La Fiscalía pide investigar al alcalde de Estepona por un posible delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias

La Fiscalía Provincial de Málaga ha pedido que se investigue al alcalde de Estepona (Málaga, 79.621 habitantes), José María García Urbano (PP), por los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Lo ha hecho después de una investigación de la Policía Nacional iniciada a principios de 2025 y relacionada con un concurso público para explotar un espacio de restauración en el edificio Mirador del Carmen, que quedó en manos de la pareja del hijo del regidor. Y lo hizo a pesar de que su empresa carecía de “solvencia económica y profesional” y cuya adjudicación, por tanto, resulta “inexplicable desde el punto de vista legal”, según subraya la fiscalía, que sostiene que ello “obedece solo a la voluntad unilateral de su adjudicación”. Fuentes del ayuntamiento sostienen que no ha existido “ninguna ilegalidad ni ningún delito” en el procedimiento. García Urbano tiene ya abierto otro frente judicial por malversación por, supuestamente, contratar a una amiga íntima como asesora municipal sin que la mujer desarrollara ninguna actividad.

El Mirador del Carmen es una polémica torre de 32 metros de altura en primera línea de playa, inaugurada en 2023 por el propio alcalde en compañía del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Se trata del edificio más emblemático impulsado por el Ayuntamiento de Estepona durante sus últimos años y tiene distintos usos. Entre ellos, el gastronómico, para cuya explotación en las plantas 10, 11 y 12 se realizó un concurso público. La denuncia interpuesta por la fiscalía malagueña, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, relata que fue el Grupo I de Blanqueo de la brigada provincial de policía judicial de la UDEF-UDEV quien arrancó la investigación el 10 de enero de este año acerca del proceso administrativo “como consecuencia de la alarma social generada ante la sospecha de que se adjudicaba a personas vinculadas con el alcalde”. Actuación policial que ahora ha aflorado, según el documento, indicios de los posibles delitos de malversación y tráfico de influencias.

El concurso público se inició en enero de 2023 con el objetivo de otorgar una concesión en esas tres plantas, las más altas, para una “actividad de restauración” que respondiese a un “proyecto turístico de calidad”. Participaron solo dos aspirantes. A un lado, Century Boni Group, administrada por un empresario de “amplia y reconocida experiencia en el sector” que presentó su propuesta el 30 de marzo. Al otro, la compañía Inversiones del Mar, que validó su candidatura el último día —el 3 de abril— a última hora, las dos de la tarde y que había sido fundada solo dos meses antes por la pareja del hijo del alcalde como única socia y administradora única. La denuncia relata que ni la socia ni su empresa tenían “experiencia previa en el tráfico jurídico mercantil y mucho menos en el ámbito de la restauración, actividad que no se encontraba en su objeto social” aunque sí fue incluido en mayo de 2023, después de presentar la oferta.

El pliego de condiciones para la adjudicación tenía “criterios cuantificables automáticamente” a partir de unos baremos establecidos por el ayuntamiento; pero también “criterio subjetivos” que, según la investigación, tenía que ver con la explicación de la actividad gastronómica a desarrollar. La investigación destaca que aunque ambas propuestas coincidían en los criterios económicos, Inversiones del Mar consiguió tres puntos más que su competidor en base a esos “criterios meramente subjetivos”. Y obtuvo la concesión a pesar de que, según el informe policial, “carecía absolutamente de solvencia económica y profesional”. Subraya la investigación que cuando fundó la compañía, los únicos ingresos de la pareja del hijo del alcalde procedían del desempleo y que el dinero para hacer frente a las garantías exigidas por el Ayuntamiento de Estepona le llegó de su pareja, a quien su padre, García Urbano, le había donado 20.000 euros apenas días antes de la consignación de la fianza. La mujer, además, vendió todas sus participaciones a un empresario y su hija, a pesar de que en el pliego de concesiones se prohibía la cesión a terceros sin la aprobación municipal.

La denuncia de la fiscalía recoge así que los hechos relatados presentan “indicios fundados” de constituir “posibles delitos de prevaricación y de tráfico de influencias”. Lo sustenta en que la adjudicación de la concesión no cuenta con los requisitos imprescindibles para contratar con la administración al carecer de solvencia económica y profesional y que ello “supone una contradicción con el derecho, inexplicable desde el punto de vista legal” y que, según los investigadores, “obedece solo a la voluntad unilateral de su adjudicación por parte del órgano adjudicador”. De ahí que la fiscalía pide al juzgado solicitar al Ayuntamiento de Estepona remitir los expedientes completos de la contratación y cite a declarar al alcalde junto a cinco miembros más que formaron parte de la mesa de contratación, al empresario que presentó la otra propuesta y a quienes compraron finalmente Inversiones del Mar.

“Tranquilidad absoluta”

Fuentes municipales aseguran que “no ha existido ninguna ilegalidad ni ningún delito por parte del alcalde” ni de los demás integrantes de la mesa de contratación. “Han sido funcionarios públicos, no cargos políticos, los que han participado y velado en todo momento por esa legalidad en todo el procedimiento”, subrayan y destacan la “tranquilidad absoluta” por parte del regidor, la corporación municipal y los funcionarios. “La licitación y posterior adjudicación por parte de los técnicos municipales se realizó con total transparencia y publicidad, siguiendo todos los procedimientos que establece la ley” insisten las mismas fuentes, al tiempo que recuerdan que la otra empresa que participó en el concurso no impugnó el proceso.

Este es el tercer procedimiento judicial relacionado con García Urbano en los dos últimos años. El primero fue una denuncia por acos sexual y coacciones a un funcionario municipal y a su pareja, que fue archivado por el juzgado el pasado mes de enero. El segundo, un caso de malversación de caudales públicos por la supuesta contratación una amiga íntima del regidor “sin que tuviera que desempeñar actividad alguna”, según un auto judicial emitido a principios de diciembre, que cree que el regidor se aprovechó de su puesto para contratar a su amiga como funcionaria eventual con plaza de asesora durante seis semanas.