El PSOE pide una auditoría al último hospital de Ribera Salud en la Comunidad Valenciana, prorrogado por Mazón hace seis meses

Los socialistas valencianos miran de reojo el escándalo que salpica al Hospital de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, un hospital público con gestión privada que lleva el grupo Ribera Salud. Y han pedido que se haga una auditoría a otro centro que la empresa gestiona en la Comunidad Valenciana en el mismo régimen: el Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche, cuyo convenio fue renovado el pasado mayo por el expresidente valenciano Carlos Mazón. Vinalopó es el último hospital público de gestión privada que gestiona Ribera Salud en esta comunidad, después de que se revirtieran los otros cuatro que existían, es decir, que pasaran a ser públicos de gestión pública.

En el origen del contrato de Vinalopó está el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, que pidió desvincularse de la gestión de Torrejón después de ordenar rechazar pacientes para ganar más, como ha revelado EL PAÍS con audios de la reunión que mantuvo del 25 de septiembre con una veintena de mandos.

Gallart firmó en 2007 con la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, el contrato de privatización de la gestión del Hospital Universitario del Vinalopó. El grupo parlamentario del PSPV-PSOE exige al Consell de Juanfran Pérez Llorca una auditoría pública después de que el ya expresidente Carlos Mazón prorrogara en mayo por otros cinco años la privatización de la gestión del centro, encomendada a una sociedad formada por Ribera Salud y Asisa.

Gallart rubricó el contrato de privatización del complejo hospitalario del Vinalopó, que construyeron a cambio de una concesión de 15 años ―el hospital entró en funcionamiento en 2010―, y que este mismo año se prorrogó hasta 2030, pues el contrato recogía esa posibilidad.

Bajo este modelo de gestión sanitaria privatizada ―por concesión― han llegado a funcionar cinco complejos hospitalarios en la Comunidad Valenciana: el de la Ribera en Alzira (que da nombre al modelo de gestión privada para un centro público, conocido como modelo Alzira), Torrevieja, Dénia, Manises y el Vinalopó: todos han vuelto a la gestión pública salvo este último.

La sociedad privada se comprometía en el contrato, que ha leído EL PAÍS, a la prestación de la asistencia sanitaria en atención primaria, especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria, las urgencias, la atención sociosanitaria y la prestación farmacéutica en los centros del área de salud Elche-Crevillente.

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ha expresado la inquietud de su formación porque el mismo responsable que ordenó en septiembre rechazar pacientes para ganar más en el Hospital de Torrejón “fue la persona que firmó en nombre del citado grupo la concesión del hospital ilicitano”.

El portavoz socialista ha destacado que Gallart es el responsable de la privatización del Hospital del Vinalopó, al que “el PP decidió prorrogar la concesión sin realizar ningún tipo de auditoría”, y “condenar” a más de 155.000 personas ―la población que reside en el área― a ir a un hospital “gestionado por una empresa que prima el beneficio económico”.

Como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso una auditoria por lo ocurrido en Torrejón, el PSPV exige al nuevo presidente valenciano la misma fiscalización.

Más años “por la calidad de los servicios”, dice el Consell

El portavoz del Ejecutivo valenciano, Miguel Barrachina, ha respondido a las críticas de los socialistas que decidieron mantener la concesión del Hospital del Vinalopó a Ribera Salud “por la calidad de sus servicios y por los compromisos que asumió esta empresa”, como la ampliación de camas o la construcción de un nuevo centro de salud en Crevillent.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, celebrada este viernes, Barrachina ha destacado que este hospital “está fiscalizado permanentemente, porque forma parte de la red pública, con la misma intensidad que el resto de hospitales de carácter público”. La empresa ha pagado 58 millones de euros y se ha comprometido a hacer a un nuevo centro de salud en Crevillent y a ampliar en 100 camas el actual hospital, ha explicado Barrachina, que considera que “lo conveniente para los ciudadanos era que se siguiese prestando” este servicio.