El exconcejal de Marbella Carlos Fernández pagará una multa para evitar la cárcel tras estar huido 19 años de la justicia

Dos décadas después ha llegado una de las últimas condenas derivadas de la Operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella. Carlos Fernández, concejal que escapó en verano de 2006 durante la segunda fase de detenciones policiales, ha aceptado este miércoles una condena de 4.095 euros de multa y una indemnización de 258.000 euros más intereses al consistorio marbellí, que como acusación particular reclamaba la restitución del dinero saqueado. Es el pacto que ha llegado con la fiscalía en la vista que se ha celebrado en la Audiencia Nacional y que evitará la celebración de juicio por el caso Saqueo II. El edil fue detenido el pasado 29 de octubre a su llegada al aeropuerto de Barajas desde Argentina, donde residía desde su huida, como ya había avisado su defensa con el objetivo de “ponerse a disposición de las autoridades judiciales de España”, según su defensa.

Fernández protagonizó una de las fugas más sonadas de un caso tan mediático como Malaya. Había comenzado su carrera política de la mano de Jesús Gil en 1991 y años más tarde llegó a ser segundo teniente de alcalde de Marbella en las filas del Partido Andalucista. Durante la operación contra la corrupción urbanística en el municipio malagueño fue acusado por la fiscalía de prevaricación, malversación y cohecho pasivo por recibir, presuntamente, 150.000 euros de Juan Antonio Roca, cabecilla de la trama corrupta. Ya había sido condenado a dos años y medio de cárcel por malversar dinero del equipo de fútbol de San Pedro Alcántara, pero esta vez la fiscalía le pedía entre ocho y diez años de prisión. Cuando supo que iba a ser reclamado por el juez Miguel Ángel Torres, huyó. En 2006 se excusó diciendo que iba a hacer el Camino de Santiago y se le perdió la pista en un hotel de Ponferrada. De ahí cruzó a Portugal, voló a Brasil y el 2 de julio entró en Argentina, donde ha residido desde entonces.

A mediados del pasado octubre, el exconcejal avisó a través de su defensa de que tenía previsto viajar a España y que llegaría el 29 de ese mes para entregarse “voluntariamente” para ponerse a disposición de la justicia. Quería solucionar su situación, que ya le llevó a entregarse a las autoridades argentinas en 2017 para dar un impulso al proceso que perseguía declarar prescritos su delitos. Tras su aterrizaje en sueño español fue detenido y, más tarde, puesto a disposición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta lo dejó en libertad, con el apoyo de la fiscalía, que a estas alturas solo le reclamaba una multa. Y se lo citó para la vista celebrada este miércoles.

El tribunal le ha preguntado si aceptaba las peticiones de las acusaciones y Fernández ha dicho que sí, que reconocía los cargos de los que se le acusaba y estaba dispuesto a pagar las sanciones que conllevan. De esta manera, ha sido condenado a una multa de tres euros al día durante tres años por un delito de malversación y otro de dos multas de tres euros al día durante nueve mes por falsedad continuada en documento mercantil, como recoge Efe. En total, 4.050 euros. A ello se suman los 258.000 euros que reclamaba el Ayuntamiento de Marbella —que ejercía la acusación particular en el caso— y que en su día habían sido desviados hacia el concejal. Como se le deben sumar los intereses, fuentes municipales creen que la cifra final rondará el medio millón de euros porque han pasado casi 30 años de los delitos. “Había que restituir ese dinero a las arcas municipales sí o sí. De otra manera, no se hubiera aceptado el pacto previsto por Fiscalía y se tendría que haber celebrado el juicio”, explican las mismas fuentes. El ministerio fiscal pedía inicialmente un año y nueve meses de prisión para Fernández.

El caso Saqueo II recogía numerosas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Marbella entre los años 1991 y 1999. En concreto, el desvío de unos 70 millones de euros del consistorio a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los concejales, además de un fraude a la Seguridad Social de 91 millones. Tras la celebración del juicio, la Audiencia Nacional condenó a Julián Muñoz en 2013 a seis años de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos agravado y a pagar indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil de manera solidaria más de 40 millones de euros. En la sentencia también se condenaba a otros seis años de prisión a Juan Antonio Roca por el mismo delito y a indemnizar de manera solidaria casi 38 millones de euros.