El problema del PP tras ceder terreno en Valencia: Vox elevará el precio en Extremadura

La investidura de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat Valenciana, con el apoyo de Vox a cambio de amplias cesiones, ha desatado una alerta interna en el PP: lo que Valencia da, Extremadura podría cobrarlo caro. La inquietud ante la posibilidad de que la extrema derecha eleve el precio a partir de ahora, algo que confirman fuentes de Vox, recorre los pasillos de Génova y de los despachos autonómicos que también se examinan en las urnas después de la primera batalla, la de las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre. “Si [María] Guardiola cree que Vox va a abstenerse en su investidura, lo lleva claro”, advierte un líder autonómico del PP sobre los de Santiago Abascal. “Van a tratar de arrastrarla”, alerta.

En Valencia, el PP ha exhibido debilidad ante Vox aceptando buena parte del programa de la extrema derecha en dos asuntos de gran calado que impactan en multitud de políticas públicas: la transición ecológica y la inmigración. Pérez Llorca, autorizado por Génova, que quería evitar a toda costa elecciones en Valencia, asumió el rechazo al Pacto Verde Europeo (que fija la hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles en 2050 y fue promovido el Partido Popular Europeo) y la negativa a acoger a más menores migrantes. También aceptó suprimir las ayudas a las entidades de apoyo a los extranjeros y hacer públicas las estadísticas de delincuencia en la Comunidad Valenciana distinguiendo por nacionalidad.

El problema de esas concesiones, que el recién elegido president valenciano tuvo que incluir en un discurso de investidura trufado también de halagos a Vox, es que demuestran que los de Abascal tienen cartas para poner contra las cuerdas al PP. Un Vox reforzado en las encuestas y con la sartén por el mango en el próximo ciclo electoral ―con elecciones también en Castilla y León, Andalucía y es posible que Aragón en seis meses― es un peligro creciente para los populares.

Así lo confirman fuentes de Vox: el partido de Abascal va a exigir al PP a partir de ahora un precio “más alto” que el de Valencia a cambio de su apoyo. Con el argumento de que el caso de Pérez Llorca era diferente, porque ambos partidos acababan de firmar un acuerdo de presupuestos antes de la dimisión de Carlos Mazón, mientras que en las comunidades que van ahora a las urnas no ha sido posible pactar las cuentas públicas. Es el ejemplo de Extremadura y Castilla y León, con relaciones especialmente tensas entre PP y Vox.

En el entorno de Abascal advierten de la “contradicción” del PP, que acepta en unos territorios ―como la Comunidad Valenciana― lo que rechaza en otros: “Pacto verde, sí o no. Pacto migratorio, sí o no. No son cosas menores, y no puede haber un partido que tenga un pie en cada sitio”.

Vox, crecido

Vox tratará de agudizar esas contradicciones del PP, con la ventaja del precedente valenciano y de su fuerza creciente en las encuestas. El barómetro del CIS hecho público esta semana catapulta a los de Abascal en Extremadura, cortando el paso a una mayoría absoluta de María Guardiola. La estimación de voto dispara a la extrema derecha de los cinco escaños que logró en 2023 a entre 10 y 12 escaños. Así, aunque el PP ganaría las elecciones y lograría entre 25 y 29 diputados (ahora tiene 28), dependería de Vox porque no alcanzaría la mayoría absoluta, que está en 33.

La presidenta extremeña, temen en el PP, sufrirá si tiene que pactar su investidura con Vox, con quien arrastra además un pasado de desencuentros y de muy poca sintonía personal. En las elecciones de 2023, Guardiola protagonizó el discurso más duro que se ha escuchado en el PP contra Vox hasta la fecha: “Yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI...“. Al final, terminó dándoles entrada en su Gobierno con una consejería, la de Mundo Rural, que ocupó Ignacio Higuero, ahora en las filas del PP.

El acoso de un Vox crecido condiciona todos los movimientos del PP, también los de Alberto Núñez Feijóo. El líder popular retoma la estrategia de la calle con una nueva concentración este domingo contra el Gobierno después del ingreso en prisión provisional del exministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El lema de la protesta, “Efectivamente, ¿Mafia o democracia?“, podría firmarlo Abascal.

La moción inviable

Los populares tienen dudas del éxito de la convocatoria ― a la que acude la plana mayor y los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy― porque se prevé lluvia y la gente puede estar ya más preocupada de las compras navideñas. Pero Feijóo se ha visto obligado a moverse para sacudirse la presión de la moción de censura contra el Ejecutivo, que de momento, sin apoyos asegurados, no quiere presentar.

Feijóo ha lanzado un mensaje desde Barcelona a Junts para que preste sus votos, pero en la dirección del PP siguen sin ver viable una operación política de altísimos riesgos. Primero, porque los independentistas catalanes son incompatibles con Vox, y los votos de ambos serían necesarios para que saliera adelante. Pero también porque preocupa dar alas a Abascal con un movimiento que haría a Feijóo presidente en minoría supuestamente para convocar elecciones, pero con la obligación de pilotar el país hasta las urnas en una situación de extrema debilidad y complejidad.

El líder del PP coquetea con la idea presionado por el ambiente de exaltación de la derecha para desalojar a Pedro Sánchez del poder, y sin dejar de mirar de reojo a Vox. El problema es que tanto en su cúpula como en los territorios, el partido se divide en dos almas: los que tienen reservas a entenderse con los de Abascal ―como la extremeña María Guardiola― o los que apuestan por normalizar a Vox e ir de la mano “sin complejos, igual que la izquierda ha logrado hacer con Bildu”. Extremadura será el siguiente escalón donde el PP tendrá que resolver esa encrucijada.