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El dinero de Malaya, lejos de Marbella

Las multas y el patrimonio decomisado en el procedimiento, a los que aspiraba el Ayuntamiento, deben ingresar por ley en las arcas del Estado

De izquierda a derecha, Rafael Linares, José Godino y Manuel Caballero-Bonald, durante la lectura de la sentencia del caso Malaya. Ampliar foto
De izquierda a derecha, Rafael Linares, José Godino y Manuel Caballero-Bonald, durante la lectura de la sentencia del caso Malaya.

Al margen de condenas y absoluciones, cuando se notificó la sentencia del caso Malaya, el 4 de octubre de 2013, llamaron especialmente la atención unos párrafos incluidos en el fallo en los que el tribunal decía hacerse eco del “deseo” de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero decomisado en este procedimiento revirtiera en la ciudad, por lo que acordaba que bienes y multas fueran utilizados para abonar la deuda que el Ayuntamiento tiene con la Seguridad Social y Hacienda, heredada del gilismo.Actualmente es de 260 millones de euros. “Salvo mejor criterio de la superioridad”, precisaban los magistrados. La fiscalía ha recurrido ahora ante el Tribunal Supremo este tramo de la resolución, por impopular que parezca la medida, porque sostiene que no se ajusta a la ley. El real decreto que regula los depósitos y consignaciones judiciales establece que estos deben transferirse al Tesoro Público. Solo ahí.

“Legalmente no es posible, por eso se recurre, la fiscalía actúa en el marco del principio de legalidad”, apunta un portavoz del ministerio público de Málaga. Varias fuentes consultadas coinciden en este punto y en la gran dificultad (por no decir directamente imposibilidad) de que judicialmente se pueda variar el destino de bienes y multas. Para lograr que Marbella pudiera beneficiarse del dinero recaudado en sanciones y decomisos del caso Malaya, una vez que la sentencia sea firme, el movimiento debería ser político, no judicial.

La sentencia impone multas por 580 millones y cifra el patrimonio amasado irregularmente por Juan Antonio Roca, considerado jefe de la red de corrupción, en unos 100 millones. Entre los bienes que se le intervinieron está la finca de La Caridad, en Marbella, un inmueble con el que se ha intentado sin éxito saldar la responsabilidad civil en el caso Saqueo I.

“La ley (…) establece con carácter imperativo el destino de estos caudales y el tribunal no puede alterarlos a su capricho, cualquiera que sean las razones que le asistan para ello”, dice el recurso de la fiscalía. Se efectúa “una bienintencionada, aunque irregular atribución de lo recaudado”, añade. Para entender esto hay que combatir lo que desde el ministerio público tachan como “visión equivocada” de Malaya, que es un caso de corrupción pura y dura. Es decir, este procedimiento no versa sobre el expolio de las arcas de Marbella, asunto que se ha tratado en la Audiencia Nacional en los casos Saqueo I y II, que han deparado al Ayuntamiento una indemnización total por responsabilidad civil de 64 millones (la sentencia del caso Saqueo II no es firme). Hay pendientes diligencias por convenios e irregularidades que también pueden implicar la devolución de fondos a las arcas municipales.

El delito estrella en los procesos de la Audiencia Nacional ha sido la malversación de caudales públicos. Malaya gira sobre blanqueo y cohecho. El blanqueo “no genera perjuicio”, recuerdan desde la fiscalía. Este es un mensaje difícil de difundir. La sentencia sí reconoce un daño para el municipio de 1,38 millones por un convenio en el que se ha penado un fraude, por tanto, esa es la indemnización que corresponde a la Administración local. “Y el Ayuntamiento, por ley, es el primero que cobra; el resto debe tener el destino legal”, concluyen las fuentes.

El tribunal, presidido por José Godino, quiso introducir un elemento “novedoso” que considera “razonable” por “la situación excepcional” que vivió Marbella, donde la Corporación municipal fue disuelta tras el estallido de Malaya. “Sería de justicia”, apuntan fuentes cercanas a la sala. Reconocen que “la base legal es difícil”, pero insisten en que estarían “plenamente de acuerdo” en que hubiera un cambio legislativo para que esto fuera posible.

Al introducir esta posibilidad se da “un paso más” con el objetivo de “anticiparse” al movimiento de los partidos políticos. El Parlamento andaluz instó al Gobierno en octubre de 2010 a “impulsar las medidas necesarias” para que los bienes incautados en Malaya y en otros procedimientos vinculados al Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 2006 se destinen a restituir el daño patrimonial. “¿Que no puede ser? Pues se acepta, pero se puede hablar y debatir”, argumentan las fuentes.

El Consistorio está totalmente de acuerdo en esto y tiene la intención de impugnar el recurso presentado por la fiscalía del Tribunal Supremo. “Es una aspiración irrenunciable lograr el reintegro de los fondos que salieron ilícitamente”, explica el portavoz municipal del PP, Félix Romero. Su apuesta es que la sentencia de Malaya mantenga esa “mención revolucionaria”.

El Supremo tiene ahora la palabra. Según las fuentes consultadas, el alto tribunal no podría decretar la búsqueda de fórmulas para compensar a Marbella porque es competencia del Ejecutivo. ¿Existe alguna posible solución? La maniobra sería política. Cuando la sentencia fuera firme, podría destinarse dinero a la ciudad mediante la modificación de partidas presupuestarias.

El fiscal pide elevar la pena a 36 condenados

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido en su recurso de casación elevar los años de cárcel a 36 condenados en el caso Malaya.La Audiencia de Málaga penó a 52 personas de las 95 que se sentaron en el banquillo de los acusados a algo más de 130 años de prisión y 580 millones en multas. Para Juan Antonio Roca, considerado jefe de la trama de corrupción, reclama añadir 10 años a los 11 que le impuso el tribunal de Málaga. En uno de los puntos solicita eliminar la atenuante de confesión que se ha aplicado en el blanqueo de capitales.

En el caso de los delitos de cohecho, el otro gran eje del procedimiento, la fiscalía cree que la conclusión del tribunal para aplicar el tipo atenuado ha sido “errónea” y que los sobornos realizados por los empresarios a los concejales sí fueron por actos específicos probados. Para los ex cargos públicos reclama elevar de dos a tres años y medio la condena por este delito. También solicita eliminar la atenuante de detención irregular que se ha tenido en cuenta en el caso de 10 condenados, entre ellos, Montserrat Corulla.