El Gobierno prevé aprobar las 35 horas para los empleados de la administración estatal en febrero

El ministerio de Función Pública y los sindicatos del sector público, CC OO, UGT y CSIF, han acordado este miércoles reunirse a lo largo del mes de enero para impulsar la implantación de la jornada de 35 horas y el teletrabajo para los empleados de la Administración General del Estado (excluidos las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), según han informado desde los sindicatos CSIF y UGT Servicios Públicos. Esta medida no afecta a los trabajadores de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos.

En concreto, el compromiso de los responsables de Función Pública es implantar ya la jornada de 35 horas en la administración estatal en febrero, ha indicado el secretario de Administración del Estado de UGT, Servicios Públicos, Carlos Álvarez. No obstante, distintas fuentes admiten que, aunque ese es el compromiso ministerial, la complejidad de las negociaciones puede llevar a marzo su plena implementación. En cualquier caso, la adopción esta nueva jornada implicará que la Secretaría de Estado de Función Pública emita una resolución de jornada y horario que la establezca y sustituya a la actual, que fija 37,5 horas semanales.

Desde la década de los 90, muchas administraciones públicas empezaron a adoptar las 35 horas semanales, pero la estatal nunca llegó a implantarlas. En 2012, los recortes motivados por la crisis financiera eliminaron esta jornada de 35 horas en todas las administraciones y esta prohibición se mantuvo hasta los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Desde entonces, algunas administraciones autonómicas, como Castilla y León o Canarias, han implantando esta jornada.

Entre las corporaciones locales las 35 horas no están aún muy extendidas, aunque ya ha varios ayuntamientos que cuentan con ella. El más grande de todos es el ayuntamiento de Barcelona, que acaba de alcanzar un preacuerdo con los sindicatos este mismo martes para ponerla en marcha.

Para llevar a cabo la implantación de la jornada de 35 horas, que se producirá por primera vez en la historia en la administración del Estado, los responsables del departamento de Función Pública han indicado a los sindicatos que se reunirán a lo largo del próximo mes con los diferentes responsables de los departamentos ministeriales para concretar cómo poner en marcha esta reducción de la jornada. Estas concreciones podrían implicar algunas excepciones en la aplicación de las 35 horas.

El desarrollo del teletrabajo requerirá más tiempo, con toda seguridad, aunque se impulsará también el próximo mes de enero, han explicado distintas fuentes. “Para implantarlo, el Gobierno no se ha comprometido a ninguna fecha”, ha asegurado Álvarez. La idea del Ejecutivo y los sindicatos es abordar esta cuestión desde el acuerdo adoptado por el entonces ministro de Asuntos Territoriales y Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos (CSIF, UGT, CCOO, CIG). En aquel pacto, cuyo desarrollo se pretende materializar ahora, se incluía, entre otras cosas, que el teletrabajo sería siempre “voluntario y reversible”; que los trabajadores a distancia tendrían los mismos derechos y obligaciones que los presenciales; y se adoptó como regla general, adaptable a cada circunstancia, un modelo de tres días de teletrabajo y dos de presencia física en el puesto.

Estos compromisos se han alcanzado en una reunión las comisiones de seguimiento de las cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como del nuevo Acuerdo Marco de las Condiciones Laborales recientemente firmado por CC OO, UGT y CSIF.

Además, la nueva comisión de seguimiento del acuerdo recién firmado (que ha recogido una subida salarial para los empleados públicos ha acordado volver a reunirse el próximo 29 de enero para constituir los grupos de trabajo de Igualdad, Digitalización e IA, Salud Laboral y Empleo Público para el desarrollo del resto de puntos del acuerdo. CSIF ha propuesto además la creación de tres nuevos grupos: Promoción Interna y Clasificación Profesional, Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y Derechos Laborales.