El Congreso cierra el curso con un amplio apoyo a proyectos sociales del Gobierno y el nuevo rechazo a la senda presupuestaria

El último pleno del Congreso de 2025 terminará este jueves con el espejismo de un marcador tan favorable para los intereses del Ejecutivo que no se parezca en nada al enrarecido clima político que padece el país. La legislatura política parece que se complica por múltiples frentes, pero las votaciones del Congreso darán oxígeno al Gobierno, que cerrará la última sesión de este periodo antes de las Navidades con la ratificación de dos leyes y la convalidación de tres decretos por una muy amplia mayoría. Proyectos con un contenido social transversal como la ley de atención a la clientela o la reforma de la dependencia y de gran respaldo y difícil oposición como la subida salarial a los funcionarios. PP, Vox, Junts y Podemos, sin embargo, han anticipado que tumbarán el nuevo intento de aprobar la senda de déficit y el techo de gasto de los Presupuestos para 2026.

El Gobierno presenta, tras varias semanas de vacío legislativo en la Cámara, dos leyes de contenido social y promovidas desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, que en principio respaldará hasta el PP. No será la única semana de esta etapa en el Congreso en la que Pablo Bustinduy, de Sumar, acaparará el protagonismo en la defensa de proyectos del Ejecutivo, como ya ocurrió el mes pasado con la financiación de la ley ELA. El Gobierno ha puesto el acento, especialmente tras la ruptura con Junts, en acelerar y tramitar iniciativas ya muy pactadas y otras de contenido social o salarial y de pensiones a las que prácticamente ningún partido se opone.

Sucederá este jueves con la aprobación definitiva de la Ley de Servicios y Atención a la Clientela, que regula y contempla numerosas medidas para mejorar la relación de las empresas con los consumidores. El PP introdujo con su mayoría absoluta en el Senado enmiendas a esa ley que tanto ha exigido Junts, para limitar la obligación de que las empresas tengan un servicio de atención en todas las lenguas cooficiales si operan en autonomías con más de un idioma oficial. La mayoría de investidura se recuperará de nuevo para derrotar esas enmiendas. La propia Mesa del Congreso ya aceptó el martes un veto a otra de esas enmiendas porque supondría 3.780 millones de euros de afectación en el presupuesto vigente, al modificar el IVA sobre operaciones interiores.

La otra reforma legal que prosperará este jueves revisa tras 19 años de su entrada en vigor la ley de dependencia y el sistema de atención a personas dependientes ahora fundamentalmente en residencias y fuera de su hogar para centrar esos trabajos más en sus domicilios. No tendrá problemas.

A pesar de que el PP pide elecciones a diario y da por agotado el margen legislativo en el Congreso, el pleno convalidará con toda probabilidad con el voto del PP tres decretos enviados por el Consejo de Ministros: el que contempla el aumento salarial para 3 millones de funcionarios (de un 2,5% en 2025, con efecto retroactivo, y un 1,5% en 2026), otro para permitir el uso del superávit de otros ejercicios en inversiones sostenibles a los Ayuntamientos y otro para más ayudas a la isla de La Palma.

En la sesión se registrarán más votaciones variables, pero la que políticamente tendrá mayor coste será la segura derrota del nuevo intento frustrado de aprobar la senda de déficit y techo de gasto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. No cuenta con el voto de PP, Vox, UPN ni Junts, y Podemos, con sus cuatro diputados, ha avanzado su abstención porque denuncia que el Gobierno no hace los deberes en sus políticas antiarmamentísticas ni para solventar el problema de la vivienda.

El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar acabará en esas condiciones este periplo de sesiones en el Congreso con un cómputo total de 50 proyectos legales a favor, 28 leyes y 22 decretos ley.