La derrota de los objetivos de déficit desnuda la fragilidad parlamentaria del Gobierno

Con gesto e inflexión estudiadamente duros, Josep Maria Cruset, portavoz económico de Junts, lanzó la estocada final a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: “Todo el mundo sabe que no tendrán Presupuestos. Usted no quiere tenerlos, quiere que se los tumbe el PP para poder hacer su campaña en Andalucía”. La hiriente acometida de Cruset desde la tribuna del Congreso selló este jueves la cumplida amenaza del partido de Carles Puigdemont de forzar la derrota parlamentaria del Gobierno en la fijación de los objetivos de déficit y de deuda pública para 2026.

Fue la fisura más aparatosa en la mayoría ya resquebrajada que puso a andar la legislatura, pero no la única: Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó, ahora en el Grupo Mixto tras abandonar Sumar, también denegaron el apoyo, en su caso con la postura más suavizada de la abstención. La propuesta gubernamental decayó al obtener 164 votos a favor —el resto de la izquierda, el PNV y Coalición Canaria—, 178 en contra —toda la derecha: PP, Vox, UPN y Junts— y las cinco abstenciones reseñadas.

Pese a la derrota, tanto Montero en su intervención ante el pleno como La Moncloa en un comunicado tras la votación, ratificaron que seguirán adelante con la tramitación de los Presupuestos. Será con unas metas fiscales más restrictivas de las que se proponían y con nulas posibilidades de salir adelante, salvo un giro radical en el panorama político que nadie prevé en este momento. Casi todo el mundo lo dio por hecho durante el debate. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en unos términos casi calcados a los de Junts, teorizó que el Ejecutivo en realidad no tiene intención de aprobar los Presupuestos y que si sigue adelante con la elaboración es únicamente por su “campaña electoral”. En un tono menos beligerante, Àgueda Micó, de Compromís, justificó su abstención con la recurrente denuncia de los problemas de financiación de la Comunidad Valenciana.

En medio de ese escepticismo general, Montero trató de vender que la suerte de los Presupuestos todavía no está echada: “Vamos a dejarnos la piel, aunque sabemos que no será fácil”. La vicepresidenta expuso los grandes números de su propuesta: un objetivo de déficit del 2,1%, cuatro décimas menos, y aun así un incremento de los recursos disponibles del 8,5%. Eso supondría, según dijo, que las comunidades autónomas recibiesen 5.485 millones de euros más.

La titular de Hacienda obvió a Junts y dirigió toda la presión al PP, como el partido que preside 11 de las 17 comunidades. Lo hizo para acusarlo de dejar a sus propios gobiernos con menos recursos y para minimizar las consecuencias del fracaso parlamentario que se avecinaba, ya que no impedirá seguir adelante con la tramitación de los Presupuestos. “Actúan por puro interés político, para provocar una derrota parlamentaria, como si eso fuese significativo”, atacó.

Como parecía obvio, el llamamiento no inmutó lo más mínimo al PP. Su portavoz económico, Juan Bravo, ni siquiera negó que una de las razones del rechazo de su grupo era hacer visible que “aquella mayoría progresista de la que presumían ya no existe”. Bravo repitió un juego de palabras: “No puede pedir estabilidad [objetivos de estabilidad presupuestaria es el nombre oficial de la propuesta] un Gobierno que no es estable”. Aceptar las líneas presentadas por el Ejecutivo, agregó, equivaldría a facilitar “más ciudadanos españoles dependientes del Estado, más deuda y más impuestos”.

Cruset volvió a dejar claro que Junts ha roto. Con ligero acento burlesco, aleccionó al Gobierno a abandonar “el mundo color de rosa” de una supuesta mayoría parlamentaria que se ha evaporado. Por lo demás, insistió en sus conocidas denuncias sobre la infrafinanciación de Cataluña y unas inversiones del Estado “escandalosamente bajas”. En el bloque de rechazo, José María Figaredo, de Vox, protagonizó el momento escatológico del debate y carcajadas en el hemiciclo al denunciar que el Gobierno dilapida el dinero público en “infinitas mierdas”. El único diputado de UPN, Alberto Catalán, en su escaso minuto y medio, ni siquiera rozó un argumento económico: justificó su no por los escándalos de corrupción.

Pese a la bofetada recibida, los partidos del Gobierno pusieron toda la cautela para no empeorar las cosas con los de Puigdemont. Muy comedido, el diputado socialista Juan Antonio González Gracia apenas instó a Junts a la “reflexión” para que Cataluña no se viese privada de 1.000 millones más. Carlos Martín, de Sumar, evitó cualquier choque, después de que la víspera, en la sesión de control al Gobierno, su jefa de filas, Yolanda Díaz, disparase contra Junts con munición gruesa: “Entre la patria y la patronal, siempre eligen a la patronal, aunque sea española”. Martín se limitó a advertir de los males que acarreará la ausencia de Presupuestos y a rebajar el optimismo impenitente de los socialistas. Porque, según él, el “círculo virtuoso” de la economía “está a punto de averiarse”.

Otros mensajes a Junts entre los socios del Gobierno fueron siempre velados. El más directo, aun sin citarlo, resultó el de EH Bildu. Su portavoz económico, Oskar Matute, se refirió a que algunos estaban convirtiendo la votación en una “exhibición de fuerza” y les opuso una cita del subcomandante Marcos: “Solo la razón vence”. Por el PNV, Idoia Sagastizabal criticó genéricamente a los que iban a votar en contra sacrificando recursos para sus comunidades, a la vez que exigen que haya Presupuestos cuando no tienen intención de apoyarlos.

ERC, por boca de Teresa Jordà, mostró su disposición a negociar las cuentas, supeditada a un acuerdo previo sobre la “financiación singular” de Cataluña. En nombre de Coalición Canaria, Cristina Valido justificó su voto favorable para no contribuir “a una mayor parálisis de esta Cámara”. Néstor Rego, del BNG, admitió que la propuesta no le satisfacía, pero adujo que la alternativa de los objetivos de déficit actuales es peor.

El Gobierno saldó el pleno semanal con esta significativa derrota y otra mucho menor en una moción del PP sobre los trámites para el carné de conducir. También quedó de manifiesto la discrepancia dentro el Ejecutivo sobre la política de vivienda: los socialistas no respaldaron una propuesta de Sumar para impedir que fondos de inversión y empresas comercialicen viviendas. La conclusión de la semana parlamentaria sembró además nubarrones sobre los próximos plenos. El PNV anunció una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que modifica las de discapacidad y dependencia. Los nacionalistas vascos alegan que invade competencias autonómicas. Coinciden con Junts, que también presenta enmienda. El objetivo de déficit volverá el próximo pleno, de nuevo con nulas posibilidades.