Un exalto cargo de Mazón imputado en la dana defiende que actuó “de forma excelente” en la tragedia

Un ex alto cargo del Gobierno de la Generalitat Valenciana que pilota Carlos Mazón, del PP, sostiene que su actuación durante la dana –la catástrofe natural que dejó 229 muertos el pasado 29 de octubre en la provincia- fue “excelente”.

Emilio Argüeso, que fue director general de Emergencias autonómico durante la inundación y está imputado en la causa que indaga la tragedia, estima a través de su abogado que ni él ni la otra investigada en las pesquisas, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, tuvieron responsabilidad en la crisis desatada tras la monumental tromba.

En un recurso de reforma presentado ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la investigación, Nuria Ruiz Tobarra, el letrado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, exime a los dos ex altos cargos investigados. “Estamos ante una gran desgracia natural, que no es atribuible a ninguno de los dos imputados, que, desde que se convocó el Cecopi ―el centro autonómico de emergencias de la Generalitat que coordinó la inundación― carecía de responsabilidad [...]. [Argüeso], antes de ello, cumplió de forma excelente con sus responsabilidades. Más tampoco, doña Salomé Pradas [...] no tuvo (ni ella ni los referidos técnicos) a su alcance la información correcta para actuar”, indica el abogado.

Pradas y Argüeso figuran como investigados por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Desde que arrancó la instrucción, hace diez meses, la jueza ha insistido por activa y pasiva de que la Generalitat fue la administración encargada de gestionar la riada. Y se ha negado a citar como imputados a dirigentes estatales como la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. Sin embargo, las defensas de los dos imputados sostienen que, si Pradas y Argüeso no actuaron antes, fue porque carecieron de información actualizada de organismos estatales. Entre ellos, señalan a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Española de Meteorología (Aemet), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica.

La tesis del comportamiento ejemplar de los dos exaltos cargos de Mazón imputados que esgrime ahora el abogado de Argüeso ha sido desmontada en el juzgado por decenas de testigos. Un jefe de Emergencias declaró el pasado junio que la Generalitat conoció el desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la inundación, una hora y media antes del envío de la alerta masiva a móviles. Y que, sin embargo, la notificación no fue remitida hasta las 20.11 horas, cuando se amontonaban los desaparecidos, muertos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. La jueza sostiene que, si el aviso se hubiera activado antes y mejor ―el texto final no hacía referencia a subir a las primeras plantas― se hubieran salvado vidas.

Bulos y basura contra la jueza

El letrado de Argüeso niega ahora la existencia de una “campaña difamatoria” ideada para expulsar a la jueza Ruiz Tobarra de la causa, tal y como denunció la propia magistrada la pasada semana. Y se desmarca de una supuesta estrategia para hundir la reputación de esta funcionaria. “Se me acusa veladamente de filtrar noticias, de filtrar una foto en la que aparecen miembros de su familia [de la jueza]. Vuelvo a manifestar que yo no he filtrado nada”, apunta.

La defensa se refiere así al reproche de la magistrada de que una de las partes de la causa que se conecta en línea en las declaraciones ―hay decenas de acusaciones particulares y populares― filtró imágenes de su hija menor y de su marido, que entraron en una ocasión en la sala de vistas tras concluir una comparecencia.

“Su señoría debe conocer que para imputar a alguien hay que hacerlo de forma clara y con algún indicio”, apunta el abogado. Una defensa que se siente víctima de los presuntos “menosprecios” e “insultos” de la magistrada.

Además, el letrado otorga credibilidad a una información no contrastada sobre la presunta injerencia en las pesquisas del esposo de la funcionaria, el también magistrado Jorge Martínez, que fue divulgada por Ok Diario. El medio llegó incluso a publicar que la pareja de la funcionaria interrogó a una víctima de la inundación.

El abogado de Argüeso niega haber contactado con las víctimas que supuestamente denuncian los manejos de la pareja de la jueza. “No me he organizado o confabulado con mi cliente con ninguna de ellas [damnificados de la tragedia]”.

Ruiz Tobarra definió la semana pasada de este modo la supuesta estrategia sincronizada entre los dos imputados y un medio de comunicación para tratar de apartarla de la causa. “Apuntan informaciones que no son más que una campaña difamatoria, que destila un machismo atroz”, indicó la instructora en una resolución.

El abogado del exdirector de Emergencias de la Generalitat mantiene un fuego cruzado con la magistrada, que la semana pasada decidió abrir una pieza separada para determinar si sanciona disciplinariamente al letrado. Según la instructora, el abogado compagina la defensa del ex alto cargo con trabajos de responsabilidad para el pseudo sindicato ultra Manos Limpias. Una organización que acusó de “prevaricadora” a Ruiz Tobarra en una denuncia que fue desestimaba por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

A juicio del letrado, su conexión con Manos Limpias se reduce a representar como acusación popular al sindicato en tres causas. Bueno Manzanares obvia en su argumento que él se llegó a presentar en una entrevista como jefe de los servicios jurídicos de esta entidad.

No a indagar los teléfonos de los imputados

La jueza de Catarroja ha tumbado una prueba que podría aclarar los movimientos durante la tragedia de los dos exaltos cargos imputados. La magistrada ha rechazado este lunes una petición de la acusación popular que ejerce Ciudadanos que solicitaba la “triangulación” de los terminales de ambos exdirigentes entre las 7.00 horas del día de la catástrofe y las 5.00 de la jornada siguiente. Se trata de una técnica para determinar la situación aproximada de un móvil a través de la distancia de varias torres de telefonía. “Ha de partirse de carácter imprudente de los delitos objeto de investigación [la causa indaga homicidios y lesiones imprudentes], lo que excluye la adopción de esta medida, y del necesario respeto a los derechos fundamentales de los investigados”, justifica la instructora. Se opone también la instructora, como solicitaba Ciudadanos, pedir a la televisión pública valenciana À Punt la grabación de audio durante la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre captada por sus cámaras.

La coordinadora de Podemos en Valencia María Teresa Pérez, ha solicitado a la jueza de la dana que cite como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la tragedia, después de que la informadora divulgara una carta en redes sociales el pasado viernes. En el texto reconocía que la comida con el president en El Ventorro se prolongó hasta las 18.30 horas.