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Gobierno
Crónica
Texto informativo con interpretación

Sánchez reintenta insuflar vida a la legislatura

El presidente se centrará en anuncios sobre sanidad y vivienda

Anabel Díez

Cada día es una vuelta a empezar ante la opinión pública. Sobre todo para los electores progresistas. También ante los militantes y cuadros del partido. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tropezado con la misma piedra al no tomar medidas, ni reaccionar con prontitud. Primero fue con los casos de presunta corrupción y ahora con los comportamientos machistas y de acoso sexual denunciado por trabajadoras en La Moncloa.

Pese a que el incendio recorre todo el partido y a todas sus federaciones, desde el Ejecutivo se insiste en que esto no es el fin de la legislatura. El presidente del Gobierno va a seguir adelante y ya proyecta redoblar propuestas que sean viables y asumibles por una mayoría parlamentaria. El objetivo es insuflar vida a la legislatura con medidas sociales acompañadas de recursos económicos. En esta idea coinciden el PSOE y Sumar, pero Yolanda Díaz quiere llegar más lejos.

El Gobierno de coalición discute en estos momentos el alcance de las medidas a tomar tanto en sanidad, como en vivienda. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, lleva meses (sin demasiada publicidad) ensanchando el camino con acuerdos y convenios, tanto con promotores como con constructores, para ampliar el parque de vivienda. Pese al enfrentamiento con las comunidades del PP y con su socio de coalición, en el ministerio seguirá con su hoja de ruta. Las exigencias de Sumar desbordan las competencias del ministerio, según apuntan fuentes del departamento, que apuestan por seguir con el diálogo. Para Sumar, la intervención de los precios es imprescindible para lograr que el mercado del alquiler sea accesible para millones de ciudadanos. Aunque las diferencias existen, desde el Ejecutivo insisten en que no cejarán en el empeño de ofrecer soluciones. Tampoco Podemos y el resto de los partidos de izquierda.

El otro frente abierto para el partido, los casos de corrupción, seguirá provocando sobresaltos durante los próximos días tras las acusaciones de José Luis Ábalos contra el propio Sánchez. Esto se une a la inacción de la dirección del partido en las denuncias por acoso sexual en el partido.

Sánchez ha pedido perdón por lo que ha ocurrido en el caso Salazar. El presidente sabe que las trabajadoras que denunciaron presuntos casos de acoso sexual de uno de sus colaboradores no han sido atendidas, pero lo atribuye al escaso tiempo transcurrido desde la creación del órgano interno de denuncias. El líder del PSOE busca como revulsivo recuperar el tiempo perdido y agilizar al máximo los expedientes. Una vez más, el presidente asegura que otra persona de su más estrecha confianza le ha fallado.

Lo que ha quedado demostrado es que una tupida red de protección ha salvaguardado a Francisco Salazar estos meses, desde que se conoció la denuncia el pasado julio. Lo mismo ha ocurrido con otro presunto acosador: el líder socialista de Torremolinos. “Ha vuelto el formato de liderazgo hipermasculinizado y testosterónico”, aseguró el domingo en este periódico la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. La mano derecha de Sánchez durante los primeros años de Gobierno asegura que lo que supo de los comportamientos de Ábalos lo conoció por su exmujer y que lo trasladó al partido, pero aclaró que la situación judicial del exministro nada tiene que ver con las razones por las que está investigado. El disgusto y la desazón de Calvo es compatible con la defensa de su partido y de sus gobiernos en todos los avances en igualdad y derechos de las mujeres.

Sánchez intenta ahora apagar con hechos este incendio —dentro y fuera de su partido— por haber desamparado a las víctimas y retomar sus compromisos con las políticas sociales, vivienda y sanidad. El líder del PSOE aprovechará la campaña electoral extremeña como altavoz para ello. El PP tratará de impedirlo y centrará su oposición en la denuncia de presunta corrupción y acoso a mujeres.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
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