Gobierno y sindicatos centran en los funcionarios de rango intermedio la negociación sobre reclasificación de categorías

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite esta semana una proposición de ley, a instancias del Parlamento de Cantabria, de gran relevancia para los funcionarios de mayor rango. La iniciativa propone eliminar las subdivisiones A1 y A2 dentro del grupo A (graduados universitarios) en la clasificación de puestos de los funcionarios. Esta iniciativa llegó a la Cámara baja de manera inesperada, ya que ni el Ministerio de Función Pública ni los sindicatos del sector tienen actualmente entre sus prioridades negociadoras esta reclasificación de los funcionarios de los niveles más altos.

Sin embargo, fuera del ámbito parlamentario, el Gobierno y los sindicatos del sector público, sí están negociando cambios que implican algunas reclasificaciones de los grupos del funcionariado, pero están centrando estas modificaciones en los grupos intermedios (B, C1 y C2) del colectivo, en lugar de en las categorías más altas, como reclama la iniciativa legislativa que acaba de iniciar su camino en el Parlamento. Así lo indican distintas fuentes consultadas en el Ejecutivo y las centrales sindicales.

De esta forma, actualmente existen varias vías en las que se están estudiando reclasificaciones del personal funcionario: el Congreso de los Diputados, para los cambios de las categorías de funcionarios del grupo A; y la negociación entre el Gobierno y los sindicatos para los niveles intermedios.

Este último ámbito negociador, según las fuentes consultadas, es el que más visos tiene de salir adelante a corto y medio plazo. El objetivo es desarrollar el grupo B (Técnicos Superiores de FP) con funcionarios que son actualmente C1, así como el paso de algunos C2 a C1 o incluso la unificación de todo el grupo C.

Desde UGT Servicios Públicos son tajantes: “La unificación del grupo A no está entre las prioridades de la negociación [entre los sindicatos y el Ministerio de Función Pública]”. Por el contrario, “sí es urgente que aquellos profesionales técnicos superiores de FP que cuando accedieron a la oposición se encuadraron el el grupo C1 sean reclasificados en los nuevos grupos B —muy escasamente desarrollados salvo por algunas leyes de Función Pública autonómicas—, porque se les exigió una titulación superior y están en un grupo que ya no la exige", explican desde este sindicato.

De hecho, este desarrollo del grupo B, que ya recoge el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (conocido en el sector como TREBEP) es una de las cuestiones que han quedado pendientes de cumplimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Sigo XXI, firmado por el Ejecutivo y los sindicatos CC OO y UGT y que terminó su vigencia el pasado 31 de diciembre de 2024. Pero ahora, Función Pública acaba de reeditar este acuerdo, al que se ha sumado el sindicato CSIF, y las partes tienen pensado compaginar la puesta en marcha de este nuevo acuerdo junto a la celebración de reuniones en enero para terminar de desarrollar las cuestiones pendientes del anterior acuerdo (2022-2024). Entre ellas el citado desarrollo del grupo B, para que se encuadren en él los técnicos superiores de FP que ahora son C1.

Técnicos de laboratorio y de radiología

El grueso de este colectivo está formado por personal sanitario: técnicos de laboratorio o de radiología, que estarían encuadrados de manera incorrecta en el grupo C1. La responsable del departamento de Políticas y Función Pública del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), Miriam Pinillos, explica que esta reclasificación de los C1 al B puede hacerse de manera progresiva y en dos fases. En primer lugar se llevaría a cabo una reclasificación automática de todos los que ya son técnicos superiores y realizan tareas propias de esta titulación; y, en segundo lugar, a través de la promoción interna, teniendo en cuenta la experiencia profesional y los cursos habilitantes.

Pero estos cambios de los niveles intermedios no se quedan aquí. Para Pinillos, la negociación debe ir más allá, con la unificación de los C1 y C2 en un solo grupo, ya que aunque se exijan titulaciones diferentes, “en el terreno de las administraciones las tareas que ejecutan los funcionarios de ambos subgrupos (administrativos y auxiliares administrativos) son exactamente las mismas”.

Como mínimo, los sindicatos persiguen que haya funcionarios C2, como los auxiliares de enfermería, que suban a técnicos medios de FP (C1), ya que en la práctica, en muchas convocatorias de empleo público actuales, los puestos ocupados por técnicos medios de FP están clasificados como C2 porque la convocatoria exige solo tener el título de la ESO como requisito mínimo (no se exige específicamente el título de FP medio).

En cualquier caso, los sindicatos recuerdan que la normativa actual ya permite a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos desarrollar también, a través de las escalas y niveles, esta reclasificación. El nuevo texto de la Ley de Función Pública, que lleva meses atascado en el Congreso de los Diputados, ahonda en estos cambios de categorías. De hecho, desde CC OO han solicitado que el Estado facilite los fundamentos jurídicos que han establecido para el desarrollo del grupo B en el ámbito estatal, para que pueda servir de ejemplo para el resto de administraciones.

En paralelo a todas estas negociaciones ha surgido la proposición de ley en el Parlamento a instancias del Parlamento de Cantabria. El proyecto viene impulsado por la presión de los colectivos de enfermería y fisioterapia, que a pesar de contar con los créditos de grado que se exigen como mínimo para ser A1 (240), están encuadrados en el subgrupo A2, lo que les veta el acceso a grupos de investigación o a puestos de gerencia en hospitales, por ejemplo.

La solución de eliminar los subgrupos A1 y A2, unificando un solo grupo A, con la posibilidad de que haya una especie de categoría A plus (para las titulaciones que requieran 360 créditos, como los médicos), no convence en absoluto ni a los sindicatos ni a las asociaciones de funcionarios de mayor nivel. “La propuesta de la proposición de ley dejaría igualmente dos subgrupos en el grupo A, pero requeriría un mayor desembolso presupuestario para mejorar el salario de los A plus, y la subida salarial de los actuales A2″, explican desde UGT. De momento, los principales grupos parlamentarios consultados han declarado que la tramitación de esta norma está en un momento muy inicial, por lo que aún no quieren dar a conocer sus posturas.

Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que agrupa a una cuarentena de asociaciones de funcionarios de los cuerpos superiores, ha rechazado de plano la desaparición de los subgrupos A1 y A2, que recoge la proposición de ley, y ha exigido “la retirada inmediata de la propuesta”. Esta asociación, —que engloba a inspectores de Hacienda, Trabajo, abogados del Estado; actuarios y economistas de la Seguridad Social; diplomáticos; ingenieros de todo tipo; estadísticos; entre otros muchos profesionales del mayor nivel de la administración—considera que el texto legislativo “supone igualar a la baja la cualificación de los funcionarios, ya que la selección de los A1 es mucho más exigente y las capacidades y responsabilidades tampoco son las mismas”.