Las mentiras y medias verdades del discurso de Mazón: del “jamás recibimos ayuda” a la falta de avisos y de cálculo político
La jueza ha calificado de “ficción” el relato sobre la ausencia de información previa a la catástrofe

Carlos Mazón empezó a mentir para tratar de mantenerse en el cargo el día de la dana que causó 229 muertes en la Comunidad Valenciana y lo ha seguido haciendo hasta este mismo lunes, un año después, cuando, acorralado por la instrucción judicial de la causa por la gestión de la riada, las investigaciones periodísticas, la pérdida de apoyo electoral de su partido en la región y la demoledora imagen del funeral de Estado el pasado miércoles, ha presentado su dimisión como presidente de los valencianos. Estas son las falsedades y medias verdades que ha vertido en la declaración institucional, sin preguntas, en la que ha comunicado su renuncia.
“Es momento de reconocer los errores propios (...) como permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos por no dar explicaciones a tiempo...”
Tras 12 manifestaciones multitudinarias pidiendo su dimisión, Mazón ha iniciado su comparenencia este lunes, más de un año después de la riada, diciendo que ahora era el momento de reconocer sus errores, como no haber dado las explicaciones suficientes para evitar que se creara, en el imaginario colectivo, dijo, la imagen de “un presidente ausente”. Es cierto que algunos periodistas difundieron informaciones sin contrastar sobre lo que hizo aquella tarde, pero también que ni siquiera al anunciar su dimisión como presidente de la Generalitat Mazón ha aclarado qué hizo en aquellas horas. Tanto él como su Gobierno lanzaron distintas versiones de su actividad esa tarde que medios de comunicación como este fueron desmintiendo, una por una. En un primer momento, el Consell aseguró que Mazón estaba en el Palau a las cinco de la tarde pendiente del desarrollo de la reunión del centro desde el que se coordinaba la emergencia, el Cecopi, que había comenzado a esa hora. Pero Mazón estaba en una comida con la periodista Maribel Vilaplana, de la que él mismo dio diferentes versiones sobre los motivos y la duración: almuerzo “de trabajo” que luego fue “privado”, en calidad de líder del PP valenciano, no como presidente de la comunidad...
“La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamosorosa y sigue siéndolo hoy. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos...”
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha explicado que el 29 de octubre de 2024 llamó tres veces (a las 12.23, las 12.48 y las 14.00) a la entonces consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, responsable de Emergencias, para ofrecerle medios ante el agravamiento de la situación. Pradas los rechazó. La Generalitat también renunció, en un principio, a la ayuda que le brindaban administraciones del mismo color político, como el equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam), que se ofreció entonces a acercarse por si finalmente los necesitan, como así fue. Minutos después de las dos de la tarde, Pradas sí aceptó la ayuda del Ejército, pero solo para Utiel. Tras la catástrofe, la consejera negó tales ofrecimientos por parte de la delegada del Gobierno, pero unas imágenes captadas por TVE de una reunión con su equipo la desmientieron porque se la oye hablar, precisamente, de ese ofrecimiento: “La UME se ha puesto a disposición de poder desplazarse aquí...”.
A las 7.47 de esa mañana, el teniente general Javier Marcos, al mando de la UME, había ordenado suspender todas las actividades programadas por el Batallón de Intervención en Emergencias III, con base en Bétera (Valencia) y preparar material por si fuera necesaria su salida urgente.A las 15.29, el centro de coordinación de Emergencias hizo la solicitud formal de presencia de la UME en Utiel-Requena, pero lo hizo mal: pidió “desmovilización” en lugar de “movilización”. Advertidos del error, enviaron un nuevo formulario a las 15.41. A esa hora, en aplicación del despliegue adelantado, el general Marcos ordenó el envío de una patrulla de reconocimiento hacia la zona, pero la situación se había agravado tanto debido a las lluvias torrenciales que solo 56 de los militares lograron llegar al destino de la misión asignada porque los 40 restantes se quedaron rescatando a gente en el camino. “Desde la mañana del 30″, ha llegado a asegurar este lunes Mazón, “nos hicimos cargo de un trabajo ingente prácticamente solos”. El despliegue militar en la Comunidad Valenciana fue, como recordó el Rey, “la mayor operación del Ejército en tiempo de paz”. Abarcó a 30.000 efectivos —hasta 8.500 simultáneamente sobre el terreno—, durante cinco meses en los que realizaron 12.552 misiones relacionadas con la búsqueda de desaparecidos; rescates; achique y extracción de lodo; limpieza de garajes; extracción de vehículos de cauces de ríos y barrancos; instalación de puentes provisionales; abastecimiento a la población de agua, alimentos y productos de primera necesidad y evaluación de infraestructuras. Su zona de actuación, 4.608 kilómetros cuadrados, equivale al 43% de la provincia de Valencia, donde 72 municipios se vieron afectados por la devastadora riada.
