El juez ve “indicios suficientes” para juzgar al alcalde de Estepona por malversación

El juez del juzgado de Instrucción Número 5 de Estepona ve “indicios suficientes” para juzgar al alcalde de la localidad, José María García Urbano (PP), por malversación de caudales públicos al contratar a una amiga íntima “sin que tuviera que desempeñar actividad alguna”. Considera que la contratación fue “una mera ficción jurídica” y, por eso, ha decidido continuar con la causa que investiga al regidor y a la propia mujer como cooperadora necesaria. Fuentes del Ayuntamiento defienden la inocencia de García Urbano y han asegurado que la prórroga de la instrucción es necesaria para “se pueda defender” ante una “acusación falsa”. El pasado 27 de noviembre la defensa del regidor había pedido el sobreseimiento del procedimiento, aunque todo apunta de que llegará a juicio.

El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recuerda que de las diligencias practicadas hasta el momento se desprende “de modo indiciario” que García Urbano, alcalde de Estepona desde el año 2011, aprovechó su puesto para contratar a una amiga íntima como funcionaria eventual, con plaza de asesora, en el Área de Control Externo del Ayuntamiento de Estepona, para la realización de labores de asesoramiento especial y confianza. Lo hizo el 13 de febrero de 2023 mediante un decreto de alcaldía, aunque cesó en sus funciones el 31 de marzo de 2023. En ese tiempo cobró 5.276,92 euros “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna derivada de este nombramiento”, según el juez, que considera que esos hechos “podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos” imputable a ambos investigados. El primero como autor directo; la segunda como cooperadora necesaria.

La instrucción también reveló que el regidor tenía una “relación íntima de amistad” con la investigada y que, a partir de unas conversaciones de WhatsApp, se aprecia como García Urbano le pagó de su propio dinero hasta 21.000 euros en transferencias mensuales entre enero de 2022 y 2023, ingresos que ella usaba para pagar el alquiler y gastos propios. Un mes después de que cesaran esos ingresos, fue justo cuando fue contratada como asesora en el Ayuntamiento de Estepona sin que tuviese “despacho ni lugar habilitado” para su labor, según recoge el auto, que subraya que no hay registro de control horario ni ninguna otra documentación. La mujer, en sus declaraciones, explicó que solo acudió a firmar su contrato. El propio concejal del área en la que fue contratada, Blas Ruzafa, aseguró que ese tipo de cargos son de elección directa del alcalde y que no había control alguno en su desempeño.

Un informe de la concejalía destaca que, específicamente, la mujer fue contratada “para recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”. Son tareas que, como dice el documento judicial, se pueden realizar “a simple vista” y, sin embargo, la mujer durante la duración de su contrato estaba residiendo en Córdoba por lo que “difícilmente podría desempeñar esa labor”. García Urbano dijo entonces que su cometido en realidad era “estar pendiente de las redes sociales, para analizar qué se hablaba en el municipio y cuáles eran las inquietudes de la ciudadanía”. El juez reconoce la contradicción evidente entre uno y otro y asegura que todavía no ha podido constatar “el verdadero cometido” de la mujer. De ahí que, como conclusión, entienda que hay “indicios suficientes” de que recibió su nómina sin hacer nada. Por eso considera que ambos podrían ser responsables de un delito de malversación de caudales públicos y que la instrucción debe continuar durante, al menos, seis meses más.

“Injusta campaña política”

Fuentes del Ayuntamiento de Estepona insisten en que la acusación es falsa y que “no existe ningún delito ni irregularidad en ninguna de las contrataciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Estepona desde que José María García Urbano es alcalde”. La defensa del regidor, de hecho, solicitó hace apenas unos días, el 27 de noviembre, el sobreseimiento del caso (mientras Fiscalía y acusación particular pidieron que siguiera adelante). Lo hizo en una comparecencia en la que también presentó un documento que mostraba la consignación de 5.276,92 euros del bolsillo del alcalde en la Tesorería del Ayuntamiento, la misma cifra que cobró la acusada.

Lo hizo, explicaron entonces, para dar “mayores garantías al procedimiento y demostrar la inexistencia de irregularidades y perjuicio alguno para el Ayuntamiento”. “En ningún caso la consignación de ese dinero supone un reconocimiento de culpabilidad por parte del alcalde como falsa y malintencionadamente ha manifestado la oposición, sino todo lo contrario”, señalaron las mismas fuentes. “Se trata, como ya ha quedado demostrado, de una inadmisible e injusta campaña política y mediática, con el único objetivo, como así ha ratificado la Justicia, de dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona, intentando apartarle del Ayuntamiento y de su compromiso con esta ciudad.

El pasado mes de enero, el juzgado de Instrucción Número 5 de Estepona archivó el otro caso de García Urbano que había llegado la justicia, una denuncia por acoso sexual y coacciones a un funcionario municipal y a su pareja.