Anulada la concesión de la nacionalidad a un empresario ruso señalado por el CNI como espía y ligado al ‘procés’

La Audiencia Nacional ha anulado la sentencia por la que concedió en julio de 2024 la nacionalidad española al empresario ruso Alexánder Dmitrenko, quien estuvo investigado por su presunta vinculación con la trama del procés catalán y al que un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acusa de trabajar para los servicios de espionaje del Kremlin y tener tratos con jefes del crimen organizado de aquel país. La decisión se produce después de que los magistrados que se la otorgaron tuvieran conocimiento de que otro tribunal del mismo órgano judicial se la había denegado con anterioridad precisamente por el contenido del documento del CNI, al que ellos no habían tenido acceso. En conversación telefónica con EL PAÍS, Dmitrenko niega cualquier relación con el servicio secreto ruso o mafiosos de su país de origen, y asegura que recurrirá al Tribunal Supremo para lograr la nacionalidad. “Me considero español”, afirma.

Este empresario ruso, fundador de un lobby bautizado como Catrus, alcanzó relevancia mediática cuando la investigación del caso Voloh ―las pesquisas seguidas en un juzgado de Barcelona sobre el supuesto desvío de fondos públicos para financiar el procés― reveló que en 2018 había facilitado a Josep Lluís Alay, entonces jefe de la oficina del huido expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, contactos en Moscú. La Guardia Civil consideraba que Dmitrenko, nacido en la capital rusa y afincado en Cataluña desde su juventud, era un hombre clave para que el entorno de Puigdemont consiguiera acceder a sectores cercanos al Kremlin en busca de apoyos al proceso independentista. Alay y el empresario lo negaron. Finalmente, el juez archivó la parte de la causa contra él, en la que se le investigaba por una operación de compraventa de gas licuado.

Coincidiendo con la investigación Dmitrenko solicitó ante el Ministerio de Justicia en marzo de 2018 la nacionalidad española por residencia. Esgrimió que se había casado en diciembre de 2016 con una ciudadana española, que carecía de antecedentes penales tanto en su país de origen como en España y que estaba integrado en la sociedad como demostraban los certificados expedidos por el Instituto Cervantes que acreditaban su conocimiento de la lengua y la cultura española. Entonces, la Abogacía del Estado interesó que se desestimase la solicitud al considerar que Dmitrenko no había aportado suficientes datos sobre su conducta cívica.

Un año después, en agosto de 2019, y ante la falta de una respuesta por parte del ministerio, el empresario interpuso un recurso ante un juzgado de Barcelona para que se le concediera la nacionalidad por silencio administrativo. El juzgado de la capital catalana se inhibió a favor de la Audiencia Nacional casi un año después, en junio de 2020, y finalmente, el 10 de julio de 2024, la Sección cuarta de lo Contencioso Administrativo de este último órgano judicial le reconoció el derecho a obtener la nacionalidad española al considerar que cumplía todos los requisitos, incluido el de haber justificado una buena conducta cívica.

Tras este fallo, Dmitrenko instó a la “ejecución forzosa” de esta sentencia, lo que terminó destapando la existencia de otra sentencia, en este caso contraria a sus intereses. Al ser requerido para que inscribiera como español al empresario, la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, el órgano del Ministerio de Justicia encargado de tramitar los expedientes de nacionalidad, informó a la Audiencia Nacional de que era imposible porque había una sentencia previa, de mayo de 2023, dictada por otros magistrados que habían denegado a Dmitrenko la solicitud.

En esa sentencia se recogía el contenido del informe del CNI que aseguraba que el empresario presuntamente trabajaba para los servicios de inteligencia de Kremlin, “de los que recibe misiones”, así como de tener supuestamente contactos “con algunos de los principales líderes del crimen organizado transnacional de origen ruso”. El mismo fallo añadía que, además, Dmitrenko tenía una causa abierta en un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por un presunto delito de revelación de secretos que, si bien se encontraba archivada provisionalmente, esta circunstancia se había producido precisamente por la imposibilidad de averiguar el paradero del empresario ruso.

Por ello, la Abogacía del Estado presentó un escrito de nulidad y los magistrados que habían concedido al empresario la nacionalidad española decidieron el pasado 10 de septiembre revocar su primer fallo, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este diario y detallan fuentes de la defensa del propio empresario. En su auto, los magistrados destacan que el contenido del informe del CNI “es suficientemente expresivo de la improcedencia de la concesión de la nacionalidad solicitada”, al que suman como elemento de “especial incidencia” la existencia de la causa abierta en un juzgado de Madrid contra él. Además, inciden en la existencia de la sentencia anterior, “contradictoria” con su fallo inicial.

En su conversación con EL PAÍS, Dmitrenko insiste en que se le ha denegado la nacionalidad “por hechos irreales e irrelevantes”, en referencia a las acusaciones contenidas en el informe del CNI, e insiste que su caso está “muy politizado” por su relación con personajes del procés. En una entrevista concedida en junio de 2022 a este diario ya atribuía las acusaciones de espionaje a alguien cercano a su labor como emprendedor “o de las distintas sensibilidades del entorno independentista” con quienes acabó enfrentado. El empresario recalca que la causa que se le abrió en un juzgado de Pozuelo de Alarcón está “archivadísima” y se inició porque supuestamente otra persona suplantó su identidad. Y apunta que, si bien la intención es recurrir la última decisión de la Audiencia Nacional, no descartan iniciar un nuevo expediente ante el Ministerio de Justicia para pedir la nacionalidad.