Aldama vincula un sobre de PDVSA procedente de Delcy Rodríguez con supuesta financiación ilegal del PSOE

El presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ha vuelto a comparecer este jueves como imputado, pero esta vez ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, Santiago Pedraz. En esta ocasión, ha contado que el sobre de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó en una conversación de WhatsApp con otro empresario se lo entregó la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, al tiempo que lo ha vinculado con una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.

Se trata de un sobre que apareció en una fotografía donde se podía ver como remitente al entonces presidente de la petrolera venezolana, Manuel Quevedo Fernández, y como destinataria a Rodríguez. La UCO sospecha que Aldama entregó a uno de sus socios, Alberto Escolano, este sobre para que se lo custodiara. Cuando los agentes detuvieron a este segundo empresario, no lo encontraron.

El fiscal anticorrupción le ha preguntado por este sobre, pero Aldama se ha negado a dar más detalles, ni acerca de su contenido ni de su finalidad concreta. Solo ha confirmado que se lo entregó Rodríguez. Y lo ha vinculado a una supuesta financiación ilegal del PSOE. Cuando el fiscal ha querido saber más sobre esa supuesta entrada de dinero ilegal al partido, el presunto conseguidor le ha replicado: “Eso es un tema que estamos llevando usted y yo en privado, pero si quiere le respondo”. Finalmente, no lo ha hecho, si bien de esta forma ha deslizado un posible pacto con la Fiscalía.

El empresario también ha relacionado ese sobre con otra supuesta financiación ilegal de la Internacional Socialista, sin que tampoco haya profundizado en ello. En declaraciones a la prensa, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, lo ha asociado a la elección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2022 como líder de la Internacional Socialista, aunque Aldama no ha aludido a ello ante el juez.

En esta nueva comparecencia, el empresario también ha vuelto a poner el foco sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Aldama ha sostenido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que el entonces presidente de Canarias intentó sacar adelante un negocio con Koldo García, que en ese momento era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y otro empresario, Manuel Salles, que consistiría en instalar unos depósitos fiscales ―contenedores donde se almacena el combustible― en la zona portuaria exenta de impuestos. De acuerdo con su versión, Salles y García llegaron a viajar a las islas para reunirse con Torres y tratar este asunto. Finalmente, el negocio no salió, ha puntualizado.

El problema, según ha explicado, es que Salles no tenía infraestructura porque Torres le habría exigido tener una operadora de hidrocarburos para que fuera la que entregara el combustible. Aldama ha indicado que hubo un viaje a México para buscar una operadora que tuviera filial en Canarias y acelerar así las cosas.

Desvincula al dueño de Villafuel de las presuntas corruptelas

En lo tocante al presunto fraude de combustibles que se investiga en esta causa, que el juez ha llegado a cifrar en 220 millones de euros, Aldama ha alejado las sospechas de su socio Claudio Rivas, dueño de Villafuel, la empresa de hidrocarburos que se sitúa en el epicentro de esta otra trama. La Guardia Civil apuntó en un informe que ambos encabezarían una organización criminal “especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en este sector estratégico”. Los agentes creen que dedicaron “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos y otros cargos públicos para, entre otras cosas, que Villafuel obtuviera el permiso administrativo como operadora de hidrocarburos.

En cambio, Aldama ha afirmado este jueves que en realidad fue Carmen Pano, otra empresaria a la que la UCO identifica como posible testaferro de Rivas y su emporio empresarial, quien pagó para conseguir favores pero para otra mercantil, Have Got Time. Ha relatado que Pano le dio entre 40.000 y 50.000 euros para que él a su vez se los entregara a Ábalos y Koldo. Incluso ha ironizado con que, si Villafuel hubiese buscado su ayuda para obtener la licencia de operadora, no habría tardado casi dos años en recibirla.

Además, ha negado lo que Pano ha ratificado en varias ocasiones, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo: que Aldama le habría dado 90.000 euros en metálico que ella llevó físicamente a la sede central del PSOE, en la calle de Ferraz de Madrid, para entregarlos. “Es mentira. Esta señora nunca ha entregado 90.000 en Ferraz porque yo se los haya dado”, ha dicho en declaraciones a la prensa a su salida de la sede judicial.

Interrogado por los medios sobre su rol en la trama de hidrocarburos, Aldama se ha desvinculado, ciñendo su relación con Rivas a negocios inmobiliarios. Ante Pedraz ha explicado que fue después, a raíz de la intervención de la hija de Pano, Leonor González, cuando surgió el tema de Villafuel. Esta segunda sociedad también inició los trámites para obtener el placet de los ministerios competentes, pero, según ha dicho, llegó un momento que la presión de las Pano para resolver el problema de Have Got Time era tal que Rivas llegó a temer que eso perjudicara a las gestiones sobre Villafuel y les pidió frenar. “Dejad ya de presionar”, habría instado Rivas, conforme ha descrito Aldama.

Para ilustrar el nivel de presión que se estaría ejerciendo, el presunto conseguidor ha dicho que el exasesor de Ábalos “tiraba como una ametralladora” a los jefes de gabinete de los ministerios que intervenían en las licencias de hidrocarburos porque García no sabía exactamente a quién debía dirigirse. La UCO recoge en un informe contactos del exasesor con los jefes de gabinete de Industria y Transición Ecológica de la época, Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, respectivamente. Pons testificó el lunes ante Pedraz y reconoció varios encuentros con García, pero los desvinculó por completo de la licencia de Villafuel. Sobre ellos, Aldama ha aclarado que no conocía a ninguno y que solo le constaba, pero por lo que le contaban terceros, que “todo estaba yendo bien” con los ahora exjefes de gabinete.

Aldama ha cifrado en unos 180.000 euros la comisión que habría pactado con Have Got Time para ayudar con distintos asuntos, si bien ha matizado que no fueron capaces de conseguir lo que se proponían y no llegaron a cobrarlo. Asimismo, ha negado que pagaran ese millón de euros para comprar voluntades, achacando esa cifra a un cálculo equivocado de la Guardia Civil donde incluiría el valor del chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que Have Got Time adquirió y luego alquiló a Ábalos para las vacaciones familiares de 2021.

En su descargo ante la prensa, Aldama se ha perfilado como un mero intermediario, rechazando que cobrara comisiones ilegales. “Yo todo lo que he cobrado lo he facturado y he pagado impuestos, tanto en Portugal como en España”, ha zanjado.

Fuentes de Ferraz atribuyen las acusaciones de Aldama a “un nuevo intento de desviar la atención sobre su situación jurídica” e insisten en que en el PSOE “ni ha habido ni hay financiación irregular”. “Las acusaciones sin pruebas no sustituyen a los hechos, ni los relatos inventados borran las responsabilidades penales de quien los lanza. [Aldama] Lo lleva haciendo desde que su situación judicial se complicó y vuelve a hacerlo ahora. Se trata de una estrategia vieja: sembrar sospechas sin pruebas y confiar que le reporte algún tipo de beneficio judicial”, alegan en la sede del PSOE sobre el presunto conseguidor de la trama Koldo, según informa José Marcos. El PSOE reitera que los controles internos y externos prueban que sus cuentas son legales y mantiene su colaboración con la justicia y la “tolerancia cero con cualquier irregularidad”.