El Gobierno salva con la geometría variable cinco proyectos en el último pleno de 2025

El último pleno del Congreso en este periodo de sesiones consagró hasta la máxima expresión las virtudes políticas de la geometría variable de esta legislatura. El Gobierno logró así, en uno de los peores momentos políticos de su mandato, el respaldo a cinco importantes proyectos, dos leyes muy sociales -una de ellas ya definitiva y la otra para iniciar su tramitación- y tres decretos con medidas económicas que beneficiarán a millones de funcionarios, a los afectados por el volcán de La Palma y a miles de ayuntamientos por todo el país. No fue un apoyo uniforme del bloque de investidura. El Ejecutivo de coalición salió de la sesión parlamentaria final de 2025 presumiendo de una ley de atención a la clientela pactada con Junts y otros socios,ya lista para su publicación en el BOE; con la luz verde de la Cámara para emprender una amplia reforma de la dependencia, sin el partido de Carles Puigdemont pero con los aliados habituales y la abstención del PP y Vox; y con otra derrota de los objetivos de déficit, paso previo al proyecto de Presupuestos para 2026, sin Junts y sin Podemos.

Los de Puigdemont dieron en el último momento una desagradable sorpresa al Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy en uno de los dos proyectos que sometía a votación. Aunque Junts se sumó a la base parlamentaria del Gobierno para rechazar la mayoría de las enmiendas introducidas en el Senado, controlado por el PP, a la nueva ley de atención a la clientela, sus siete diputados se unieron a los populares y a Vox para salvar una de ellas. Con ello lograron anular una disposición que pretendía introducir criterios más estrictos a la publicidad del juego online y que de este modo desaparece de la ley

“Ni tan mal”, resumieron con alivio en la cúpula del grupo socialista el balance de la jornada, que se presentaba como una especie de radiografía del estado político del país con un PSOE muy acosado por distintos escándalos judiciales. “Hemos ganado el 91% de las votaciones”, presumió en las redes sociales el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. El curso acabará así con medio centenar de proyectos aprobados en lo que va de mandato, en un esquema cada vez más peliagudo a la hora de componer mayorías tras el desmarque reciente de Junts. El PP se anotó como principal triunfo una proposición no de ley -que carece de efectos prácticos-, también apoyada por la formación de Puigdemont y Coalición Canaria, que aboga por rebajar del 10% al 4% el IVA de carnes, pescados y conservas.

En Junts molesta que ahora se interprete cada votación que sale adelante en el Congreso como que el Gobierno logra su apoyo. Los independentistas subayan que habían avisado de que solo refrendarían los cuatro proyectos ya cerrados y encauzados antes de su ruptura con Pedro Sánchez. Una de esas leyes que Junts descontaba como ya firmadas antes de haber sido votada es la de atención a la clientela, que refuerza los derechos de los consumidores y establece la obligación a las grandes empresas de atender a los clientes en todos los idiomas cooficiales.

El diputado de Junts Josep Maria Cruset lo explicó en su intervención y resultó un aviso para lo que ocurriría más tarde con el debate para justificar su oposición a la gran reforma pendiente de la ley de Dependencia y con lo que se viene en el próximo periodo de sesiones tras las Navidades: “Esto ilustra cómo tendría que haber sido la legislatura. Si se negocia con Junts, pese a las dificultades, se avanza y se llega a acuerdos relevantes, el trabajo sigue. Pero no vale solo con titulares del acuerdo, hay que impulsarlos y materializarlos”.

Los portavoces del PSOE, Sumar y ERC defendieron ante el PP que la nueva ley lo que persigue es otorgar más protección a los consumidores y clientes frente a las grandes empresas. El ministro Bustinduy manifestó que la norma, lista para su entrada en vigor, culmina “años de presiones de las asociaciones de consumidores” y supondrá “una extensión de la democracia en España”. No resultó, pero por unos minutos pareció que se reconstruía el bloque de investidura que llevó a Sánchez a La Moncloa. Un bloque que revivió también al inicio de la sesión con la convalidación parlamentaria de tres decretos aprobados por el Consejo de Ministros con un fin común: aliviar la vida de millones de personas.

El primero contiene una serie de medidas y ayudas para los afectados, hace ya cuatro años, por el volcán de la isla de La Palma, que van desde rebajas del IRPF a subvenciones medioambientales. Hubo críticas, pero por su tardanza. El segundo ratifica la subida de salarios pendiente para los tres millones de funcionarios, con carácter retroactivo y para 2026. Este decreto permitió al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, enfatizar que sus beneficios para los empleados públicos van más allá de la cuestión salarial y piropear a los miembros de la UME que se baten en todo tipo de desastres, los veterinarios que combaten la peste porcina, los agentes forestales, los profesores universitarios y las fuerzas de seguridad. El tercer decreto permitirá a los ayuntamientos destinar sus superávits financieros a inversiones sostenibles.

El PP apoyó los dos primeros decretos y se opuso al tercero. Lo que no impidió que durante los debates tanto populares como Vox se dedicasen a atacar a un Gobierno que pintan lleno de corruptos, que cede a todos los chantajes de los nacionalistas y no merece confianza en nada. Y, una vez más, a exigir elecciones.

Bustinduy también presentó la mayor reforma en dos décadas de la ley de dependencia, con el objetivo de acabar con su “infrafinanciación crónica” y pasar de un modelo asistencial, en el que se prima la gestión de instituciones, a otro volcado a la ayuda domiciliaria. PNV y Junts habían presentado enmiendas a la totalidad del proyecto por considerar que invade competencias autonómicas. Los nacionalistas vascos la retiraron a última hora porque, según explicó su portavoz, Maribel Vaquero, alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para corregir esas cuestiones. Junts, en cambio, la mantuvo hasta el final y se quedó solo, ya que PP, Vox y UPN se abstuvieron y el resto votó en contra.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó, por segunda vez en dos semanas, su propuesta de objetivos de déficit. Y como era de esperar, nada cambió respecto al primer intento: fue rechazada -esta vez de modo definitivo- al sumarse Junts a la derecha nacional y abstenerse Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó. De nuevo Cruset fue breve y contundente para anunciar el rechazo actual y futuro de Junts: “Ni objetivos hoy, ni Presupuestos mañana”.