Un jefe de bomberos revela que la Generalitat supo del riesgo en el barranco del Poyo más de dos horas antes de enviar la alerta en la dana

La Generalitat Valenciana que pilota Carlos Mazón, del PP, conoció el riesgo extremo del barranco del Poyo, detonante de la dana que dejó 229 fallecidos el pasado 29 de octubre, más de dos horas y media antes del envío de la alerta masiva a móviles para informar a la población de la magnitud de la tragedia. Así lo ha revelado este miércoles un jefe del Consorcio Provincial de Bomberos a Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga una de las mayores catástrofes naturales de España.

En su comparecencia como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad, Manuel A., oficial de guardia de bomberos, ha admitido que reportaron a la administración autonómica del peligro del desbordamiento de la rambla a las 17.30 horas. La Generalitat, sin embargo, no envió la notificación a los teléfonos para avisar a la población de la dimensión de la tromba hasta las 20.11, cuando se amontonaban los muertos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

Reconstruir cada minuto de la tragedia es esencial. La magistrada maneja la tesis de que la demora en remitir el aviso disparó la cifra de víctimas. “A las 17.30 horas, desde Ribarroja (Valencia, 24.230 habitantes), nos comunican que el barranco del Poyo va al límite de agua. Esto se traslada al centro de Emergencias de la Generalitat”, ha explicado el funcionario, según confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

La revelación del anónimo empleado público trastoca la línea de defensa de la Generalitat y del PP. Y confirma que, cuando la administración autonómica se percató del peligro del desbordamiento, Mazón todavía tenía por delante una hora larga de sobremesa en el céntrico restaurante valenciano El Ventorro. Su salida del establecimiento se fraguó a las 18.45 horas, según una nueva versión que dio en una carta abierta la semana pasada Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó durante la aciaga jornada con el barón popular.

En un emocionado relato, el testigo ha destacado que el control del caudal del Poyo, epicentro de la riada, apenas duró una hora y media. Y que la monitorización del nivel de las aguas se ejecutó entre las 13.05 y las 14.40 horas del día de la aciaga jornada. “La retirada [de los bomberos] se produce porque se considera concluido el trabajo de vigilancia. El sargento de bomberos es quien considera concluida esta tarea”, ha admitido para precisar después que esta orden fue avalada por la Generalitat.

El funcionario ha enmarcado en una orden del departamento de Emergencias regional la decisión de dejar de controlar el caudal. “Si desde el centro de coordinación [del organismo autonómico] se hubiera dado una instrucción más detallada, con permanencia, con lecturas cada tiempo, se hubiera hecho así. Con la información que se dio, se entendió que no era una labor con permanencia”, ha contado a la jueza.

En un detallado relato, también ha explicado cómo fueron sus movimientos antes de marcharse de la rambla. “Solicitamos instrucciones al centro de comunicación y se nos dice que nos retiremos de la base. El sargento de coordinación entendió que el trabajo está realizado”, ha apuntado.

La retirada anticipada de los efectivos del barranco del Poyo fue ordenada, en última instancia, por un miembro del Cecopi, el organismo de emergencias de la Generalitat que coordinó la crisis del 29O, según ha confesado el testigo, que ha admitido también que, tras movilizarse para vigilar el caudal de esta rambla, informaron a la administración autonómica de dónde se encontraban.

Y otro dato chocante: el Cecopi no se interesó por conocer cuál era la situación de los bomberos desplegados el día de la dana en el río Magro, donde se encuentra la presa de Forata. La rotura de esta infraestructura pudo causar 20.000 muertos, según informes que maneja la propia Generalitat, que debe monitorizar a estos efectivos, según el Plan de Inundaciones.

El responsable del Consorcio Provincial, que ha declarado en calidad de autor de un informe incorporado a la causa, ha sostenido que la información sobre los movimientos de los efectivos pudo no registrarse en el denominado Cordcom, una suerte de caja negra de Emergencias que refleja todas las decisiones relevantes.

La salida de los bomberos del Poyo se ha revelado como uno de los grandes agujeros negros de la aciaga jornada. El que fuera jefe durante la riada de este cuerpo, que depende de la Diputación de Valencia, José Miguel Basset, ya jubilado, justificó que los efectivos se fueron de este lugar anticipadamente “porque había ganas de comer”. Tras estallar la bronca política y pedir disculpas, el mando enmarcó la decisión en un descenso del caudal.

Poco más de una hora y media después de su marcha, decenas de llamadas alertaban al 112 –la centralita telefónica de emergencias de la Generalitat- del desbordamiento del barranco del Poyo a la altura de los municipios valencianos de Cheste (9.022 habitantes) y Chiva (17.245).

El testigo ha admitido en el juzgado que no se supervisó el barranco del Poyo la víspera de la inundación. “El día anterior o ese día, no se hicieron rondas de seguimiento con los bomberos provinciales. No sé si con otros recursos se hizo”, ha admitido. También ha reconocido que no se comunicó con el que fuera director de Emergencias de la Generalitat durante la tragedia, Emilio Argüeso.

Junto con la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, Argüeso es uno de los dos exaltos cargos del Gobierno de Carlos Mazón investigados en la causa. El president les destituyó cuatro semanas después de la inundación, cuando arrancaban unas pesquisas que indagan los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Las explicaciones del PP

El PP se acoge a un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) solicitado por la comisión de investigación de la dana para pedir explicaciones al Gobierno. El portavoz del grupo popular en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez, ha requerido este miércoles al Ejecutivo y a la CHJ explicaciones de “por qué mandaron a casa a los agentes responsables de vigilar el Poyo”. Pérez ha señalado “el falso relato del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la fatídica riada del 29 de octubre ya no se sostiene”. El popular no ha hecho ninguna referencia a la marcha, a las 14.40 horas, de los bomberos del barranco del Poyo enviados por la Generalitat.

La CHJ ha recordado que ni sus agentes medioambientales ni “los datos suministrados a tiempo real a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) -el mecanismo de esta institución que controla los caudales- suplen, en ningún caso, la vigilancia de los servicios de intervención en el territorio”, en alusión a los equipos para este tipo de crisis de la administración que pilota Mazón.