunidades” y la independencia judicial. Sobre esto último, también hizo algún apunte. Recalcó que “las críticas razonables” que “ayudan a mejorar” son “bienvenidas” pero reprochó “el intento de socavar la necesaria confianza de los ciudadanos en los tribunales, que todos los poderes públicos deben promover”.

Interrogado por todo ello, Bolaños se ha limitado a ratificar que el Gobierno va a seguir trabajando “en las reformas que necesita la Justicia”, incidiendo en que “el inmovilismo no lleva a ninguna parte”. A su juicio, son “imprescindibles” para “tener una Justicia del siglo XXI, de calidad y que merezca una buena valoración de la ciudadanía, no como pasa hasta ahora”.

Las palabras de Perelló ahondan la brecha en el CGPJ

Bolaños no ha sido el único en dar la réplica a la presidenta del CGPJ. Fuentes del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces lamentan que Perelló centrara su discurso en la defensa de la independencia judicial frente a la crítica política, tal y como viene haciendo desde que llegara al cargo en septiembre de 2024, sin mencionar que los jueces también deben ser responsables en sus actuaciones y manifestaciones. De hecho, las fuentes consultadas por EL PAÍS indican que, de cara a la entrega de despachos ―un acto solemne al que el mundo judicial otorga gran importancia―, el bloque progresista hizo varias sugerencias a la presidenta, entre ellas esa referencia a lo que ven como una necesaria autocrítica por parte de los jueces, y que finalmente no recogió. No obstante, cabe recordar que Perelló llegó al cargo predicando que “la independencia judicial lleva consigo, inseparablemente, la responsabilidad”.

Por contra, fuentes del sector conservador del CGPJ consideran que fue “un grandísimo discurso”: “Sólido, lúcido y poniendo blanco sobre negro la realidad”. En su opinión, las palabras de Perelló recogen el sentir mayoritario de la carrera judicial. Por ello, algunas voces avisan de que, si el discurso no fue bien recibido del lado progresista, es porque hay “palmeros del Ministerio” en el órgano de gobierno de los jueces.

Los distintos posicionamientos reflejan la actual situación del CGPJ, con una honda división entre los dos bloques del órgano que aumentó tras el nuevo reparto de poder acordado el pasado octubre. Entonces, el ala progresista acusó públicamente a Perelló de romper los equilibrios internos al entender que había dado más peso a sus pares conservadores. Esta crisis llegó a provocar que el líder en la sombra de dicho sector, José María Fernández Seijo, presentara su dimisión. Perelló no la aceptó y, desde entonces, se ha trabajado discretamente para calmar las aguas. El resultado ha sido un reciente acuerdo por el que Carlos Hugo Preciado, vocal propuesto por Sumar que inicialmente se integró en el grupo progresista —pero que ahora se define como “independiente” y se alineó con los vocales conservadores para la nueva configuración orgánica—, cedió su puesto en la Comisión de Escuela Judicial a Fernández Seijo. Sin embargo, para el sector progresista, este gesto, lejos de simbolizar la “paz”, supone solo un primer paso para recomponer relaciones. Así las cosas, unos y otros auguran otro bloqueo para cubrir la actual vacante en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y las que surgirán en los próximos meses, unos nombramientos discrecionales para los que se requieren al menos trece votos, es decir, un acuerdo transversal.