Última hora de la actualidad política, en directo
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El Gobierno celebra este martes un Consejo de Ministros en un ambiente marcado por la decisión de Junts de vetar todas sus iniciativas legislativas. Por otro lado, PP y Vox siguen negociando el marco político en el que se moverá el sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. El president en funciones comparece este martes por la tarde en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, ocho días después de anunciar su dimisión. Mientras, el Tribunal Supremo reanuda el juicio al fiscal general del Estado con una jornada en la que declaran cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Felipe González expresa su “respeto” al Supremo en el juicio al Fiscal General: “De ningún modo voy a pronunciarme sobre su trabajo”
Felipe González ha evitado pronunciarse sobre el juicio a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, cuya inocencia ha defendido Pedro Sánchez en una entrevista en EL PAÍS. “Respeto lo que está haciendo el Tribunal Supremo, de ningún modo voy a pronunciarme sobre su trabajo”, ha declarado a su llegada a la primera edición de Los Desayunos del Campo en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, en los que SOS Rural es el patrocinador principal. “Creo que la verdad se acabará imponiendo. Y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente”, sostuvo Sánchez. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y la asociación mayoritaria de fiscales han criticado al presidente por “romper la independencia judicial” según Feijóo.
“Eso es lo que dice Junts”, ha añadido el expresidente socialista sobre el bloqueo parlamentario que afronta el Gobierno en el Congreso tras la última vuelta de tuerca del partido de Carles Puigdemont, que la semana pasada anunció la presentación de enmiendas a la totalidad a la acción legislativa del Ejecutivo, aunque sin que se muestre partidario de una moción de censura con PP y Vox.
La cruzada de Vox contra el centro de menores tutelados en la pedanía de Santa Cruz, en Murcia, ha funcionado. El cierre de este espacio era para los de Santiago Abascal una condición indispensable para apoyar los presupuestos de la comunidad autónoma y, desde el pasado 15 de octubre, es una realidad. Los 70 menores que residían en él, españoles y extranjeros no acompañados, han sido trasladados a otros recursos de la comunidad autónoma, un movimiento muy criticado por las entidades que trabajan con estos jóvenes, y que tampoco tiene del todo contento al partido ultra, que exige ahora acabar con todas las instalaciones de este tipo.
El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, comparece este martes por la tarde en la comisión de investigación de la dana de las Cortes Valencianas para dar cuenta de los trabajos de reconstrucción de la zona afectada por la riada de octubre de 2024, que se cobró la vida de 229 personas, y someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios. Lo hace una semana después de su dimisión, el pasado 3 de noviembre, y de su última aparición pública en el pleno del Gobierno valenciano que tuvo lugar al día siguiente en Alicante. Desde entonces, silencio.
Hace ya muchos años, declaré ante un juez tras publicar, junto a una compañera, varias informaciones sobre un caso de corrupción que salpicaba a Izquierda Unida en Sevilla que estaba bajo secreto de sumario, esa fase en la que solo el juez y el fiscal conocen el estado de las investigaciones policiales. Se conoció como caso Camas, por una localidad cercana a Sevilla capital, en el que se investigaba el pago de comisiones por recalificaciones urbanísticas. Era la primera vez que estaba en esa tesitura incómoda. Llegado el momento, la comparecencia no llegó a durar ni tres minutos. El abogado del denunciante me preguntó cómo había obtenido la información y me limité a acogerme al secreto profesional. A continuación, me preguntó si podía precisar si la información nos había llegado en un dispositivo electrónico o en papel. No tuve necesidad de responder porque el juez le interrumpió y le dijo que me había acogido a un derecho constitucional y que no tenía que responder a esa pregunta. Tras unos segundos de desconcierto, el magistrado preguntó al letrado si tenía alguna otra cuestión y este comentó que no tenía ninguna más. Nos levantamos y nos fuimos. El caso se archivó.
El juicio del que está pendiente toda la política española entra en su fase decisiva. Entre este martes y el próximo jueves, se cerrará la vista por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, un proceso que en sus tres primeras sesiones públicas no ha aportado una prueba incriminatoria, más allá de los indicios que ya se tuvieron en cuenta para sentarlo en el banquillo. En esta recta final se abordará uno de los pilares de la acusación contra García Ortiz: el borrado de sus dispositivos electrónicos. En ese punto se prevé un choque entre la Fiscalía y la UCO por las deducciones que esa unidad de la Guardia Civil incluyó en sus informes.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este martes 11 de noviembre.
El Gobierno celebra este martes un Consejo de Ministros en un ambiente marcado por la decisión de Junts de vetar todas sus iniciativas legislativas.
Mientras, PP y Vox siguen negociando el marco político en el que se moverá el sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. El president en funciones comparece esta tarde en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, ocho días después de que anunciara su dimisión.
El Tribunal Supremo reanuda el juicio al fiscal general del Estado con una jornada en la que declaran cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El juez Arturo Zamarriego toma este martes declaración como testigos al abogado Jacobo Teijelo y a ocho periodistas que publicaron informaciones relacionadas con Leire Díez.
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