La batalla por devolver un hospital a la sanidad pública

Hace exactamente un año, la consejera de Sanidad Universal de la Generalitat valenciana, Ana Barceló, anticipaba un secreto a voces. El Gobierno autonómico abría el proceso para revertir la concesión del departamento de salud de Torrevieja (Alicante), que el sábado 16 de octubre pasará a ser de gestión pública, tras finalizar el contrato con la empresa que lo gestiona desde hace 15 años, Torrevieja Salud. Ahora, 12 meses después, el proceso se ha convertido en la crónica de una batalla campal entre ambas partes. Barceló asegura que Ribera Salud, la matriz que ideó las concesiones publico-privadas sanitarias en la Comunidad Valenciana, ha desmantelado el hospital que encabeza el área y no ha parado de obstruir los trámites de reversión, para el que no ha facilitado información alguna. La empresa ha tratado de frenar la pérdida del centro sanitario en los tribunales, en repetidas ocasiones, sin éxito. En vísperas del traspaso, la incertidumbre sigue reinando y demostrando lo complicado que es desmontar el entramado de concesiones sanitarias auspiciado por el Partido Popular.

El de Torrevieja es el segundo departamento sanitario que vuelve a la sanidad pública tras el de Alzira (Valencia), el hospital que dio nombre al modelo concesional. Ambas reversiones forman parte del programa del Botànic II, el acuerdo que llevó a la presidencia de la Generalitat al PSOE con el apoyo de Compromís y Podem. En él, se estipulaba “la recuperación de los servicios públicos privatizados una vez finalizada la concesión”. La de Alzira se produjo en marzo de 2018 y el balance de Barceló decía que, un año después, crecieron los puestos laborales, la inversión en equipamiento y la dotación de servicios. La de Torrevieja llega ahora y, si no hay cambios en el Ejecutivo valenciano, la misma situación se repetirá previsible y sucesivamente en los departamentos alicantinos de Dénia y Vinalopó (Elche), también gestionados por Ribera Salud. En los dos primeros casos se ha reproducido el mismo campo de batalla. La consejería se ve obligada a desarrollar los trámites al margen del proceso porque la empresa reserva toda la información hasta el final. Y los equipos legales de ambas partes litigan sin descanso.

Sanidad se ve obligada a avanzar a ciegas y al margen de los despachos para saber con qué se encontrará. Ribera Salud ni siquiera ha facilitado una sala en el interior del hospital al comisionado, José Pérez, la figura que hace de nexo de unión entre la Generalitat y la empresa privada. Y, según fuentes sindicales que prefieren permanecer en el anonimato, lo que hallará es una “situación caótica”. De los aproximadamente 1.600 trabajadores que daban servicio en el hospital y en los centros de salud diseminados por 100 municipios de la comarca de la Vega Baja, al sur de Alicante, 200 eventuales finalizaron sus contratos el pasado día 30 de septiembre y no fueron renovados. “Y este 15 de octubre prevemos que cesarán a otros tantos”, auguran las fuentes consultadas. El pasado miércoles, la consejería empezó a llamar por bolsa de trabajo a los potenciales empleados que deban cubrir las bajas que se produzcan, para garantizar la atención a una población cifrada en unas 180.000 personas.

Los que tienen contrato en vigor han tenido que proporcionar sus datos al comisionado en mano, en una oficina alquilada en Torrevieja. “La consejería pidió al comité de empresa que comunicara a los trabajadores que entregaran su documentación”, sostienen las fuentes sindicales, para poder tramitar sus nóminas y puestos de trabajo. “Desde junio hasta hoy mismo”, continúan, “los empleados han tenido que facilitar sus acreditaciones de categoría profesional, su DNI, su vida laboral y hasta los datos bancarios para que se les pueda ingresar la nómina”. El proceso fue lento y tortuoso, ya que Ribera Salud ha hecho todo lo posible para mantener el control del área sanitaria. Pero todo cambió el 28 de septiembre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) avaló el procedimiento emprendido por Sanidad para tomar las riendas de Torrevieja. Era la quinta vez que validaba tanto la finalización del contrato como las normas establecidas para la reversión. “Ese día, la plantilla se tranquilizó”, relatan las fuentes, “porque hasta entonces no sabían si la empresa seguiría al frente”.

También desde ese día comenzó a moverse la jerarquía del hospital. Se llegó a decir que 17 jefes de servicio habían abandonado el centro sanitario. En realidad, la mayoría de ellos daban servicio tanto en Torrevieja como en el Hospital del Vinalopó, una medida con la que la empresa reducía costes. Son “los sinergiados”, según la denominación sindical. “Algunos no eran ni jefes de servicio, sino trabajadores externos de especialidades que no existían en la cartera de Torrevieja y que cobraban por cada asistencia”. Tras el auto del TSJCV, “algunos se van a quedar”, confirman.

En una comparecencia ante los medios el pasado 8 de octubre, Ana Barceló denunció también el “desmantelamiento” de las instalaciones. Y puntualizó que un equipo de tomografía axial computerizada (TAC) cuyo “renting o leasing” había finalizado “iba a continuar” en el centro. Las fuentes consultadas inciden en que la dotación no está mermada y que almacenes del centro, como el de farmacia, siguen surtidos.

Sin embargo, parte de los servicios sí se han clausurado. “En los últimos 15 días”, explican, “se ha cerrado una planta de Cirugía General, con 30 camas, media planta compartida por Pediatría y Maternidad, de 10 camas, y tres boxes de los 18 que había en la UCI”, que llegó a disponer de 21 en pleno apogeo de la covid. También sostienen que “han cerrado citaciones y han bajado a mínimos las consultas externas, la actividad programada de quirófano y la plantilla de la puerta de Urgencias”.

Mientras tanto, Ribera Salud, que acaba de denunciar a Sanidad ante la Guardia Civil por un supuesto acceso ilegal a su sistema informático desde la oficina del comisionado, ha presentado este jueves sus números y califica el departamento que debe entregar como “el mejor de la Comunidad Valenciana según los datos oficiales de la Generalitat”. En opinión de José David Zafrilla, gerente del área, la concesión “finaliza con excelentes indicadores asistenciales y de gestión”, lo que demuestra, a su juicio, que reversiones como la de Alzira son “un auténtico fracaso”, con “el empeoramiento del servicio, el aumento de las listas de espera, el deterioro de las infraestructuras y el mal ambiente laboral”.

El modelo Alzira arrancó en 1997 con las obras del hospital del municipio que le da nombre, impulsado por el PP que entonces lideraba Eduardo Zaplana. Se basa en una concesión administrativa por la que una empresa construye y gestiona las instalaciones sanitarias y contrata una plantilla que no forma parte de personal de la administración. A cambio, recibe un canon, la cápita, estipulado a partir de la población atendida. Este modelo lo importó Esperanza Aguirre a Madrid, comunidad en la que Ribera Salud sigue al frente del Hospital de Torrejón. También gestiona centros en Galicia, Extremadura, Murcia y, fuera de España, en Perú.