“Con el temporal yéndose a Cuenca a las seis, según la Aemet, era inimaginable que unas pocas horas después, el Poyo pasara de estar seco a ser una trampa mortal (...) Nunca lo supimos”
Como lleva haciendo desde el día posterior a la riada, Mazón ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de ocultar información clave para calibrar el riesgo de la dana. La realidad es que, con la misma previsión, otras instituciones valencianas, como la Universidad, tomaron medidas de precaución -de las que Mazón se burló aquella mañana en un acto con empresarios-, como cancelar las clases. El aviso de la Aemet era “rojo” -“riesgo extremo por fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto”, según el plan Meteoalerta- desde las 7.31 de la mañana. Hasta aquel día, solo uno de cada 400 avisos en los últimos cinco años había sido de ese color. A las 11.50, la Confederación Hidrográfica del Júcar ya había anunciado que había barrancos desbordados y que el Magro, que acabó desbordado, crecía “de forma importante”. A las 12.20, el jefe de climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, con 22 años de experiencia, se había pronunciado en sentido contrario al presidente valenciano en el programa El Rall, de À punt, la radio pública autonómica: “Tenemos que estar más pendientes. En zonas donde no llueve, pueden llegar ríos, ramblas, barrancos muy crecidos y aunque los que nos estén oyendo estén en una zona que no sea de lluvia, no hay que confiarse porque estas situaciones de gota fría con precipitaciones torrenciales en sierras y en montañas de interior son las más peligrosas porque el agua corre, arrastra coches, vemos ríos y barrancos crecidos...”. A las 14.23, la Aemet de la Comunidad Valenciana recordaba que la situación seguía siendo “muy adversa” y que “hay aviso rojo activado hasta las 18.00″. A las 18.09 y las 18.10, Aemet Valencia llamó a Protección Civil para informar de la prolongación durante dos horas más del aviso rojo en el litoral norte de Valencia.
La instrucción de la gestión de la dana ha desmontado el relato exculpatorio que Mazón ha mantenido hasta hoy. El jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, que declaró como testigo, es decir, con obligación de decir verdad, explicó que la Generalitat supo del riesgo en el barranco del Poyo más de dos horas antes de enviar el mensaje de alerta a móviles; y un vídeo que el Gobierno valenciano ocultó durante meses a la jueza de Catarroja confirmó que la exconsejera imputada en la causa, Salomé Pradas, conocía que había que vigilar el barranco del Poyo y el río Magro por alerta hidrológica a las 12.32 horas del 29 de octubre.
En distintos autos avalados por la Audiencia Provincial de Valencia, la jueza se ha negado a imputar a los responsables de la Aemet o la CHJ y ha calificado de “ficción” o “autoficción” las afirmaciones de Mazón sobre una supuesta falta de información de cauces y barrancos o sobre “la ausencia de alerta hidrológica por la tarde en el barranco del Poyo”,
“Afirmaban que yo estaba retrasando la alerta y todo para tapar los tremendos fallos que tuvieron las agencias del Gobierno y para aprovechar la muerte para hacer política”
El mensaje de alerta a móviles se envió a las 20.11 de la tarde del 29 de octubre de 2024. Para entonces, el 112 había recibido más de 15.000 llamadas de socorro. “Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos”, ha afirmado la jueza de Catarroja, “la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”. La exconsejera de Emergencias Salomé Pradas, imputada en la causa, ha desmentido ya a Mazón, al que asegura que llamó dos veces esa tarde para reportarle sobre el envío de la alerta sin que el entonces presidente valenciano atendiera el teléfono. La periodista con la que el presidente valenciano pasó buena parte de aquella tarde, Maribel Vilaplana, también ha declarado que Mazón no dejó de recibir llamadas, pese a lo cual no transmitió la mínima inquietud. Además, Inmaculada Piles, jefa de servicio de la centralita telefónica de emergencias 112 de la Generalitat, declaró ante la jueza que el Gobierno central les pidió a las 18.35 el envío de la alerta. A esa hora, Mazón seguía con Vilaplana.
“Nunca he sido ajeno al estado de ánimo de la opinión pública”
De nuevo, lo que Mazón hizo desmiente lo que Mazón dice. El hasta ahora presidente valenciano ha ignorado durante un año las peticiones de dimisión en 12 manifestaciones multitudinarias. También ha evitado reunirse con las principales asociaciones de víctimas de la dana y la línea principal de su discurso ha sido, hasta este mismo lunes, la de descargar en otros (las agencias dependientes del Gobierno central) su propia responsabilidad. El ya expresident ha permanecido ajeno a la indignación ciudadana hasta el pasado miércoles, cuando, en el funeral de Estado tuvo que mirar de frente, por primera vez, al conjunto de familias que lo perdieron todo aquella tarde y que una vez más, esta vez en presencia de los Reyes, exigieron su dimisión.
Mazón también ha asegurado este lunes que en su actuación jamás ha pesado el “cálculo político”. El hasta ahora presidente valenciano ha rechazado todos los ofrecimientos de la jueza de Catarroja para declarar voluntariamente, es decir, ha aprovechado su condición de aforado para evitar colaborar con la justicia en la causa abierta por la gestión de la riada, y su decisión de renunciar a la presidencia de la Generalitat pero no a su escaño de diputado le permite continuar como aforado. La dimisión, además, viene precedida de la presión del PP nacional y de su líder para frenar la sangría de apoyo electoral que reflejan todas las encuestas. Alberto Núñez Feijóo apoyó a su barón —“habéis hecho un gran trabajo”, llegó a decirle en un acto en Alicante—, hasta el día del funeral. Fuentes de la Generaliat informan de que Mazón tiene la intención ahora de pedir una baja médica, lo que favorece que se ausente de las comisiones de investigación en las Cortes en las que tenía que declarar.
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